Reclaman 1.600 millones a Madrid por frenar 105.000 pisos en el sur

Los promotores de tres nuevos barrios en el sur (Berrocales, Los Cerros y Valdecarros) cifran en 1.580 millones la indemnización que el Ayuntamiento de Madrid deberá asumir por haber frenado un desarrollo urbanístico que fue aprobado en 2016. Argumentan, sobre la base de una valoración de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), que la decisión municipal les perjudica, puesto que ya habían invertido unos 500 millones en urbanización y conexiones de agua y luz. El concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, paró el plan porque lo consideró un “megaproyecto”.

En la mañana de este miércoles, ASPRIMA oficializó el monto de dinero que, según el cálculo de peritos independientes, recaerá sobre las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid: la reclamación de casi 1.600 millones de euros a la que los futuros gobiernos municipales deberán enfrentarse por haber paralizado la construcción de 105.000 nuevas viviendas en el sureste de Madrid. Estos pisos se iban a levantar sobre 5.000 hectáreas del sureste de la capital. La mitad de las viviendas iban a ser sociales, es decir, con precios asequibles.

“La aprobación del Plan Director de Madrid para el Sureste [la paralización de los 105.000 pisos] conllevaría una indemnización de 1.580 millones: el 33% del presupuesto del Ayuntamiento”, señaló este miércoles el presidente de ASPRIMA, Juan Antonio Gómez-Pintado, muy crítico con la decisión tomada el año pasado por el actual concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo (Podemos). “Ahora hay dos posibilidades: que Ahora Madrid dé marcha atrás o que una posible nueva corporación [tras las elecciones de 2019] dé luz verde a lo aprobado legalmente en 2016 y que todo siga adelante. Sentimos que haya sido una legislatura perdida", afirmó.

El Ayuntamiento de Manuela Carmena (Ahora Madrid) decidió a lo largo de 2016 y 2017 convocar sendas “mesas” de debate con las asociaciones de vecinos, ecologistas, representantes públicos y constructores para reformular un desarrollo urbanístico que el equipo de gobierno consideraba “desmesurado”.

A raíz de las mesas, el gobierno de Ahora Madrid aprobó este año el Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste. Este plan elimina de un plumazo dos de las cuatro juntas de compensación del sureste, que ya han invertido 400 millones en obras, como los enlaces y puentes para las carreteras, así como canalizaciones. De las 150.000 viviendas previstas, solo acepta una fase de 27.700 entre 2022 y 2030, y otra de 26.000 entre 2031 y 2039.

Este documento habla de “racionalizar” y “secuenciar” la zona para ajustarla a las necesidades previsibles de suelo (es decir, la mitad de hectáreas previstas). “Se trata de no desarrollar megaproyectos de manera unitaria y simultánea, sino dividirlos e irlos tramitando en la medida en que se vayan consolidando los anteriores”, reza. Los propietarios de los terrenos, sin embargo, atacan este instrumento. Argumentan que es ilegal, puesto que no está previsto en la Ley del Suelo de la Comunidad, y del que se derivan efectos jurídicos y gigantescas pérdidas económicas. Por ello, en el pasado abril, presentaron una denuncia al Tribunal Contencioso-Administrativo pidiendo la suspensión cautelar del plan. De momento, según ha podido saber EL PAÍS, los jueces han admitido a trámite la denuncia, pero no se han pronunciado sobre las medidas cautelares.

En definitiva, los promotores acusan al gobierno local de actuar buscando un rédito electoral y sin pensar en el interés público. Acusan al concejal de Podemos José Manuel Calvo de haber convocado las mesas para “disimular y ganar tiempo”, y de haber trazado sus conclusiones sin votarlas con los miembros de las mesas, únicamente para contentar al núcleo ecologista de Ahora Madrid de cara a las elecciones de 2019.

El equipo de Calvo rechazó esta interpretación, y comentó: “Nosotros no entramos a valorar peticiones de particulares. Nuestro papel es defender el interés general y cumplir los principios de buena administración”.

Además, los técnicos de ASPRIMA consideran que el plan director es “inadmisible” como instrumento de planeamiento urbano. “Es un seudoinstrumento de planeamiento que escapa a la legislación vigente”, afirmó este miércoles el asesor legal de la asociación de promotores de Madrid. Asimismo, alertan de que el plan municipal paraliza “por un largo período de tiempo” la construcción de 54.000 viviendas protegidas prevista en el plan de 2011, en un momento de alza de los precios (tanto de venta como de alquiler) y de “desequilibrio entre oferta y demanda”.