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Papeles de ida y vuelta

La oposición regional quiere seguir investigando los entresijos financieros del Canal y peleará por acceder a su documentación

Cristina Cifuentes interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid el jueves pasado.
Cristina Cifuentes interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid el jueves pasado. EL PAÍS

La comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid, que el PP abandonó el 8 de enero al considerarse “linchado”, no se rinde. Sus miembros (PSOE, Podemos y Ciudadanos) seguirán reclamando al Gobierno regional los papeles del Canal de Isabel II que comenzaron a recibir hace dos semanas, tras meses de infructuosas peticiones. Una providencia judicial, que el Gobierno regional asegura que “traspapeló” cinco meses ante la incredulidad de la oposición, dio luz verde al envío, y un auto judicial lo cortó la semana pasada. Ambas decisiones procedían del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional donde se investiga el caso Lezo.

La primera fue emitida el 21 de agosto por el juez Fernando Andreu, que se encontraba temporalmente al frente del juzgado. En ella se decía que la entrega de los documentos se regía por disposiciones administrativas, donde un juez de instrucción no tiene nada que decir. Los diputados no supieron nada de esa contestación hasta el pasado 15 de enero. Se produjo un “error humano”, se excusó el Ejecutivo y el fax no siguió el protocolo marcado y se perdió. Una vez detectado, comenzaron a remitir los papeles.

A los parlamentarios les dio tiempo a recibir la mitad (unos 40) hasta que se hizo público un auto del 29 de enero, en contestación a otra consulta por el mismo motivo dirigida por el Gobierno de Cifuentes al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El auto, de Manuel García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6, sostiene que “no ha lugar a la entrega” de documentación “que se están conociendo por los jueces y tribunales”. Antes, el Ministerio Fiscal Anticorrupción emitió un informe que sostenía esa argumentación.

 

Asombro de los grupos

 

El PP respiró aliviado porque el juez les daba la razón, mientras que la oposición no salía de su asombro por el cambio de criterio. Los grupos insisten en que se trata de información administrativa que, además, han solicitado a la Comunidad de Madrid y no al juzgado. Encarnación Moya, representante socialista en la comisión, explica que los han conseguido “legalmente amparados por una decisión judicial”.

De momento, la oposición no ha recurrido el auto. Miguel Ongil, portavoz en la comisión de Podemos, explica que están a la espera de recibir toda la información. También han pedido suspender el plazo para recurrir el auto, que no es firme, hasta que no se encuentre en su poder el expediente completo.

El letrado de las Cortes y del Tribunal Constitucional, Manuel Fernández-Fontecha, discrepa de los razonamientos del auto. “El juez argumenta que no entrega la documentación porque al encontrarse en su poder, está sujeta a reserva, pero continúa siendo un documento de la Comunidad de Madrid y está sometido al poder de petición de la comisión de investigación”, explica. El juez “viene a decir que como los tengo yo son documentos judiciales, pero no administrativos”, añade.

Al mismo tiempo, el auto plantea que la entrega de los papeles “podría conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción de inocencia de los acusados”. Fernández-Fontecha tampoco comparte este punto. A su juicio, la presunción de inocencia no se ve afectada por acudir a la comisión.

Velar por la intimidad

El letrado recuerda que dicho aspecto se regula en la ley orgánica 5/1984, que desarrolla el artículo 76 de la Constitución y, aunque afecta al Congreso y al Senado, “el espíritu es el mismo”. “La norma atribuye a las comisiones el deber de velar por la intimidad y los derechos de los comparecientes”, aclara. La situación que se ha creado puede conducir a “interpretar que mientras estén en marcha procedimientos judiciales no pueden existir comisiones parlamentarias a la vez, y esto no es así”, concreta Fernández-Fontecha. En definitiva, añade, se “cambia la doctrina y la forma de cooperación con las comisiones de investigación”.

El auto de García Castellón, además de caer como un jarro de agua fría sobre la oposición, provocó que la comisión aplazara de forma indefinida la comparecencia de la presidenta regional Cristina Cifuentes prevista para el viernes pasado, sobre su época de consejera del Canal. Cifuentes sorteó así el complicado momento de declarar ante los diputados por segunda vez. En junio pasado acudió para aclarar su participación en la contratación de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 a 2011, en medio de una gran expectación mediática.

Desde entonces, sus relaciones con Ciudadanos —su socio de investidura— se enfriaron hasta tal punto que la presidenta evita aparecer en ningún acto junto su líder, Ignacio Aguado. Aunque ambos se siguen necesitando; el PP por estar en minoría y Ciudadanos para, siendo la última fuerza política del Parlamento, sacar adelante sus propuestas.

PSOE y Podemos piden que Cifuentes vaya a la comisión

PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren explicaciones sobre cómo fue posible traspapelar la providencia que dio luz verde a la entrega de los papeles. PSOE y Podemos solicitarán hoy a la Mesa de la comisión de corrupción que reconsidere llamar a declarar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, sobre la cuestión. Esa comisión anuló su comparecencia el pasado viernes, en la que solo se la habría podido preguntar por la época en la que fue consejera del Canal entre 2012 y 2014. El PP y Ciudadanos votaron en contra de ampliar el interrogatorio con cuestiones sobre lo ocurrido con los papeles del Canal. Inicialmente Ciudadanos estaba a favor de la propuesta, pero tras escuchar a la secretaria general de la Asamblea —planteó alguna duda sobre si era pertinente o no— cambiaron su voto porque no se encontraban “cómodos”. César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos, pidió el viernes pasado la declaración en la comisión de Presidencia, no en la de corrupción, de las personas que considera implicadas en el “traspapeleo” de las actas. Entre ellas no está Cifuentes.

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