El juez cita a Alberto Ruiz-Gallardón como investigado en el ‘caso Lezo’

El juez del caso Lezo ha citado a declarar como investigado —la figura que ha sustituido a la de imputado— el 7 de junio al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, según han informado fuentes jurídicas. El magistrado ha citado también como investigados a principios de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo, según las mismas fuentes.

El caso Lezo se centra en los supuestos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos para favorecer a personas vinculadas al PP por presuntas irregularidades en torno a la gestión de la empresa pública Canal Isabel II, presidida por el exdirigente del PP Ignacio González entre 2003 y 2012 y dependiente de la Comunidad de Madrid.

El pasado diciembre, en la Asamblea de Madrid, Ruiz-Gallardón manifestó que la adquisición de Inassa, que se llevó a cabo en 2001 a través de una empresa con sede en el paraíso fiscal de Panamá, fue “legal”, “ética” y “beneficiosa para los madrileños”. Inassa se ha convertido en el holding del resto de sociedades que posee el Canal en Latinoamérica.El Canal pagó unos 73 millones de dólares [65 millones de euros al cambio actual] cuando su valor, según la investigación judicial, era “muy inferior”, de unos 30 millones de dólares. Los investigadores sospechan que parte de este sobrecoste sirvió para pagar comisiones a intermediarios.

El movimiento judicial sobre Gallardón llega después de que el pasado diciembre, el juez García-Castellón citará, también como investigadas, a 24 personas que componían la cúpula del Canal de Isabel II durante su presidencia. Entre los imputados entonces a petición de la Fiscalía, figuraban colaboradores estrechos de Ruiz-Gallardón en el Canal, como Juan Bravo, actual presidente del ente público ferroviario ADIF; Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas madrileña y el exconsejero madrileño Pedro Calvo Poch.

También estaban en aquella lista Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, gerente de la sociedad Canal Extensia, utilizada para realizar la compra de Inassa; Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera (director económico y comercial) por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana.

La ya expresidenta regional Cristina Cifuentes fue requerida por el magistrado en aquella resolución para que le entregara el "expediente completo" del acuerdo por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Gallardón, dio la autorización definitiva a la adquisición de Inassa, en noviembre de 2001.

La operación de compra de Inassa, recordaba entonces la Fiscalía, “contravino de plano los acuerdos” adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal, a través de una sociedad constituida a tal efecto, se excedió en el objeto de compra, ya que además de Inassa, adquirió una mercantil dominicana llamada Watco S. A. Además, la compra no fue directa, como se había autorizado, sino que se usó una sociedad interpuesta residenciada en Panamá, país considerado paraíso fiscal.

La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.

La imputación de Ruiz-Gallardón lleva en el horizonte del caso Lezo casi desde su inicio. A finales de abril de 2017, el recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tuvo que aclarar que no había cesado al fiscal encargado del caso, Carlos Yáñez, que había pedido al entonces magistrado instructor Eloy Velasco, dirigir la investigación contra el expresidente madrileño.