El juez rechaza el recurso del PSOE para que Cifuentes entregue los papeles del Canal

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, Manuel García Castellón, ha vuelto a negar a la oposición parlamentaria (PSOE, Ciudadanos y Podemos) los denominados ‘papeles del Canal de Isabel II’, tal y como le reclamaban en un recurso de reforma y subsidiario de apelación el PSOE y la asociación de abogados Adade. Considera que los 80 documentos son pruebas del ‘caso Lezo’ (presunta compra fraudulenta de empresas en Iberoamérica por del Canal) y que solo él puede decir cuándo y cuáles se entregan a la Asamblea.

Al igual que hizo la semana pasada con el recurso interpuesto por Adade, el magistrado considera que estos documentos reclamados por los partidos de la oposición de la Asamblea de Madrid forman parte del “acervo probatorio” del caso Lezo. Para el juez, solo es el “juzgado a quien le toca decidir si es procedente la entrega de la documentación integrada en el procedimiento, por cuya legalidad y seguridad jurídica debe velar”.

Tras destaparse el caso en 2015, la Asamblea de Madrid abrió una comisión de investigación en la que se integraron los cuatro grupos parlamentarios. Para llevarla a cabo, los diputados necesitaban la documentación que probaría las presuntas irregularidades del Gobierno del expresidente regional Ignacio González (PP) y de determinadas personas de su confianza.

Pero el Gobierno de Cristina Cifuentes —sucesora de González— siempre se negó a entregarla con el argumento de que el juez lo prohibía. Las peticiones de la oposición para acceder a los archivos fueron constantes desde finales de 2015. Pero el ejecutivo las rechazó todas con el mismo argumento: sub iudice. Finalmente, cuando un el magistrado suplente Fernando Andreu dio luz verde a la entrega el 21 de agosto, el Ejecutivo regional extravió la autorización y siguió sin dar a PSOE, Ciudadanos y Podemos los 80 archivos que hacen referencia al Canal en Lezo.

El 15 de enero, los diputados se enteraron del extravío y exigieron todos los papeles. La presidenta regional destituyó al subdirector general de Régimen Jurídico —cargo que supuestamente cometió el error al no recoger la autorización judicial—, porque lo sucedido era “muy grave”. “Ni el secretario general técnico, ni la presidenta, ni yo lo conocíamos [que la Comunidad hubiera recibido el permiso judicial]“, puntualizó aquellos días el consejero de Presidencia, Ángel Garrido. El Gobierno regional comenzó a enviar, a regañadientes, los archivos, aproximadamente la mitad (unos 40).

Cinco días después, García Castellón firmó un nuevo auto donde insistía en que “no ha lugar a la reforma [la entrega de los documentos]”, por lo que la documentación debía seguir en el juzgado. Cifuentes reclamó entonces las cuatro docenas de archivos enviados a la Asamblea, a lo que la oposición se negó.

Mientras, Adade y el PSOE interpusieron recursos contra la negativa del juez, y ahora el magistrado los ha rechazado: no hay documentos hasta que él lo considere oportuno.