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Las Cortes Valencianas piden que el Ejército abandone su principal sede en Valencia

El uso militar del edificio histórico incumple el Convenio de La Haya de 1954, según Compromís, PSOE y Podemos

El antiguo convento de Santo Domingo, en Valencia, sede del Ejército, este martes.
El antiguo convento de Santo Domingo, en Valencia, sede del Ejército, este martes.

Compromís, PSPV-PSOE y Podemos han aprobado este martes una Proposición No de Ley en las Cortes Valencianas en la que reclaman que el Ejército abandone el antiguo Convento de Santo Domingo de Valencia, un edificio histórico cuya construcción se remonta al año 1239 y hoy es sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, la antigua Capitanía General. El lugar, según la resolución, debería ser cedido a la Generalitat y convertirse en un centro cultural. Y la sede del Ejército reubicarse en otro espacio, como la base de Bétera.

La propuesta presentada por Compromís en la comisión de Educación y Cultura, que ha salido adelante con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, mantiene que el destino militar del antiguo convento contradice la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.

El acuerdo internacional, que España suscribió en 1960, establece el compromiso de no utilizar los inmuebles del patrimonio histórico para fines que los expongan "a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado".

El edificio del centro de Valencia fue declarado monumento histórico-artístico nacional en 1931 y contiene algunas joyas, como el sepulcro renacentista y diversos elementos góticos. Pasó a manos del Estado con la Desamortización de Mendizábal y desde más de un siglo y medio está destinado a fines militares. Fundado en su día como convento de Predicadores, ha sido escenario de relevantes episodios históricos. Hace 600 años, las Cortes Valencianas aprobaron en sus salas la creación de la Generalitat, la institución medieval que da nombre a la actual Administración autonómica. Y el 23-F, el teniente general Jaime Milans del Bosch proclamó desde su interior el estado de excepción y dirigió la entrada de columnas de tanques en la ciudad.

La moción defendida por la diputada y alcaldesa de Carlet, Maria Josep Ortega, señala que la capilla de San Vicente Ferrer sufrió hace pocos años una "agresión al ser repintados con purpurina sus dorados originales, cubiertos los estucos con pintura plástica y arrancado el sagrario del altar mayor con total impunidad". También desapareció, recuerda Ortega, "una talla de San José obra de Ignacio Vergara que sigue sin aparecer".

La Proposición No de Ley insta a la Generalitat a solicitar al Gobierno que investigue los hechos y localice la talla desaparecida.

Ciudadanos ha presentado un texto alternativo apostando por pedir al Gobierno que aumente los días de apertura al público del inmueble. La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura también se ha mostrado partidario de que se repare la capilla de San Vicente y se exijan responsabilidades a los autores.  Y ha considerado, en cambio, que la referencia a la Convención de La Haya no tenía "ni pies ni cabeza"; "es para casos de conflictos armados y España, que yo sepa, no tiene declarada ninguna guerra".

Un sueño

Los socialistas han respaldado la propuesta, aunque el diputado y escritor Fernando Delgado ha admitido que no pasaba de ser un "sueño" ingenuo pensar que el Gobierno estará dispuesto a ceder el inmueble. Para que ello sea posible, ha añadido Delgado, el Ejecutivo debería tener una concepción "federal" de la cultura.

El diputado del PP Miguel Ángel Mulet, ha cuestionado que tenga sentido una previsión como la contemplada en la Convención de La Haya teniendo en cuenta que ni las Torres Gemelas de Nueva York ni el Hipercor de Barcelona, objetivos de atentados terroristas, tenían un uso militar.

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