Discreción forzosa para los migrantes acogidos en Barcelona

El pasaje Dos de Mayo es una vía poco transitada cerca del Hospital de Sant Pau. En unas instalaciones para personas sin techo, el Ayuntamiento de Barcelona ha alojado a 70 de los 300 migrantes que en junio llegaron en autocares procedentes de Andalucía, tras desembarcar en pateras. Cuando cae el sol, estos jóvenes salen a dar una vuelta en grupos pequeños. El paso por Barcelona de los extranjeros sin papeles es discreto, alejado de la atención mediática recibida recientemente. El objetivo de la mayoría es continuar hacia el norte. Los que se queden en España, deben adaptarse a contrarreloj.

Mamadou Massié tiene 19 años y es de Guinea Conakry. A las siete de la tarde sale del centro de emergencias del pasaje Dos de Mayo. Toma un poco el aire y baja a pie hasta el otro espacio de emergencias sociales que el Ayuntamiento tiene en la calle Llacuna, en el Poblenou. Allí tiene amigos, compañeros de periplo; quieren viajar hasta Francia, donde tienen conocidos que les recibirán. A las puertas del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) de Llacuna se concentran una decena de chicos subsaharianos, todos mirando vídeos con los móviles o hablando con sus familias. Los vecinos los saludan y con los camareros del restaurante de enfrente hablan y ríen.

El CUESB, como el centro de acogida en Dos de Mayo, se ubica en una calle con poca densidad de vecinos. La mayoría de los 60 migrantes que la ONG Proactiva Open Arms desembarcó el 8 de julio en Barcelona, fueron alojados en la residencia Joaquim Blume, en la periferia de Esplugues de Llobregat, también en una zona menos densa en habitantes. La Cruz Roja supervisa la estancia en estos centros y establece unas normas de residencia: a las 23.30 se cierran las puertas y quien no esté antes, pierde aquella noche la plaza para dormir. También se han contratado a guardias de seguridad para custodiar los accesos a los centros de acogida.

Josep Vasco vive en el pasaje Dos de Mayo desde hace 47 años. Mecánico jubilado, emigró a Barcelona con 18 años procedente de Camarasa (Lleida). Vasco explica que la presencia de los inmigrantes en la calle es una novedad pero sin conflicto alguno: “Algún vecino se ha quejado porque se sientan en la calle, pero no hacen nada que incomode. Todo el mundo debe ser comprensivo”. Las administraciones colaboran con entidades del tercer sector para asumir la llegada de migrantes, sobre todo para los demandantes de asilo. Bay-Al-Thaqafa (Bayt) es una organización que atiende y forma a inmigrantes, un 70% recién llegados. Bayt tiene quince pisos de acogida en la provincia de Barcelona. Su coordinadora, Mireia Aguado, cree que las viviendas de acogida no pueden estar concentradas en pocos edificios: “No puedes tener cinco pisos en el mismo bloque porque es cuando puede haber problemas”.

Bayt organiza encuentros con las comunidades de vecinos para explicar las circunstancias de los inmigrantes, y al mismo tiempo presiona a los recién llegados a adaptarse a la sociedad: además de las clases de castellano y de oficios que reciben, se les alienta a que participen en la vida del barrio, que utilicen el deporte como herramienta de integración o la vida escolar de sus hijos. Propuestas similares a las que ofrece en sus oficinas el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), organismo municipal que asiste a los extranjeros en Barcelona. La fundación Benallar, dedicada la integración de los sin papeles y al acompañamiento de demandantes de asilo, imparte cursos de cultura general para que obtengan el certificado de integración que expide la Generalitat. Este documento facilita el proceso burocrático de asentamiento, dice Mercè Bros, jefa del programa de solicitantes de asilo de Benallar. Bros y Aguado subrayan que los inmigrantes requieren un tiempo de adaptación en el que lo más efectivo es que estén acompañados. “Son cosas tan básicas como coger el transporte público. Hay personas que vienen de entornos rurales y nunca han visto un metro”, ilustra Aguado.

El barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) de este julio indica que solo un 4,8% de los catalanes ve la inmigración como uno de sus principales problemas. Aunque el porcentaje sube ligeramente: en el barómetro de enero de 2018 era del 3,1% y en el último de 2017, del 2,7%. El Ayuntamiento de Barcelona niega que mantenga en espacios separados a los migrantes acogidos pero añade que “la máxima prioridad es asistirlos y mantener su privacidad”. El gobierno municipal “apuesta por la dispersión” de los solicitantes de asilo, porque así “el impacto en el territorio no será tan elevado”.

Àngels Pont, directora del centro de estudios sociales GESOP, cree que “la imagen de la inmigración como un problema ha retrocedido en los últimos años”. Pont avisa que los ciudadanos pueden responder a partir de lo que creen “políticamente correcto”, pero que en su día a día mantienen prejuicios contra los extranjeros: “Esta cuestión aparece frecuentemente de forma espontánea y genera más consenso (y cierta crispación) de lo que se podría pensar: ‘Reciben más ayudas que los de aquí, les facilitan la apertura de comercios, se quedan con las becas comedor’. Algunos hablan de cambios en su comportamiento: buscan otro barrio para vivir, llevan a sus hijos a escuelas fuera del barrio”.

El Ministerio del Interior ha concedido 30 días para regularizar su situación a los inmigrantes en Barcelona procedentes de Andalucía y a los rescatados por Proactiva Open Arms. Pasado este periodo se iniciará el proceso de expulsión de los que continúen como ilegales. Un portavoz de Interior da por hecho que la mayoría continuarán su viaje previsto hacia otros países europeos.

Bros valora que la atención mediática de estos casos puede servir “para sacar a la gente de su zona de confort”. Aguado indica que la ciudadanía debe asumir que por muchas dificultades que las autoridades pongan en las fronteras de la UE, los migrantes continuarán llegando.