Colau reclama a la Generalitat los 350 millones que ha dejado de invertir desde 2012
“Barcelona esperaba más de la reunión, está todo por hacer”, lamenta la alcaldesa tras la comisión mixta
Tono cordial pero cero compromisos. Es el balance que ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de la comisión mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat celebrada este miércoles después de dos años de no reunirse. “Barcelona esperaba más de la reunión”, ha dicho la alcaldesa, que tras repasar todos los capítulos en los que la Generalitat ha dejado de invertir “en servicios básicos” en la ciudad desde 2012, suman una "deuda ciudadana" de 350 millones, a razón de 60 al año. La respuesta de la Generalitat ha sido que también el Gobierno español infrafinancia al catalán.
La relación entre Colau y Torra comenzó echando chispas. Y mejoró en el tono en la primera reunión institucional que mantuvieron en la Generalitat, aunque tampoco hubo compromisos para anunciar. Más allá de la política, los avances desde el punto de vista técnico son mínimos. “Somos conscientes del clima político de falta de normalidad y de que el gobierno de Quim Torra solo lleva dos meses. Valoramos que se haya celebrado la reunión y el tono, pero a nivel de compromisos, está todo por hacer”, ha resumido y ha exigido “un calendario para recuperar la desinversión”. Una concreción que la alcaldesa espera conseguir en otoño, en una nueva reunión.
Policía nacional contra los ‘narcopisos’
Además de reunirse con la Generalitat, la alcaldesa Ada Colau ha mantenido este miércoles un primer encuentro con la delegada del Gobierno español en Cataluña, Teresa Cunillera. Ha sido una reunión más larga de lo esperado en la que Cunillera ha ofrecido la colaboración de la Policía Nacional en la lucha contra el fenómeno de los narcopisos del barrio del Raval. Una cuestión en la que a pie de calle trabajan Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra pero en la que Colau siempre ha pedido trabajo de investigación de las redes internacionales, competencia precisamente de la Policía Nacional. La alcaldesa ha revelado que Cunillera le ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a retirar el recurso contra la ley 25/2015 contra la pobreza emergencia y los desahucios.
El Gobierno catalán ha reconocido la deuda con la capital. La respuesta a Colau por parte de la Vicepresidenta y portavoz, Elsa Artadi, ha sido que “en el mismo tiempo que el Ayuntamiento ha dejado de recibir 60 millones al año, la Generalitat ha perdido 10.000 millones en aportaciones del Estado”. De forma inmediata, ha reconocido que con el presupuesto prorrogado “hay imposibilidad” de recuperar las inversiones. Pero que en vistas a los próximos meses “se activarán y recuperarán las relaciones bilaterales” y que espera recuperar inversiones “de forma progresiva” en el próximo presupuesto. En este sentido, ha apuntado a la disposición a hablar de las cuentas con los comunes en el Parlament.
Comparada con las otras dos comisiones mixtas celebradas por Colau con los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el balance de la de este mes de julio es negativo. En otras ocasiones, Colau obtuvo respaldo para su proyecto del tranvía o pactó retorno de la deuda o la financiación del cierre de la cárcel Modelo o el metro a la Zona Franca. Hoy, nada. Cero euros.
Colau ha repasado lo que para la ciudad son prioridades. Los 42 millones de financiación de las guarderías, o los 70 millones que la Generalitat ha dejado de aportar para vivienda. Tampoco ha habido avances en otras cuestiones clásicas en estos encuentros, como la reclamación de Barcelona de gestionar el 100% de la recaudación de la tasa turística (ahora gestiona el 50%). Barcelona también ha pedido a la Generalitat que rescate la Ley de Barrios, y la respuesta ha sido también que no hay dinero.
En lo único que ha habido frente común entre las dos administraciones en es la necesidad de recuperar las aportaciones del Gobierno español en materias como el transporte público, la vivienda, la atención a refugiados o la exigencia de recuperar leyes suspendidas, como la 24/2015 (de la pobreza energética) o de reformar la LAU para regular los alquileres.
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