Yolanda Díaz se mantiene en la dirección de Sumar como “invitada permanente”

El Movimiento Sumar presentó este domingo su nueva dirección, en su mayoría continuista respecto a la anterior, y en la que su cabeza visible, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, figurará como “invitada permanente”. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, seguirá, como hasta ahora, ejerciendo de portavoz de la organización, parte de la coalición más amplia que de momento mantiene el mismo nombre genérico de Sumar.

Como ya se había anunciado tras la reciente asamblea del Movimiento Sumar, la dirección tendrá dos coordinadores, Lara Hernández, hasta ahora secretaria de organización, y el diputado Carlos Martín, un economista anteriormente vinculado al sindicato CC OO. La responsable de organización pasa a ser Laura Moreno, que en la ejecutiva saliente se había encargado del área de Juventud y sobre la que la organización destaca su vinculación a movimientos sociales en Madrid.

Díaz, que tras el fracaso de Sumar en las elecciones europeas de 2024 anunció un paso atrás, permanecerá en la ejecutiva con esa nueva condición de “invitada permanente”, al igual que la portavoz en el Congreso, Verónica Barbero. En la nueva ejecutiva figura también el número dos de Barbero en el grupo parlamentario, Txema Guijarro, que se encargará precisamente del área de Acción Parlamentaria, y otros diputados como el diplomático Agustín Santos (responsable de Internacional), Lander Martínez (Modernización y Reto Tecnológico), Esther Gil de Reboleño (Economía Social) y Manuel Lago (Laborismo y Economía). Este último, antiguo asesor de Díaz en el Ministerio, es una de las nuevas incorporaciones, al igual que la diputada en el Parlamento andaluz Esperanza Gómez, que se encargará de Política Autonómica, y el portavoz en la Cámara asturiana, Xabel Vegas, responsable de Plurinacionalidad, Federalismo y Modelo de Estado.

Tras una semana marcada por las discrepancias con el PSOE sobre el rearme, Hernández presentó a Sumar como “la brújula ética” del Gobierno que “señala lo que es justo” y “dice alto y claro que los derechos humanos son sencillamente innegociables”.