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La oposición llevó al pleno del 29 de mayo los expedientes de dos edificios que operan como pisos turísticos sin permiso. Están ubicados en el distrito Centro y el plan especial fue inadmitido en ambos casos. Estos planes son instrumentos de planeamiento urbanístico que tienen como finalidad regular elementos o aspectos relevantes de un espacio respecto a la ley general. Uno de los edificios nombrados en el pleno, el situado en el número 47 de la calle de Augusto Figueroa, cuenta con cinco plantas y está protegido por el plan general de 1997, que le asigna un uso residencial. Los propietarios querían sustituirlo por otro terciario, pero los técnicos municipales lo denegaron porque suponía “un cambio de uso, en lugar de un cambio de clase de uso, y ninguna mejora respecto a las actuales condiciones del patio de manzana”.

“El cambio de uso ya está hecho porque los pisos están funcionando”, indicó Mercedes González, concejal del PSOE, durante la sesión. Para Bosco Labrado, de Ciudadanos, denegar los planes supone “lastrar la actividad emprendedora”. Un problema que también resaltó Paloma García Romero, del PP: “Se tarda dos años en aprobar un plan y otros dos en obtener licencia, por lo que el promotor se la juega (y opera sin licencia)”. El concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, afirmó que espera que la propuesta de estos partidos no fuese saltarse la ley. Además, aseguró que ambas parcelas han sido inspeccionadas y se han iniciado los trámites para que cesen las actividades, que solo se estaban desarrollando en uno de esos inmuebles, el de Augusto Figueroa.

Escuela infantil

En el pleno del 23 de marzo ya salió a relucir la situación de la escuela infantil Diábolo, un centro para niños de cero a tres años que funciona desde 2013. Está situada en el número 10 de la calle de Cáceres, en el distrito de Arganzuela, y el plan general le asigna un uso residencial. El inmueble está incluido en el Catálogo General de Edificios Protegidos, con nivel tres, siendo elementos de restauración obligatoria la fachada, el portal y la escalera principal. La parcela, de 425 metros cuadrados, también se incluye en el Entorno del Bien de Interés Cultural como conjunto histórico en la categoría de zona arqueológica terrazas del Manzanares.

Los técnicos municipales denegaron el cambio de uso porque la obra que se pretendía realizar no mejoraba las condiciones del patio actual al no plantear una cubierta ajardinada. La Junta de Gobierno acordó inadmitir el plan el 23 de marzo. “Ahora Madrid no ha cancelado en ningún momento la actividad de esta escuela. Inadmite el plan, pero el patio ya está construido”, señala González, del PSOE. “No tenemos licencia, aunque la pedimos hace años. Hace unos días que recibí la carta que la denegaba”, reconoce Manuela Fernández, directora de Diábolo. Las alternativas que le quedan son presentar un recurso de reposición o llevar la decisión a un juzgado de lo contencioso-administrativo.

Reconocimiento de la Comunidad

En Diábolo trabajan 12 personas, estudian 76 niños y existe una extensa lista de espera para nuevas matriculaciones. A pesar de no contar con licencia municipal, la escuela está reconocida por la Comunidad de Madrid, que incluso otorga becas a sus alumnos. Labrado, de Ciudadanos, destacó en el pleno del 23 de abril que el distrito de Arganzuela “tiene una necesidad urgente de escuelas infantiles”, aunque cuenta con 37. Además, acusó a Ahora Madrid de “retorcer las normas”.

El Ayuntamiento también denegó en abril el cambio de uso a unos apartamentos turísticos. El inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural, está situado en el número 13 de la calle de Luchana, distrito de Chamberí. El acuerdo, adoptado en la Junta de Gobierno del día 4, era valorado por los técnicos de esta manera: “Se inadmite a trámite del plan especial para el edificio porque la propuesta contempla una actuación no autorizable conforme a lo establecido en el artículo 8.1.28 de las normas urbanísticas del plan general, al plantear un cambio de uso, de residencial a terciario hospedaje, para toda la edificación existente, incluida la parte que ocupa el patio de manzana, zona en la que solo se permite cambiar la clase de uso”.

“La realidad es que esos apartamentos están en pleno funcionamiento”, insiste la socialista González. Daniel Fernández, jefe de recepción de Slow Suites, rechaza que estén actuando al margen de la ley porque “hace meses” que el Consistorio les otorgó “una licencia de viviendas de uso turístico” con la que pueden “operar sin problemas”. De hecho, siguen admitiendo reservas a largo plazo, tanto en su web como por vía telefónica. La empresa cuenta en la capital con varios edificios que dedica al alquiler turístico, aunque los partidos sospechan que en más de uno podría ocurrir como en el caso del edificio señalado.