Cañada Real: así se formó durante más de 40 años el mayor asentamiento irregular de España

Era julio de 1978. Tal vez agosto. Lo que es seguro es que acababan de recoger la cosecha cuando Gregorio Montes se hizo con unas estacas y unos cables y delimitó con ellos una finca en mitad del campo, junto al camino, a 14 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid y a 3,5 del centro de Coslada. Había que esperar; si en una semana no venía nadie a reclamarla, ya era suya. Así, como en una de esas películas de la conquista del oeste, había ido poblándose, gota a gota desde los años sesenta, la Cañada Real Galiana. Y así siguió haciéndolo después.

En realidad, eso no es lo extraordinario de esta historia; otros barrios, hoy perfectamente legales, también nacieron en su día a partir de viviendas levantadas a las bravas. Lo que es más difícil de explicar es por qué no se arregló la situación de la Cañada mucho antes de convertirse en el asentamiento irregular (con toda probabilidad) más grande de España. Antes de que miles de vecinos generaran un entramado urbano y social consentido por las administraciones durante décadas. Antes de que se transformara en el monumental enredo que es hoy, con clases medias en auténticos chalés de lujo, bolsas de pobreza extrema en infraviviendas, colonias de trabajadores inmigrantes y especuladores que hacen negocio aprovechando la confusión; con sus bares, talleres, chatarrerías, cuadras de caballos, vertederos ilegales y un hipermercado de venta de droga que, aunque ocupa una pequeña parte de los 14,4 kilómetros de la antigua vía pecuaria, proyecta su oscura imagen sobre todos los demás.

Más de 40 años de Cañada Real|Madrid

Las primeras estimaciones llegaron a hablar de 40.000 habitantes, sin embargo, las ONG calculan que son 8.000 y el censo oficial los reduce a 7.283 (de ellos, 2.548 menores). Tomando la cifra más modesta, si fuese un municipio, sería más grande que el 65% de los pueblos de Madrid. El embrollo es de tal calibre, que ha sido necesario más de un lustro de intentos para empezar a atisbar una solución. El pasado 17 de mayo firmaron un pacto todos los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid y en los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, por los que discurre el asentamiento. Un acuerdo que está apenas dando en estos momentos los primeros pasos de un proceso de regularización que se prevé largo y difícil, visto el historial de la Cañada. 

Los pioneros

Mucho antes de todo eso, en la primera mitad de los años ochenta, la Consejería de Vivienda de la Comunidad hizo un plano detallado de sus construcciones. Estuvo colgado durante años en una de las paredes de sus oficinas. “Recuerdo que ya había edificios de dos plantas con estructuras metálicas, había bares, algún prostíbulo… Entonces era un caso de urbanizaciones ilegales, no tenía nada que ver con los problemas de chabolismo marginal y drogas”, explica por teléfono Eduardo Mangada, que fue el primer consejero de urbanismo de la región con los Gobiernos socialistas de Joaquín Leguina, entre 1983 y 1991.

De hecho, las urbanizaciones ilegales, levantadas en terrenos no urbanizables, eran un problema tan extendido en toda la región, que el Gobierno aprobó en 1985 una ley para intentar regularizarlas. El asentamiento de la Cañada, sin embargo, se quedó fuera. “No pudimos incluirlo. Primero, porque los terrenos pertenecían todavía al Estado [como todas las vías pecuarias] y, segundo, porque afectaba a varios Ayuntamientos. Además, tampoco vimos ninguna organización vecinal clara que nos pudiera servir como interlocutor. Lo dejamos por imposible; teníamos otras urgencias”, confiesa Mangada.

Entonces, la pequeña zona que está más al norte, completamente consolidada dentro del casco urbano de Coslada, era la más poblada. El asentamiento había comenzado en ese tramo en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado con familias recién llegadas a la capital en busca de trabajo. En 1988 buena parte de los vecinos habían comprado sus parcelas al Estado, según un trabajo de aquel año de la profesora de Arquitectura María Teresa Franchini titulado Una ciudad lineal espontánea. En el resto de la Cañada, la ocupación era todavía muy incipiente; de las 366 viviendas que contabilizó Franchini, la gran mayoría eran segundas residencias, casas de campo con huerto, además de algunas granjas. Solo 71 familias residían de forma permanente, según aquel estudio.

Una de esas familias era la de Gregorio Montes, que había llegado a Madrid desde Córdoba una década antes para trabajar en la Peugeot. Y otra la de Vanessa Valenzuela, que llevaba en la Cañada desde los dos años y allá por 1988 apenas había cumplido los nueve. El camino de tierra o la ausencia de conexiones a la luz, al agua y al alcantarillado —que cada uno remediaba como podía— delataban que su barrio no era exactamente igual que los otros, pero aquello tenía otras ventajas que lo compensaban. “Crecer en la Cañada es lo mejor que he podido hacer, porque estaba en el campo, pero muy cerca de la ciudad”, decía hace unas semanas, cumplidos ya los 37 años. Su hijo, como ella, está creciendo en una zona que, pese al título de irregular, parece a ratos sacada de cualquier urbanización de chalés adosados de la región.

“Ya te digo, el único problema son los servicios, que son un poco precarios. Y es lo que llevamos reclamándole a la administración mucho tiempo”, insiste Valenzuela, actual presidenta de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real de Merinas. La profesora Franchini ya mencionaba en su trabajo de 1988 esta asociación, por ser la más antigua y por haber inspirado a las demás. Entonces, ya peleaban por comprar los terrenos y conseguir los servicios de asfaltado, saneamiento y luz que tenían sus vecinos del norte, los de Coslada. Entre otras cosas, porque estaban pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Madrid.

Pioneros de la Cañada Real |Madrid

Estas asociaciones de vecinos han sido durante años un auténtico poder administrativo, coordinando muchas veces la recogida de dinero para contratar abogados o para asfaltar las calles. Hasta el punto de que han llegado a ejercer como una especie de notario en las compraventas de unos terrenos que, en realidad, no se podían comprar ni vender porque no eran suyos. Se hacía (y se ha seguido haciendo después) bajo la forma de cesión de uso a cambio de dinero y se formalizaba con contratos entre particulares.

Ángel García, uno de los portavoces de los residentes del sector 5, compró un terreno hace 11 años, perfectamente consciente de lo que hacía y dónde lo hacía. Arquitecto de profesión, pertenece a una nueva generación que aterrizó en la barriada por contacto con los pioneros. “Yo llegué aquí un poco de rebote, porque la que realmente lleva aquí toda la vida es la familia de mi mujer. Cuando nos casamos, me dijo: a ver si compramos algo… Yo en principio era un poco reacio, pero bueno, al final compramos. Y, como el que juega a la lotería, me jugué 30.000 euros”, dice en el jardín de su imponente chalé que él mismo levantó.

“El culo de Madrid”

Una mañana de mayo de 1994, las máquinas excavadoras comenzaron a derribar chabolas en el poblado del Camino de los Toros, en el barrio de San Blas. El medio centenar de personas que vivían en ellas apenas tuvieron tiempo de recoger sus cosas antes de que el Ayuntamiento de Madrid les trasladase hasta el extremo sur de la Cañada Real, el sector 6, muy cerca de la incineradora de Valdemingómez.

Allí encontraron maderas y materiales que había dejado Cáritas para que pudieran construir sus nuevas casas. La intención inicial del Consistorio, gobernado por José María Álvarez del Manzano (PP), era construir unas viviendas prefabricadas (la obra ya estaba incluso adjudicada), pero la oposición municipal y la Comunidad se interpusieron. De hecho, rechazaban la idea misma del traslado. El concejal del PSOE José María de la Riva criticó que quisieran llevar a los chabolistas, gitanos en su mayoría, “al culo de Madrid”.

Cuando llegaron los nuevos vecinos, los habitantes que ya ocupaban el sector 6, algunos desde los años setenta exactamente igual que los del norte, organizaron protestas y llegaron a cortar la autovía de Valencia para reclamar la legalización de sus terrenos y el acceso que se les negaba al agua y a la luz. "No protestamos contra los gitanos, sino por la forma en que se ha procedido al realojo por parte del Ayuntamiento", le dijo entonces a EL PAÍS Juan José Escribano, erigido como portavoz de los que habían salido a protestar.

En casi cualquier historia que se cuente sobre la Cañada aparece en algún momento el nombre de Escribano. Llegó al sector 6, con 18 años, en 1977 y se hizo con unos terrenos por el método habitual, es decir, vallándolos. En uno de ellos montó una granja ilegal de cerdos que le derribaron en 1990. Aquello fue un enorme disgusto, asegura, pero se recuperó, continuó trabajando en la construcción y, años después, emprendió un nuevo negocio: hacer conexiones ilegales de agua a las casas del asentamiento. Asegura que lo decidió tras la llegada de los chabolistas procedentes de San Blas, a los que el Ayuntamiento había colocado una fuente mientras a ellos les denegaban una tras otra las peticiones. “Y empecé con las máquinas a zanjear… Venían los del Canal [de Isabel II], sí, y comprobaban que los materiales fueran buenos, pero eso es lo único que se metían conmigo”.

Entre finales de los ochenta y mediados de los noventa el agua y la luz llegaron en forma de enganches precarios a la mayor parte de los seis sectores. Solo Escribano y su cuadrilla conectaron, según calcula él mismo, unas 700 viviendas; teniendo en cuenta que hay contabilizadas 2.537 edificaciones en todo el territorio. Él cobraba 150.00 pesetas (900 euros) por cada enganche de agua y 300.000 (1.500 euros) por el de luz. Y, aunque sostiene que el trabajo era tan costoso que a veces no cubría gastos, lo cierto es que cuando terminó había reunido suficiente dinero como para montar un club de alterne.

El club de alterne

Como la granja de cerdos, el prostíbulo se lo acabaron cerrando. Y también de forma injusta, se queja. Pero él continuó con sus negocios en Cañada, como el de un vertedero ilegal que le reportó, según cálculos policiales, casi un millón de euros antes de incendiarse y arder durante semanas en el verano de 2015 (en este caso, asegura que se lo quemaron por venganza). Después abrió un bar llamado Las Rumanas junto a su casa, muy cerca de la autovía de Valencia, que ya no luce cartel a la entrada porque sobre él pesa una orden de cierre.

En la Cañada hay todo tipo de negocios —desde chatarrerías a granjas, talleres o cuadras— que son ilegales o, al menos, irregulares porque están en terrenos ocupados. Pero el caso de Escribano es distinto, pues desde las Administraciones le ponen como un ejemplo claro de las personas que han especulado, se han aprovechado de los huecos (socavones) legales en los que ha vivido la zona y de sus propios vecinos. Igual que los abogados que les sacaron dinero prometiendo regularizaciones imposibles, los que levantaron edificios de viviendas que alquilan a inmigrantes desavisados o los que se lucraron vendiendo y troceando terrenos que no eran suyos.

Un terreno comprado en la Cañada

Es cierto que centenares de familias marginales respondieron al efecto llamada al que contribuyó el propio Ayuntamiento con el realojo dirigido del año 94, trasladando allí su vida y sus chabolas. Pero gran parte de los que llegaron durante el gran boom poblacional de la Cañada en los años noventa y 2000 (españoles, tanto payos como gitanos, pero sobre todo extranjeros, marroquíes, rumanos, búlgaros, ecuatorianos….) lo hicieron pagando por los terrenos mediante aquel antiguo método de la cesión. Algunos, conscientes de que aquello no era legal. Pero muchos otros, engañados o, al menos, muy desorientados.

Y eso sigue ocurriendo hoy, asegura Pedro del Cura (IU), alcalde de Rivas-Vaciamadrid, cuyo casco urbano está completamente pegado a varios sectores de la Cañada, sobre el todo al 5. Cuando se menciona este Ayuntamiento, muchos vecinos del barrio irregular endurecen el gesto y se ponen en guardia. Consideran a Rivas su archienemigo, el verdadero malo de esta película porque siempre se ha opuesto a una regularización generalizada, recordando que hay muchas viviendas imposibles de legalizar y que entre las situaciones de miseria se cuelan muchos caraduras.

La casa de Abdul

Cuenta Vanessa Valenzuela, la mujer de 37 años que ha crecido en el sector 2 y hoy preside la asociación vecinal, que antes, cuando decía que vivía en la Cañada, nadie sabía qué era eso. “Era como decir que vivías en Marte”. Hasta 2007, con la explosión mediática del asentamiento que siguió a la batalla campal entre la policía y los vecinos que querían parar el derribo de la casa de un joven marroquí llamado Abdul y su familia.

Todas las miradas se volvieron entonces a la Cañada. Y se encontraron con esa realidad completamente ya enredada y en la que sobresalía, sobre todo lo demás, la parte más marginal de chabolas y pobreza extrema. Y, con luz propia, la droga, con sus terribles imágenes de yonquis que deambulan en busca de un chute y de las famosas cundas (los vehículos que les transportan desde la ciudad).

Hacía tiempo que una parte del sector 6 se estaba utilizando como almacén de cargamentos de droga, pero a raíz del desmantelamiento en la primera mitad de los años 2000 de los núcleos chabolistas en los que se vendía (como la Celsa o las Barranquillas), el negocio del menudeo se trasladó allí. La Delegación de Gobierno llegó a calcular una venta de unas 12.000 dosis diarias.

Ante semejante panorama, se aceleró la llegada de organizaciones sociales.

Las organizaciones sociales de la Cañada

Poco antes del derribo de la casa de Abdul, había llegado a la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada el padre Agustín Rodríguez. “La parroquia está justamente en medio del enclave de la droga y uno tenía la sensación de que toda la Cañada era así. También es verdad que no tardas mucho en descubrir que eso no era cierto”. Explica el padre Agustín cómo, poco a poco, fue descubriendo esas otras realidades de la Cañada, a los pioneros, las oleadas de inmigrantes y a los pobres más pobres que se han ido conformando como un auténtico pueblo, con sus bondades y sus miserias, sus fiestas, sus espacios vecinales de actividades, sus parques y sus bares, con su parroquia y sus dos mezquitas. Con su deseo de existir.

Una existencia que se consintió durante décadas en las que no solo se les había dejado tranquilos, sino que se les empadronó, se les cobró el IBI e incluso se les llegó a indemnizar cuando las obras del AVE o de la M-50 tuvieron que atravesar sus parcelas, Hasta que a mediados de la década del 2000 el Ayuntamiento de Madrid inició (con Alberto Ruiz Gallardón, del PP, como alcalde) expedientes masivos de derribo. Algunos dicen que aquello empezó cuando las expansiones urbanísticas de la capital llegaron hasta las puertas de la barriada, con el ensanche de Vallecas y, sobre todo, con los desarrollos de El Cañaveral, los Ahijones y los Berrocales. “Yo no puedo decir si fue así. Lo que es cierto es que coincide en el tiempo”, apunta Agustín Rodríguez.

En cualquier caso, la estrategia se topó con la resistencia y la contestación social que se pudo ver en la casa de Abdul. A lo que se unió la apertura de una batalla judicial de final incierto para la Administración y sobre la que aún tiene que pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que pronto comenzaron los intentos de legalizar la barriada, con la Ley de la Cañada Real de 2011 (oficialmente dejó de ser una vía pecuaria) y el Acuerdo Marco de 2014. Con algún proyecto bastante exótico de por medio, como el que presentó en enero de 2013 Ignacio Gonzalez, sucesor de Aguirre en la presidencia regional, que proponía convertir la Cañada en una urbanización de chalés adosados.

Un proyecto de chalés en la Cañada

Pero las cosas eran harto más complicadas de lo que parecía, no solo por las competencias troceadas entre administraciones y departamentos (urbanismo, servicios sociales, seguridad...), sino por problemas prácticos de difícil resolución (por ejemplo, que ningún técnico va respaldar la legalización de una casa bajo una enorme torre de alta tensión, sobre las vías del AVE o un gasoducto). Ahora, sin embargo, las esperanzas de solución han reverdecido con la firma en mayo pasado el Pacto por la Cañada Real. ¿Por qué? Porque esta vez todo el mundo se ha subido al carro. Es decir, que no se trata de un acuerdo entre Gobiernos, sino que lo han firmado todos los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid y en los Plenos de los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas.

Quién se queda y quién se va

El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada, José Antonio Martínez Páramo —con la ayuda del Comisionado de Ayuntamiento de Madrid, Pedro Navarrete, y las 12 entidades sociales que trabajan en la zona—, trata de coordinar el laberinto administrativo de competencias y poner en marcha el acuerdo. Aparte de un plan de choque con 1,5 millones de euros para mejorar los servicios de asfaltado, luz y agua, el pacto prevé regularizar la mayor parte del sector 1 —una vez que Coslada apruebe algunos cambios normativos necesarios—, y desmantelar el conflictivo sector 6, ubicado todo él dentro del Parque Natural del Sureste. En el resto de zonas, de la 2 a la 5, habrá que estudiar, dicen, caso por caso.

Los sectores de la Cañada

El punto de partida es el realojo o la expropiación con indemnizaciones para los dueños de las viviendas que haya que tirar, siempre que lleven viviendo allí desde antes de 2011, cuando se aprobó la Ley de la Cañada. Los que se queden en sus casas deberán pagar el suelo para poder convertirse en propietarios legales. Pero a partir de ahí, las cosas están todavía muy abiertas, con lo que se prevén enconadas discusiones sobre quién se queda y quién se va, cuánto valen los terrenos, qué pasa con los que no puedan pagarlos y a cuánto ascenderán las indemnizaciones, qué mecanismos se fijan para impedir después la especulación, dónde serán los realojos (dentro o fuera de Cañada, en casas o en viviendas en altura) o qué pasará con todos los negocios ilegales (se ha planteado la posibilidad de trasladar algunos al sector 6).

Los vecinos, por su parte, aunque tendrán voz y voto a través de los organismos de representación, se mueven entre el recelo, la desconfianza y el rechazo frontal en buena parte del sector 6. Estos últimos reclaman al menos una oportunidad de quedarse, como el resto. Y los demás tienen miedo de ser aplastados por la maquinaria burocrática. El texto del pacto hace un cálculo inicial en el que el 75% de las viviendas sufren afecciones urbanísticas, ambientales y acústicas irresolubles.

Agustín, el párroco de Santo Domingo de la Calzada, está, a pesar de todo, muy esperanzado con el proceso que se abre ahora. Y eso que se considera un afectado más por el desmantelamiento previsto de la zona más conflictiva. Pero habla de legalidad, de paciencia en un camino que será muy largo y de todo lo que se puede aprender sobre la resolución de problemas si consiguen arreglarse en un sitio tan enredado, tan conflictivo. Aunque no puede evitar acordarse de “los que no han sobrevivido a la Cañada, los que han visto perder sus casas, que se han ido con una mano delante y otra detrás”.

Fátima Machado, gitana viguesa de 42 años, llegó al sector 3 de la Cañada en 2011 con sus seis hijos y montó su chabola sobre el túnel de las vías del AVE, junto a algunos familiares que ya se habían asentado allí. Aunque desde 2013 se paralizaron la mayoría de derribos en la Cañada (salvo los de las casas que se usan como punto de venta de droga), los jueces sí han autorizado algunos. A Fátima, a petición del Ayuntamiento de Rivas, le tocó el pasado noviembre.

La exclusión en la Cañada