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Cifuentes ‘traspapela’ el permiso para entregar a los diputados las actas del Canal

El Gobierno regional sostiene que no ha existido mala fe y que el lunes se enviarán los documentos

Cifuentes, en la comparecencia ante la comisión de la corrupción en junio.
Cifuentes, en la comparecencia ante la comisión de la corrupción en junio.

La comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid lleva meses pidiendo al Gobierno regional las actas oficiales de reuniones del Canal de Isabel II para clarificar la polémica expansión del ente público de gestión del agua por Latinoamérica, investigada en la Operación Lezo. El Ejecutivo se las ha negado indicando que existía secreto de sumario y que esa información se encontraba judicializada. El pasado 1 de agosto, la Comunidad mandó un escrito al juez para conocer si podían enviar la documentación a los parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos). Según ha adelantado el Diario.es, el juez dio su autorización el 21 de agosto y, desde entonces, esta se encuentra en poder de la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, el Gobierno regional ha continuado insistiendo durante estos meses en que desconocían la decisión del juzgado.

El portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ha asegurado a EL PAÍS que en ningún momento "ha existido mala fe" y que el lunes se pedirán los documentos al Canal y se remitirán a los parlamentarios. "Se ha producido un error humano que ha provocado que se traspapelara el documento", ha añadido. Como consecuencia, se ha cesado al subdirector general de Régimen Jurídico, porque lo sucedido es "muy grave". "Ni el secretario general técnico, ni la presidenta, ni yo lo conocíamos", ha puntualizado. Hasta tal punto estaban convencidos de que no les había llegado ninguna respuesta, que el pasado 3 de enero volvieron a solicitar la autorización, añadiendo a los documentos primeros otros nuevos, un total de 69.

Garrido ha relatado que el 1 de agosto el viceconsejero de Presidencia solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6 el permiso para poder entregar los papeles (algo más de 30 documentos) que les pedía la comisión de investigación. El 18 de agosto, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu firmó una providencia, que dice que "no es él quien debe tomar esa decisión, es decir, que con ese escrito podíamos mandar lo que nos había solicitado la comisión", ha continuado. Pero, en vez de mandar la providencia al viceconsejero, la envía a la Abogacía General, a la Subdirección General de lo Contencioso, por fax. Desde ese departamento, se remite el 21 de agosto a la Subdirección General de Régimen Jurídico. "Ese subdirector lo debía haber pasado a su jefe, que a su vez habría despachado conmigo", continúa Garrido. Pero estaba de vacaciones, y cuando regresa no ve el documento "y la providencia se queda ahí". 

"Nosotros no vamos a esconder un documento semejante, y yo he repetido 20 veces que no había llegado, es completamente imposible de pensar", ha insistido Garrido. Las alarmas se encienden en el Gobierno regional por una llamada de un medio de comunicación, que les revela que la providencia se ha mandado por fax. "Si no nos llaman, nunca nos habríamos enterado de lo que había pasado", asegura. En su descarga, el portavoz del Gobierno sostiene que han entregado más de 720 peticiones de información sobre el Canal, "solo hay 69 que no se han dado porque estábamos a la espera".

Críticas de la oposición

El socio de investidura de Cifuentes, Ignacio Aguado, ha señalado este sábado que "empieza a tener sentido" que el PP haya decidido abandonar la comisión de investigación de corrupción, tras conocerse la noticia de que se podían haber enviado las actas hace meses.

Mercedes Gallizo, diputada del PSOE y miembro de la comisión de la corrupción, ha comentado que la resolución del juez corrobora los argumentos socialistas. "Era información sobre actos administrativos y, por lo tanto, ha habido una actitud obstruccionista desde el principio", ha concretado. También le extraña la explicación del Gobierno regional después de que lo descubriera un medio de comunicación. Gallizo apunta a las responsabilidades políticas, porque "esto no es la Administración del XIX y se ha mentido en el Parlamento". Lo lógico, en su opinión, es que hubieran preguntado a los servicios técnicos. "Quizá tienen que dimitir todos si tienen tal descontrol", ha finalizado.  

Para el diputado de Podemos, Miguel Óngil, el escrito del juez de la Operación Lezo es "demoledor y deja por mentirosa a Cifuentes". Demuestra, además, que la "ocultación de información no tiene ninguna base legal y que jamás ha estado bajo secreto de sumario". Óngil recuerda que es la tercera vez que ocurre algo parecido: "Se perdieron durante un año documentos de la Ciudad de la Justicia y en Arpegio también se traspapelaron otros".