Carles Puigdemont omite al Rey y a la Constitución en su estreno

Carles Puigdemont tomó ayer posesión como nuevo presidente de la Generalitat convirtiéndose en el primer mandatario catalán que no promete fidelidad ni al Rey ni a la Constitución. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se saltó la habitual fórmula protocolaria de promesa del cargo para para que Puigdemont solo se refiriera a "la voluntad del pueblo de Cataluña, representada en el Parlament". No fue el único desplante a Felipe VI en el acto que confirma el profundo desencuentro entre el Estado y la Generalitat por el independentismo, que empezó con Artur Mas y continúa con Puigdemont.

Las consecuencias legales de omitir el Rey y la Constitución son, por ahora, una incógnita. La Abogacía del Estado lo estudiará, informa Javier Casqueiro. Fuentes del Gobierno han asegurado a EL PAÍS que el miércoles analizarán las palabras de Puigdemont, la legislación y la jurisprudencia existente para determinar si tiene alguna relevancia penal.

La fórmula choca con lo que establece el Real Decreto 707/1979, que regula el juramento en cargos y funciones públicas. Esta norma subraya que la promesa debe "cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado". Sin embargo, el incumplimiento de la fórmula que establece el decreto no ha tenido consecuencias en otros casos similares. El Tribunal Constitucional amparó en 1990 a los diputados de Herri Batasuna que huyeron de ese formalismo al tomar posesión en el Congreso.

Puigdemont asume el cargo para superar un Estado que “ahoga”

Legal o no, el desplante de Puigdemont es una muestra más de la batalla de gestos que viven la Generalitat y el Estado, especialmente aguda desde la investidura del presidente. A la voluntad rupturista del Parlament respondió Felipe VI rehuyendo la habitual audiencia a su presidenta tras la investidura. Ayer, como en 2012, el retrato del Rey estaba tapado por una cortina.

El discurso y los gestos de Puigdemont marcan un camino que complica enormemente cualquier acercamiento institucional. Ello quedó corroborado con el gesto serio y grave de los representantes del Gobierno presentes en la sala, encabezados por el ministro Jorge Fernández Díaz y la delegada, María de los Llanos de Luna.

Pese al desplante de ayer, cuando la ley lo ha requerido, Puigdemont sí ha prometido respetar la Constitución, incluso por escrito, como cuando hace pocas semanas asumió el acta de diputado. En su discurso ya como presidente defendió la fórmula usada. Aseguró que explicitaba la fidelidad a la Cámara y a los catalanes para argumentar su legitimidad para el cargo: "El Parlamento escoge al presidente y el pueblo escoge el Parlamento, un círculo virtuoso de legitimidad democrática". Una manera de justificar su inesperado nombramiento tras el paso atrás de Artur Mas.

En sus breves palabras, el líder catalán dejó claro que el objetivo de su Gobierno es la independencia. El presidente justificó la secesión para separarse de un Estado que "humilla y ahoga financieramente" a Cataluña. Y añadió: "Estamos desatendidos por las instituciones del Estado, estamos menospreciados". Frente a esta situación, ha prometido una vida mejor a los catalanes con la independencia: "Las esperanzas de la gente son mejores condiciones de vida y trabajo, los derechos básicos garantizados, sus servicios públicos, la calidad del medioambiente. Todo esto no será posible si no tenemos las herramientas que nos lo permita hacer". Consciente que los independentistas no alcanzaron la mayoría en votos el pasado 27 de septiembre, Puigdemont llamó a ampliar el número de secesionistas: "Nos tenemos que explicar más, nos tenemos que explicar mejor, y tenemos que implicar a más gente".

El presidente tendrá sobre la mesa la declaración de ruptura que aprobó el Parlament, que le insta a empezar el camino a la secesión con la redacción de tres leyes en un mes: la del proceso constituyente, la de la seguridad social y la de la hacienda catalana. Aunque pretende aplicar este texto, suspendido por el Constitucional, El presidente aseguró que "garantizará la solvencia jurídica" de sus decisiones.