Colau y Puigdemont pactan financiar a medias el metro de la Zona Franca

Puigdemont delegó en el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, las “conversaciones específicas” sobre una cuestión que Colau recordó ahora dependerá de la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para este año, imposible hasta ahora por falta de apoyos. Cómo ya pasó en verano con el entonces presidente Artur Mas, ayer, tras más de dos horas de reunión, Colau subrayó el “clima de máxima cordialidad, más allá de siglas y de partidos, y toda la voluntad de colaboración” para ponerse de acuerdo “con cuanto sea posible”. El clima contrasta con el que, al otro lado de la plaza de Sant Jaume, la alcaldesa mantiene con el jefe de la oposición y exalcalde, el convergente Xavier Trias.

Colau y Puigdemont también acordaron firmar un protocolo, en el marco de la Autoridad Metropolitana del Transporte, “para que la conexión de los dos tramos del tranvía sea una realidad cuanto antes mejor”. La obra la financiará el Ayuntamiento, que decidirá el trazado en función de los estudios técnicos encargados, y posteriormente estudiará, en palabras de Colau, “cómo recuperamos la inversión a través de la concesión de la explotación”.

Por parte del Gobierno autonómico, la vicepresidenta y portavoz Neus Munté celebró también una reunión que calificó de “muy positiva, larga, provechosa”, de la cual se ha desprendido una “voluntad clara de trabajo en un frente común” en la reivindicación de infraestructuras como la Sagrera, Rodalies o la B-23 ante el Gobierno de Madrid. “En estas cuestiones nadie tiene que convencer a nadie y el frente común se hará haya quién haya en la Moncloa”, dejó claro Colau. Las dos administraciones tienen la intención de pedir una reunión conjunta.

Otro tema acordado es el de la constitución de un comisionado de la T-Mobilitat, la futura tarjeta de pago y validación de los transportes metropolitanos, “que garantice la participación de los operadores públicos de las tres administraciones presentes en la ATM y la gobernanza pública de la nueva herramienta”. Su desarrollo, implantación y explotación se ha adjudicado a un consorcio liderado por La Caixa.

Por último, Puigdemont y Colau se comprometieron a activar la comisión mixta entre la Generalitat y el Ayuntamiento y retomar cuestiones como la deuda del Govern con el Consistorio (de unos 109 millones de euros, el pago de los cuales hará falta calendaritar, ha dicho Colau) o las aportaciones a los consorcios. En este sentido, la alcaldesa ha recordado que entre 2011 y 2015 la caída de los fondos aportados por la Generalitat a capítulos como los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda o la cultura fue de 30 millones.