El Canal ha repatriado el doble del capital que pagó por Inassa en 2001

El caso Lezo (el presunto desvío de fondos hacia el PP y el cobro de comisiones en Latinoamérica por el expresidente regional Ignacio González y exejecutivos del Canal) tuvo una inesperada derivada: el llamado caso Inassa. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) grabó a González con el exministro Eduardo Zaplana donde decía que el equipo de Gallardón había comprado por 100 millones Inassa cuando “no valía ni 30”. Por eso, la fiscalía cree que hay “claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos”.

El fiscal sostiene que existió “un cúmulo de irregularidades” “en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición”, “así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato”. Es decir, se usaron valoraciones falsas para repartirse comisiones.

Pero los datos son otros. La historia comienza en 1991, cuando el entonces presidente Joaquín Leguina decide ampliar en el extranjero el negocio del Canal, empresa pública en su totalidad. Aguas de Barcelona (Agbar), su gran rival en España, ya había logrado hacerse con el suministro de Buenos Aires, por lo que el Canal lo intentó en México, Puerto Rico, Perú y Venezuela. Para operar se crearon dos empresas Hidroser (al 50% con Agbar) e Interagua (30% del Canal, 35%, Agbar y 35% Endesa). Pero en aquellos años, Argentina expropió la concesión de Agbar, por lo que el Canal abortó su expansión internacional y optó solo a las concesiones de Cáceres y San Fernando (Cádiz).

Ruiz Gallardón ganó las elecciones en 1995 y paralizó la expansión del Canal. Faltaban inversiones en la Comunidad y políticamente no parecía recomendable invertir fuera. Pero cuatro años después, cambió de opinión. Le encargó al entonces consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, un estudio para diversificar inversiones. Crearon así la Subdirección de Nuevos Negocios y decidieron ofrecer a los clientes una factura única de luz y agua. Crearon Canal Energía. El fracaso fue absoluto.

Sociedad de inversores

En 2000, los expertos del Banco Mundial visitaron Madrid. Buscaban empresas que invirtieran en países emergentes y ofrecieron, incluso, ayuda financiera. Así apareció Inassa, una sociedad colombiana de inversores, de la que Aguas de Barcelona tenía un 20%. Su único activo era otra sociedad llamada Triple A de Barranquilla, que abastecía la ciudad. Para quedarse con una concesión, la ley del país sudamericano impone que haya un operador especializado en la gestión (Aguas de Barcelona) y que este tenga, al menos, el 51% de las acciones. Pero Agbar solo contaba con el 20%. Para solucionarlo, Inassa le dio a Agbar el 51% de los votos en el consejo, pero no de las acciones. Suez, la empresa francesa matriz de Aguas, no vio el panorama claro y decidió vender sus participaciones. Fueron compradas por Inassa por 7 millones de dólares. Eso significaría que el precio total de la empresa, por una simple regla de tres, sería de unos 35 millones.

El Canal de Isabel vio su oportunidad de entrar en América. Inassa (los inversores colombianos) necesitaban por ley un gestor y ofrecieron las antiguas acciones de Agbar, pero la adquisición se tendría que hacer a través de una empresa de su propiedad, Aguas de América, radicada en Panamá. Esta era poseedora del 71% de Inassa y del 51% de la empresa de software especializado en gestión de cobros Watco Gestión.

En 2001, el Canal hace su oferta: 73 millones de dólares, una cifra inferior a la que indicaba el informe del banco suizo Rothschild (97 milones) y sus propios estudios (86). ¿Por qué no ofreció 35 millones, ya que Agbar había vendido su 20% por 7? Pues porque tres meses después de la marcha de los catalanes, la concesión de Barranquilla pasó de 13 a 33 años. El negocio era muchísimo mayor y los clientes crecían exponencialmente. Inassa se estaba extendiendo también a Ecuador, República Dominicana y Venezuela

El exsubdirector de Nuevos Negocios del Canal, Juan Pablo López Heras, declaró en noviembre en una comisión de investigación parlamentaria, que la adquisición “fue increíblemente interesante desde el punto de vista económico”. Y añadió: “Es una de las más ventajosas en los últimos 20 años en el sector de aguas del mundo”.

Socios valencianos

Pero el Canal no compró directamente Inassa, sino que creó una nueva sociedad, Canal Extensia. El 75% de las acciones serían del Canal y el 25% de Tecvasa, otra sociedad participada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo y empresarios valencianos. El ex director general de Tecvasa Salvador Cardona, que también compareció en la Asamblea, declaró que la operación se “hizo de forma clara y no se llevó nadie nada”.

El Canal, en definitiva, tendría que pagar el 75% de los 73 millones de dólares en que valoraba Aguas de América (53 millones), y el resto Tecvasa. Esta última vio clara la operación. El informe que encargó a la consultora CAP-Capafi indicaba que valía 92.

De los 53 millones que le tocaba desembolsar al Canal, 22 los extrajo de fondos propios y 51 se los pidió prestados al BBVA, que le concedió un crédito a 10 años sin aval.

Pero antes de cerrar la operación se pidió un informe al bufete Garrigues. El estudio señaló que la compra se podía realizar, pero recordaba que dos particulares colombianos habían denunciado la adjudicación durante 20 años más de Barranquilla. Además, la compra debía realizarse mediante la figura “unidad de acto”. Es decir, se compraba Aguas de América, Extensia se quedaba con las acciones y disolvía Aguas de América en el mismo notario. Panamá no era un buen sitio para que una empresa pública adquiriese una sociedad. Podría levantar suspicacias, aunque fuera muy rentable, señalan fuentes del Canal.