La UCO utilizó un informe del Tribunal de los Pueblos para abrir el ‘caso Inassa’

La investigación de la Guardia Civil sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa en 2001 tuvo como fuente un informe de la asociación Attac ante el denominado Tribunal Permanente de los Pueblos. Este se define como “ético internacional, de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales de la Humanidad que no hallan respuesta en instancias oficiales”.

Lo que el juzgado central de Instrucción número 6 investiga es si en la adquisición de Inassa por parte del Canal de Isabel II, durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), hubo comisiones ocultas y estas terminaron en manos de intermediarios o de políticos.

Pedro Calvo, Carlos Mayor Oreja, Juan Bravo y Manuel Cobo, exconsejeros de Ruiz-Gallardón, así como una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II, están siendo investigados por la presunta compra irregular de la sociedad de aguas colombiana. La acusación es que pagaron por ella, junto a la sociedad valenciana Tecvasa, 73 millones de dólares (supuestamente 66 millones más de su valor).

Pero ahora los imputados han presentado un recurso frente a la providencia judicial del 26 de abril pasado. En su escrito, los investigados desvelan que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) utilizó como fuente para iniciar sus investigaciones una página web en la que “se localizó un informe presentado en mayo de 2010 por la asiación ATTAC Madrid al Tribunal Permanente de los Pueblos”. En ese estudio se denuncian “irregularidades en la privatización del Canal y sus operaciones en países sudamericanos”. La Guardia Civil los considera “hechos objetivos”.

Attac Madrid es, a su vez, “un movimiento independiente” que lleva a cabo una triple tarea, según explica en su web: educación popular, influir democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales, así como la movilización social.

En su escrito de acusación ante el autodenominado Tribunal Permanente de los Pueblos, pidió que se condenase al Canal de Isabel II porque los “principales afectados de sus actividades son los pobladores de escasos recursos, que han visto encarecer las tarifas del agua y alcantarillado en más de un mil por ciento entre los años 1991 y 2006, gracias a un proceso privatizador entendido como pillaje y descontrol de las empresas públicas”.

Sin embargo, los investigados consideran “sangrante” que la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal califiquen tales manifestaciones de “hechos objetivos”, ya que eso demuestra la existencia de “permeables fronteras institucionales frente al populismo”. Y recuerdan que el llamado “Tribunal del Pueblo está especializado en asuntos que no encuentran reconocimiento en los tribunales oficiales”

Este tribunal considera que la gestión del Canal “cuando actúa como empresa multinacional privada [adquiere empresas fuera de España] no puede ser sometida al control público de la Comunidad de Madrid. “En el transcurso de la fiscalización se ha observado una actitud poco favorable a la transparencia y, por tanto, a la posibilidad de participación ciudadana”.

Los denunciados replican que en los informes de la Cámara de Cuentas de los años 2001 y 2003 “no podrá encontrarse manifestación alguna como las contenidas en el escrito de acusación ante el Tribunal del Pueblo de Attac Madrid y, sin embargo, sí pueden leerse todos los detalles de la compra de Canal Extensia [filial del Canal par adquirir empresas en el exterior] con total transparencia”. Por ello, reclaman “abandonar de plano las manifestaciones irracionales” de los acusadores.