Acoso y derribo de las urbanizaciones piratas

existan núcleos de población. De esta forma, una norma destinada a recoger las necesidades reales de comunidades como Galicia o el País Vasco -donde es tradicional la edificación de caseríos aislados en el ámbito rural- amparaba un tipo de construcción ajena a los asentamientos madrileños tradicionales, localizados en cascos urbanos perfectamente delimitados entre sí.El fenómeno de las urbanizaciones apareció ya en la década de los setenta, pero su auge coincidió con los tres primeros años de los ochenta. A partir de la aprobación de la ley de Medidas de Disciplina Urbanística, arropada por un permanente control policial, el fenómeno se ha atajado por completo. En 1984 no se tienen noticias de que haya surgido ninguna nueva, y las ventas de parcelas ¡legales han descendido en picado.

Las '10 hermanas'

El promotor de urbanizaciones ¡legales suele estar especializado. Pablo Lominchar es promotor de siete urbanizaciones diferentes, cinco en Chinchón y otras dos en Perales de Tajuña y Titulcia; Esteban Acevedo controla urbanizaciones en Nuevo Baztán, una, y Brea del Tajo, dos; Miguel Uceda figura como promotor de cuatro actuaciones diferentes, dos en Valdetorres del Jarama y dos en Ribatejada; José Luis Palacios López otras cuatro, dos en Cenicientos y una en Talamanca del Jarama y en Torrelaguna la otra. No faltan apellidos sonoros relacionados con estos negocios, como el de Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, promotor de una urbanización en Aldea del Fresno que no cuenta con las licencias necesarias. O el de Beltrán Osorio Díez-Ribera, duque de Alburquerque, con otras dos actuaciones en Algete, una de ellas sin licencia. E incluso existe una urbanización ¡legal promovida por un organismo oficial, la ya extinta Comisaría de Abastecimientos y Transportes, que construyó 190 chalés en El Molar, en suelo rústico.

La aparición reiterada de algunas empresas en parcelaciones dispares llevó a los técnicos que confeccionaron el catálogo a la siguiente conclusión: "Es bastante habitual que estas sociedades estén interrelacionadas por medio de la reiteración de algunos de sus miembros en los cargos directivos, de forma que se llega a configurar un particular 'bloque inmobiliario' ¡legal". El catálogo cita el bloque formado por 10 sociedades Prasa, Procin 80, Exinco 80, Focover, Prominco, Valromero, Urquinsa, Río Segre, Invertesa y Coprín 81- conectadas entre sí a través de un grupo de personas que "puede considerarse como una unidad" y que ha promovido hasta 14 parcelaciones.

Jesús Morón, viceconsejero de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, afirma que, si el fenómeno está ya controlado, ha sido porque las medidas se están tomando de forma coordinada con los ayuntamientos, el delegado del Gobierno en la Comunidad y la propia Comunidad, y se han conjugado medidas legislativas, sancionadoras, de vigilancia, de información a los ayuntamientos y una campaña divulgativa dirigida a la opinión pública.

En Madrid existen 107 urbanizaciones ¡legales, todas ellas de tamaño considerable, repartidas en 52 municipios, en las que se han edificado unas 5.000 viviendas unifamiliares. Pero, si se tienen en cuenta las viviendas construidas de forma dispersa o en núcleos no superiores a 12 unidades, el problema se extiende ya por 108 municipios, con un total de 8.000 viviendas repartidas por 9.000 hectáreas de terreno. Muchos de estos núcleos mínimos se han instalado, de forma casi clandestina, en las vegas agrícolas más importantes de la región, las de los ríos Jarama y Tajuña.

Es significativa la reiteración con que las parcelaciones ¡legales aparecen en municipios determinados: Chinchón ocupa el primer lugar de la lista, con nueve urbanizaciones, que ocupan 860 hectáreas de terreno en total; le siguen Fresno de Torote y Colmenar de Oreja, con seis cada uno, y Valdetorres del Jarama, con cinco, circunstancia que ha motivado a los responsables urbanísticos de la Comunidad de Madrid a investigar las posibles explicaciones a esta permisividad municipal.

Sorprende, por otra parte, el silencio del colectivo de empresas inmobiliarias y constructoras madrileñas respecto a este tema, dado que los técnicos de la Consejería de Ordenación Territorial consideran que la proliferación de ofertas para adquirir suelo donde construir una segunda residencia constituye de hecho una competencia desleal para los promotores escrupulosos, que deben adquirir suelo a los precios reales del mercado e invertir fuertes cantidades en la infraestructura y mantenimiento de las instalaciones, aspectos que no parecen preocupar en demasía a sus homónimos sumergidos.