Cifuentes pedirá que la oposición devuelva los papeles del Canal que les entregó

El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha admitido esta mañana que el Gobierno madrileño había entregado "más o menos la mitad de documentación" reclamada por la oposición sobre el llamado caso Lezo y que enviará un documento a la Asamblea para retirar los documentos originales de los que ya disponen los diputados para que "no hagan uso" de ellos.

Todo ello porque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, había dictado un auto en el que determinaba que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid" por estar en fase de instrucción.

Esta resolución judicial se produce después de que el juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del mismo Juzgado, dictara en agosto de 2017 una providencia que daba vía libre a la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II a la comisión, que ha citado para el próximo viernes a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para informar sobre su etapa como consejera de esta empresa pública. Sin embargo, Cifuentes no entregó la documentación en agosto porque, según el Gobierno regional, se había traspapelado. La oposición la acusó entonces de mentir. 

Por ello, Garrido ha exigido hoy a la oposición de la Asamblea de Madrid que pida disculpas por "mentir" al acusar al Ejecutivo madrileño de tratar de ocultar información por no entregar las actas del Canal de Isabel II, ya que ahora un juez ha dado la razón al Ejecutivo.

Para Garrido, se trata de un "auténtico varapalo sin paliativos y sin precedentes a la oposición". "Se les ha pillado mintiendo. Como mínimo (tendrían que) pedir disculpas al pueblo de Madrid y a la presidenta, a la que querían hacer daño", ha comentado en alusión a Cifuentes.

Garrido ha criticado también la "campaña de meses de mentiras e infundios" por parte de los grupos de la oposición (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos) sobre el "tratamiento de una información entregada a una autoridad judicial". "Ha dejado al descubierto el verdadero objetivo de la oposición: perjudicar y dañar a la presidenta", ha insistido.

Además, considera que el auto "viene a decir algo razonable, algo en manos de los jueces no puede estar en manos de un juicio paralelo por parte de los grupos políticos".