Vía libre a la Operación Chamartín en Madrid tras 25 años de litigios

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmaba este martes  que su Ministerio, el Ayuntamiento de Madrid y la promotora Distrito Castellana Norte habían llegado por fin a un acuerdo para iniciar los trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del proyecto Madrid Nuevo Norte, conocida como Operación Chamartín.

De esta forma, se desatasca (al menos sobre el papel) la mayor operación urbanística de Madrid, tras 25 años de bloqueo y litigios bajo diferentes gobiernos tanto en el Ejecutivo central como en el consistorio madrileño, aunque pasarán años hasta que arranquen las obras.

El proyecto es una modificación del principio de acuerdo alcanzado en julio pasado, aunque con cambios relevantes como la reducción en un 6% de la edificabilidad, pasando de 2,83 millones de metros cuadrados a 2,66 millones. Si se compara con los 3,37 millones de metros cuadrados del proyecto de 2015, cuando Ana Botella estaba al frente del consistorio, el recorte supera el 26%.

Recorte de la edificabilidad

El recorte de la edificabilidad se reparte en una reducción del 4,5% para las superficies residenciales y del 6,8% para las no residenciales como oficinas o comercios, lo que supone rebajar hasta 10.510 el número final de viviendas, frente a las 11.000 proyectadas en julio pasado y las 18.500 casas que contemplaba el plan de 2015. El grueso, 7.910 viviendas, se ubicará al norte de la M-30, mientras que otras 2.600 estarán al sur, en el entorno del distrito de negocios.

El 20% de estos hogares serán viviendas de protección oficial (2.100 viviendas), el doble que lo que marca la normativa, y el Ayuntamiento que gobierna Manuela Carmena ya ha anunciado que destinará a vivienda social la cesión de aprovechamiento que le corresponde. Además, se construirá un centro de negocios de un millón de metros cuadrados, y se reformará la estación de trenes de Chamartín, con el permiso de Adif, sociedad dependiente de Fomento.

De la Serna explicó que este lunes se registró la documentación para iniciar el trámite del proyecto con un documento que pretende dar luz verde a esta transformación urbanística, de forma que en mes de julio se proceda a la aprobación inicial y que a finales de año finalice su tramitación.

Pelea municipal

El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, mostró su confianza en que el proyecto pueda ser aprobado por el pleno municipal, entre noviembre y diciembre de este año, con un apoyo “unánime” de todos los ediles del gobierno de Carmena.

Quedan dudas sobre la postura del sector anticapitalista del consistorio, que en estos meses ha criticado duramente el proyecto al tacharlo de “especulativo”. La cuestión urbanística se tiñe así de tintes políticos, ya que, debido al desencuentro interno, el ejecutivo ha tardado más de lo previsto en cerrar los últimos detalles del acuerdo.

No obstante, aunque los seis ediles de Ganemos e IU no votarán a favor del plan, este saldría adelante con el apoyo de la oposición. Los partidos PSOE, PP y Ciudadanos ya han adelantado que respaldarán el proyecto. A partir de este momento, el asunto pasará en manos de la Comunidad de Madrid. La hoja de ruta municipal prevé que las obras comiencen de aquí a cuatro y cinco años, ha señalado el delegado de urbanismo de la capital.

El ministro de Fomento, que participó en los desayunos informativos de Europa Press, explicó que la operación se desarrollará en cuatro ámbitos, en lugar de los cinco iniciales planteados en julio de 2017, y que consiste en la construcción de un centro de negocios en la zona, la reforma de la estación y las actuaciones urbanísticas en el entorno de Fuencarral-Las Tablas y Fuencarral-Tres Olivos.

Añadió que el acuerdo sellado “es un paso muy importante” para la ciudad de Madrid, para la Comunidad de Madrid y para el conjunto del país con el registro del inicio del trámite para modificar el PGOU con un documento “cerrado” y pactado en el que se ha trabajado de manera “intensa y discreta” entre todas las partes implicadas.

Además, De la Serna subrayó que este paso tiene una “trascendencia histórica” y supondrá un “elemento tractor” del desarrollo económico, por lo que emplazó los grupos políticos presentes en el Pleno municipal que apoyen este consenso alcanzado entre las administraciones.

Un largo proceso lleno de obstáculos

La Operación Chamartín, ahora rebautizada Madrid Nuevo Norte, lleva un periodo de gestación de ya 25 años. El gobierno de Felipe González dio los primeros pasos del desarrollo en los noventa, cuando encargó a Renfe, con la colaboración del banco BBVA, una mejora de la Castellana y su prolongación. Esta actuación chocó con los propietarios de los suelos expropiados, que llevaron a los tribunales el asunto y lo bloquearon durante años.

A partir de 2013, después de la sentencia del TSJM, el Ayuntamiento de Madrid reanudó la operación. Lo hizo la ex alcaldesa Ana Botella (PP), con un diseño que el nuevo ejecutivo de Podemos, capitaneado por Manuela Carmena, bloqueó en 2016 al considerarlo “especulativo”. El Ayuntamiento abordó un nuevo proyecto con una reducción del suelo edificable y una apuesta por la movilidad sostenible. Tras el acuerdo de ayer, la nueva operación Chamartín pasará por la junta de gobierno municipal en julio, y llegará al pleno a finales de este año. Este será el pistoletazo de salida de uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Europa.