Rebelión en el Ayuntamiento para dar realojo digno a los desahuciados

Los trabajadores de los servicios sociales de Barcelona se han rebelado contra su papel en los desahucios. En una carta enviada a finales del año pasado al alcalde de la ciudad, Xavier Trias, se quejan de que el Ayuntamiento no “garantiza un realojo digno de los ciudadanos” afectados por un desahucio.

Los empleados municipales, encargados de asistir a las familias cuando existe una situación de riesgo social, alegan que su presencia en los lanzamientos no es “ética” ya que no existe la “garantía de recursos públicos adecuados para restablecer el derecho a la vivienda de las personas afectadas”.

El Ayuntamiento, la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña firmaron un protocolo en marzo de 2013 con el objetivo de acelerar el contacto entre las personas afectadas por desahucios y los servicios sociales municipales para “evitar riesgos y proporcionar garantías a la comisión judicial”. Para los profesionales, este acuerdo parece estar pensado más para “proteger” a los responsables de justicia que en hacer una atención social preventiva ni en proteger el adecuado realojo de los desahuciados. “Se pretende legitimar un lanzamiento con nuestra presencia”, denuncian.

Por todo esto, los trabajadores sociales exigen que se revoque el acuerdo del Ayuntamiento, y anuncian que pedirán al Colegio Oficial de Trabajo Social un dictamen sobre la posibilidad que tienen de acogerse a la objeción de conciencia para no estar presente en los desahucios.

El gerente del área de Calidad de Vida e Igualdad del Ayuntamiento, Àngel Miret, recordó que la presencia de los trabajadores públicos es obligatoria en caso de que lo pida la justicia.

“El Ayuntamiento no garantiza el realojo digno de las familias, que a menudo son enviadas a pensiones o pisos en la otra punta de la ciudad, pese a tener hijos escolarizados en el barrio del que son desahuciados”, explicó ayer un trabajador social. “En Barcelona hay 10.000 pisos sociales, necesitaríamos 70.000 para solucionar el problema, y para llegar a esa cifra hacen falta 25 o 30 años”, se quejó Miret.

La comisión de Calidad de Vida del Ayuntamiento aprobó ayer con los votos a favor de PSC y UpB, y la abstención del PP, una moción presentada por ICV-EUiA en la que instan al Gobierno municipal a dar apoyo a las peticiones de los trabajadores, aumentar el parque de viviendas sociales e “intensificar las negociaciones con los bancos para evitar los desahucios”. Ricard Gomà denunció que el protocolo “no está orientado a garantizar la atención de las personas, sino a legitimar la actuación de la Administración”.