El fiscal reclama a Cifuentes el expediente que implica a Gallardón en el ‘caso Lezo’

La Fiscalía Anticorrupción solicitó este viernes al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón que reclame a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, el “expediente completo” del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas madrileña. La adquisición, por 73 millones de dólares (61 millones de euros), un precio sobrevalorado, se realizó a través de una empresa pantalla en Panamá y parte del dinero de la operación se sospecha que terminó en los bolsillos de intermediarios.

La fiscalía quiere que Cifuentes, “tal y como se le requirió” en el pasado, entregue “de forma urgente” y en todo caso antes de 10 días la información completa que implica a su antecesor en el cargo. El ministerio público reclama, concretamente, que se identifique a “todos los miembros del Gobierno de la Comunidad” que aprobaron el acuerdo y el acta de esa sesión. Además, solicita una copia de toda la documentación con la que contaron los consejeros para valorar y dar el visto bueno a la operación, que supuso un quebranto para las arcas públicas.

La petición de la fiscalía es un paso previo a la posible imputación de Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. El ministerio público recuerda que hasta ahora en el sumario no consta ni el acta de la sesión del Consejo de Gobierno que autorizó al Canal la compra de Inassa ni la documentación de la que dispusieron los consejeros para adoptar la decisión. Esta información, afirma la fiscalía, “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que adoptaron ese acuerdo”.

La operación de compra de Inassa, recuerda el fiscal en su escrito, “contravino de plano los acuerdos” adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal, a través de una sociedad constituida a tal efecto, se excedió en el objeto de compra, ya que además de Inassa, adquirió una mercantil dominicana llamada Watco S. A. Además, la compra no fue directa, como se había autorizado, sino que se usó una sociedad interpuesta residenciada en Panamá, país considerado paraíso fiscal.

La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.

El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún reproche", dijo.

La fiscalía pide la imputación del entonces director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas madrileña, Arturo Canalda, y de Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios), José Antonio de Cachavera (director económico y comercial) por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana. También pide citar como investigados al consejo de administración de la empresa de aguas en 2001 por votar a favor de esta operativa. Este estaba integrado por Pedro Calvo, Juan Bravo (actual presidente del ente público ferroviario ADIF), Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

Solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos, por haber intervenido supuestamente en "aspectos relevantes" de la compra de la filial colombiana del Canal y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.