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La comisión de la corrupción agoniza por falta de papeles

El Ejecutivo regional ha suspendido el envío de información de los casos que están en instrucción amparado en un auto del juez

Ignacio González llega a la comisión de la Asamblea el pasado 23 de marzo
Ignacio González llega a la comisión de la Asamblea el pasado 23 de marzo

“No ha lugar a la remisión a la comisión de investigación de la Asamblea hasta la apertura de juicio oral”, respondió el Gobierno regional el 21 de marzo pasado a los diputados que habían solicitado información sobre la cesión de parcelas públicas a centros escolares privados, que se investiga dentro del caso Púnica. Es el último varapalo a los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos), los únicos que conforman la comisión después de que el PP la abandonara en enero. Los populares esgrimieron que las sesiones se habían convertido en una excusa para lincharles, y que además se había alargado siete meses más de lo previsto, hasta diciembre de 2018.

“Así es imposible trabajar. El Gobierno de Cifuentes nos niega documentación a la que tenemos derecho”, afirma Encarnación Moya, diputada socialista y miembro de la comisión de investigación de la corrupción política que se creó en el Parlamento regional en octubre de 2015. El PP había perdido la mayoría absoluta y tuvo que ceder ante las exigencias de sus oponentes políticos.

César Zafra, portavoz del Ciudadanos en la comisión, centra el inicio de los problemas cuando solicitaron “las actas de los consejos de administración del Canal entre 2001 y 2015”. Entre ellas se encuentran las de la época en que Cifuentes fue vocal en el consejo de administración de la empresa pública. Zafra mantiene que “hay algo en las actas que les viene mal, lo mismo que ha ocurrido con otros documentos que no nos querían entregar”. Los diputados reclamaron durante meses diferentes expedientes relacionados con la polémica expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica, entre los que se encontraban las actas mencionadas por Zafra.

El Gobierno insistía en que era documentación judicializada y preguntó al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso Lezo, por la conveniencia o no de mandarla. En agosto de 2017, el juez Fernando Andreu —temporalmente al frente del juzgado— envió un auto en el que no ponía ningún impedimento a la entrega, que se le “traspapeló” al Gobierno durante cinco meses. La oposición comenzó a recibir la documentación en enero de este año, pero una semana después otro auto, este de Manuel García Castellón, titular del mismo juzgado, cortó los envíos.

La oposición no se resignó y solicitó una explicación al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. “La contestación no nos aclaró gran cosa, por lo que hemos enviado otro requerimiento”, explica Miguel Ongil, diputado de Podemos y miembro de la comisión. El CGPJ indica que no puede “realizar actividad alguna que pueda considerarse como correctora o modificadora de una resolución judicial”. De momento, la oposición sigue esperando con la comisión paralizada.

Para Ongil existe un punto de inflexión en la forma de actuar del PP en cuanto a la documentación. “No nos habían negado nada cuando investigábamos el tema de Arpegio y de la Púnica”, explica. El cambio, en su opinión, se produjo en el momento en el que apareció Alberto Ruiz-Gallardón, al que se le llamó a declarar para explicar la compra de la mercantil brasileña Inassa, con la que se emprendió el desarrollo del Canal por América. “No les importaba ir contra Esperanza Aguirre e Ignacio González, pero no parecía venirles bien que se investigara esa época”.

En la comisión han declarado Cristina Cifuentes para explicar su relación con unos contratos de la cafetería de la Asamblea; el exconsejero Francisco Granados desde la cárcel de Estremera, y su exsocio David Marjaliza. Los últimos en acudir fueron los expresidentes Aguirre y González, en relación con la construcción del campo de golf de Chamberí, otra de las patas del caso Lezo.