Quim Torra no estará obligado a acatar la Constitución cuando tome posesión del cargo

Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat, tomará posesión de su cargo en una ceremonia que organizará el Gobierno central esta semana en el Palau. El president no estará obligado en ese acto ni a acatar la Constitución ni el Estatuto después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictara en mayo de 2015 una sentencia en la que avaló la fórmula que había utilizado Carles Puigdemont en enero de ese año al omitir fidelidad al Rey y a la Constitución. El fallo considera que Puigdemont no “tenía obligación” de acatar y validó la fórmula que utilizó de “mostrar fidelidad” al pueblo de Cataluña.

Más información

Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña

Quim Torra reitera que su prioridad es construir la “república catalana” y el proceso constituyente

Quim Torra: nacionalismo sin filtros

Los diputados de Junts per Catalunya ya utilizaron la fórmula "por imperativo legal" cuando retiraron su acta como parlamentarios. El Tribunal Constitucional ya dio por válida esa coletilla en 1990 a propósito de los diputados de Herri Batasuna. Ante los precedentes judiciales, el Gobierno ha descartado impugnar la forma en que Torra pueda prometer el cargo. El fallo del TSJC sostuvo que  ni el Estatut ni el reglamento del Parlament "regulan o contemplan el uso o no de ninguna fórmula concreta de juramento o prometida", por eso esta cuestión "queda dentro del ámbito exclusivo de la actividad parlamentaria". Y apuntó además que ni la Ley de la Presidencia ni la del Govern no contempla ni siquiera que consejeros tengan que prometer el cargo. El Gobierno considera que el acto jurídico del nombramiento está incluido en ese decreto y que por tanto la ceremonia de la toma de investidura es solo la escenificación del mismo sin relevancia penal.

En cambio, la Abogacía del Estado está estudiando si es factible impugnar el eventual nombramiento de políticos presos como consejeros. Los nombres que Torra puede barajar son los de Josep Rull, que se sigue considerando el titular del departamento de Territorio, o el Jordi Turull. Carles Puigdemont querría que fueran designados consejeros aunque Esquerra se opone. La duda es si Torra les nombrará o no consejeros. Y la incógnita añadida es si en el caso de que la Abogacía del Estado impugne su nombramiento se pueda dilatar la retirada del artículo 155, prevista por ley cuando el Govern tome posesión.

La Abogacía del Estado está estudiando si es  factible impugnar el eventual nombramiento de políticos presos como consejeros

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha dado este lunes instrucciones para que se enviara una carta en mano a La Moncloa comunicando la investidura. Ese paso es el preceptivo para desencadenar la toma de posesión: primero debe publicarse un decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y también en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) que, en aplicación del artículo 155, deberá firmar también Mariano Rajoy.  El Rey Felipe VI deberá sancionar luego el nombramiento. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de cinco días para celebrar la ceremonia.

El Monarca ya rechazó hace dos años entrevistarse con Carme Forcadell, presidenta entonces del Parlament, que quería seguir con la tradición de acudir a la Zarzuela para comunicarle el nombre del presidente investido. La Casa Real pidió que se le comunicara por correo electrónico. Torrent, que ya se negó a participar en la reverencia al Rey durante la cena de inauguración del Congreso de Móviles, tampoco tiene intención de acudir a la Zarzuela. Fuentes próximas al presidente exponen tres razones: el discurso del Rey del pasado 3 de octubre; sus nulas referencias a los ciudadanos lesionados por la policía durante el referéndum ilegal de dos días antes y su ninguneo a los políticos en prisión. Torrent prevé próximamente acudir de nuevo a Estremera a visitar a los exconsejeros y diputados así como a Alcalá-Meco donde están encarceladas Carme Forcadell y Dolors Bassa.