Casi 2.000 pisos de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid están ocupados ilegalmente

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antes, el IVIMA) tenía ocupadas ilegalmente 1.998 pisos de su propiedad el pasado 10 de julio, lo que supone el 8,5% de las 23.354 casas que forman su patrimonio. Así lo dice una respuesta oficial del Gobierno madrileño al diputado del PSOE en la Asamblea regional Daniel Viondi, adelantada esta mañana por la Cadena SER.

Para Viondi, la verdadera dimensión de ese problema solo se llega a atisbar al poner la cifra en el contexto de las familias que permanecen en lista de espera para poder acceder a una vivienda social —7.400 demandantes de especial necesidad, de ellos 3.412 en lista de espera y otros 40.000 solicitantes más— y del conjunto de pisos ocupados en toda la región, un total de 3.850, según los datos de la Oficina de Vivienda Ocupada, reunidos por la Delegación de Gobierno a través la Policía Nacional. Eso supondría que algo más de la mitad (51,9%) de los pisos ocupados en toda la región pertenecen a la agencia pública madrileña.

Según las estimaciones de la Delegación de Gobierno, la gran mayoría de las viviendas invadidas no lo están por familias con carencias sociales y económicas, pues estas solo suponen el 21%. El resto, el 79%, estarían ocupadas por delincuentes que las utilizan para llevar cabo sus actividades ilegales, como en el caso de los narcopisos que se han extendido en los últimos meses a distintos barrios de la ciudad tras el inminente desmantelamiento del último gran foco del tráfico de drogas en una parte del asentamiento irregular de la Cañada Real. 

"Cuando miles familias especialmente necesitadas llevan años esperando una vivienda social de la Comunidad de Madrid, cuando más crecen los precios de alquiler en Madrid y la compra sigue siendo inaccesible, el Gobierno regional tiene 2.500 viviendas vacías u ocupadas ilegalmente. Más de un 10% del patrimonio público", se queja en conversación telefónica Viondi. E interpreta, en clave política: "Hay 2.000 viviendas públicas ocupadas ilegalmente demostrando ninguna sensibilidad social por parte del Gobierno del Partido Popular, con la cooperación necesaria de Ciudadanos [socio de investidura del Ejecutivo del PP]".

Tribunales y regularizaciones

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras rechaza tajantemente las apreciaciones de Viondi y asegura que el tema de las casas ocupadas les preocupa y lo atienden, pero que la solución, una vez denunciada la situación en los tribunales, ya no está en sus manos, asegura un portavoz. "Todas y cada una de las 1998 viviendas ocupadas están denunciadas. Además, en 2016 abrimos un periodo extraordinario de regularización de aquellas familias que cumplen una serie de requisitos [familias en serio riesgo de exclusión que ocuparon por situación de extrema necesidad] y no son conflictivas", añade. Desde enero de 2016, se ha regularizado en ese contexto la situación de 578 familias, concluye.