Torra redobla el desafío al Estado y apuesta por la república catalana

El futuro ejecutivo catalán lleva camino de repetir o, como mínimo imitar, los pasos del proceso independentista que el pasado otoño acabaron con la intervención de la autonomía por parte del Gobierno y con el encarcelamiento de buena parte de sus miembros. El candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra (Junts per Catalunya) confirmó en el debate de investidura de este sábado que su objetivo es la consecución de una república catalana precedido de un proceso de elaboración de una constitución. Torra deberá someterse el lunes a una segunda votación porque en la primera no logró la mayoría absoluta de los votos para ser investido.

Como todo lo que viene pasando en la vida política catalana desde hace muchos meses el de este sábado fue un debate anómalo. De entrada porque el candidato a la investidura era ni más ni menos que el número 11 de la segunda lista más votada. Y, en segundo lugar, porque el propio candidato admitió que pide la confianza del Parlament —que ayer no obtuvo— para convertirse en un presidente “provisional” a la espera de un eventual regreso a Cataluña de Carles Puigdemont, a quien sigue considerando el único “presidente legítimo”.

Para desespero de toda la oposición Torra confirmó que quiere seguir los pasos del Gobierno destituido. Y que lo hará bajo la estricta tutela de Carles Puigdemont por una parte y de los antisistema de la CUP, de cuya abstención depende que mañana, en una segunda votación, si obtenga los votos necesarios para la investidura. Esto, sumado a los ideales del candidato, encuadrados en el independentismo más extremo, configuraron un discurso repleto de invectivas hacia el Estado, de proclamas independentistas y sin apenas contenido político más allá del ‘procés'.

Torra se comprometió a “trabajar sin descanso para la república catalana” nada más abrir el debate. Reiteró su voluntad de iniciar un “proceso constituyente que desembocará en la elaboración de una Constitución catalana” y prometió que su Govern será fiel al “mandato del 1 de octubre”, en referencia al resultado mayoritario a favor de la independencia que arrojó aquel referéndum ilegal.

Torra defendió la “construcción de un país con la máxima radicalidad posible” en un discurso duro contra el Estado y sus instituciones, tanto en el fondo como en las formas. Defendió la bicefalia de poder entre el que ostentará Puigdemont desde Alemania y el suyo como presidente de la Generalitat y calificó “de transición” la etapa que se iniciaba a la espera del expresidente y los exconsejeros vuelvan a ocupar los cargos de los que fueron destituidos por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El discurso de Torra no detalló ninguna medida concreta más allá de las vinculadas a la restitución del autogobierno y de volver a poner en marcha el proceso independentista. Se fijó tres prioridades. La primera, recuperar las leyes aprobadas por el Parlament que en los últimos meses suspendió o anuló el Tribunal Constitucional tras los recursos presentados por el Gobierno del PP.

La segunda prioridad es realizar un “inventario” de los “efectos” provocados en todos los ámbitos en Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante casi seis meses, desde que la aprobó el Senado. También se comprometió a “restituir y ampliar” la red de oficinas de la Generalitat en el exterior que el Gobierno del PP cerró con el despido de todos los trabajadores del Diplocat.

El candidato combinó estas propuestas con ataques al Gobierno. Torra llegó a acusar directamente de “malversación” al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por enviar a miles de policías y guardias civiles a Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Esto no impidió que Torra lanzara una inconcreta oferta de diálogo hacia el Gobierno de Mariano Rajoy, con quien quiere reunirse lo antes posible. Tampoco dudó en interpelar al Rey Felipe VI. Lo hizo citando unas palabras suyas de 1990 -cuando era Príncipe de Asturias- pronunciadas en el Parlament en las que aseguraba que Cataluña sería “lo que los catalanes quieran que sea”. Eso lo contrapuso al hecho que, según él, hoy en Cataluña hay “presos políticos y exiliados”. “Así no, majestad”, concluyó.

Las más de cinco horas de sesión también pusieron en evidencia que Torra no tendrá las manos libres para gobernar por la tutela impuesta por parte de Carles Puigdemont. De hecho, el expresidente irrumpió en la sesión mediante una entrevista publicada ayer en el periódico italiano La Stampa, en la que el expresidente anunció que el candidato a la investidura, Quim Torra (JxCat), convocará elecciones a partir del 27 de octubre —el primer día que podría hacerlo legalmente— “si el Gobierno español sigue con la persecución”. La oposición en pleno hurgó en la herida y recordó a Torra que ni siquiera se ha reservado la prerrogativa de disolver la legislatura cuando lo considere necesario. En los pasillos de la cámara catalana se da por hecho que Torra, efectivamente, convocará elecciones cuando se despeje el horizonte judicial de Puigdemont y de los exconsejeros encarcelados. Todo ello condena Cataluña a, como mínimo, medio año más de provisionalidad.

La réplica de Torra a los partidos de la oposición no hizo más que evidenciar esta situación. El primer objetivo del candidato en ese turno no fue otro que intentar asegurarse el apoyo -o como mínimo la abstención- de los cuatro diputados de la CUP. De ahí que a la retórica rupturista ya empleada en su primera intervención añadiera frases pensadas para gustar a los antisistema: “Para defender Cataluña seré todo lo radical que haga falta” o “Este gobierno no hará autonomismo”.

Pero la CUP, como ha demostrado los últimos años, es celosa de sus métodos de decisión y no será hasta hoy a mediodía que sus órganos de dirección decidan si permiten que comience la legislatura. Cataluña, una vez más, vuelve a estar en manos de los cuatro diputados antisistema.