El Congreso congela la cuestión de confianza sobre Sánchez que exige Junts

La Mesa del Congreso aplazará este jueves la decisión sobre qué se hace con la propuesta registrada por Junts para considerar una cuestión de confianza sobre la gestión de Pedro Sánchez. Esa decisión supone ganar tiempo para el Gobierno y el PSOE muy presionados por las exigencias de la formación que lidera Carles Puigdemont, que tiene previsto comparecer este viernes en Bruselas. Fuentes de la Cámara indican que Junts ha valorado como apropiado este nuevo aplazamiento. Desde Sumar también se habían expresado algunas dudas sobre la oportunidad de rechazar esa medida y su representante en la Mesa informó de que ahora buscarán la manera de “adaptar” la propuesta de Junts a lo que requiere el Reglamento de la Cámara baja sobre una prerrogativa que solo corresponde plantear al propio jefe del Ejecutivo.

El órgano que controla, dirige y organiza el calendario de debates en el Congreso ha vuelto a ganar tiempo. La Mesa de la Cámara baja, con una mayoría progresista de cinco representantes frente a cuatro del PP, acordará este jueves darse más margen para estudiar cómo puede considerar la proposición no de ley registrada por Junts en la que se insta al Gobierno a aceptar una posible cuestión de confianza sobre la gestión de Pedro Sánchez, una iniciativa que hasta ahora correspondía asumir en exclusiva al propio presidente. La reunión de la Mesa aún continúa.

Los letrados del Congreso asumieron en un informe interno el pasado diciembre que podrían tener sentido también ese tipo de propuestas, pero se consideraba que su aceptación no debería ser vinculante para el propio presidente. Ese es el ofrecimiento que se ha hecho en las últimas horas desde el Gobierno y el PSOE a Junts, y que al parecer ha sido aceptado sin problemas. Ahora Junts podría disponer de tiempo para reformular su proposición en ese sentido. El partido de Puigdemont exigió esa medida porque entiende que su relación con el Gobierno de Sánchez no pasa por un buen momento y porque cree que no se han cumplido algunos de los compromisos adquiridos hace un año en el acuerdo de investidura, como la transferencia íntegra de las competencias en materia de inmigración, la posibilidad de usar el catalán en las instituciones europeas o la aplicación general de la polémica ley de amnistía, que ya no depende de las actuaciones del Ejecutivo y que algunos jueces no están ejecutando para determinados responsables del proceso independentista, como el propio Puigdemont.

Los partidos con grupo parlamentario tienen una serie de cupos para registrar este tipo de propuestas en el Congreso para ser debatidas en pleno y el de Junts, en este nuevo periodo de sesiones, correspondería hasta finales de febrero, lo que significa que aún tendrían tiempo para volver a tramitar su proposición, que la Mesa la volviese a estudiar y que pudiera debatirse y hasta aprobarse en un pleno antes de esa fecha. Que la cuestión de confianza fuese aceptada por la Cámara o incluso respaldada en un pleno no obligaría a nada al jefe del Ejecutivo, pero supondría un varapalo político en un momento ya bastante convulso de la legislatura y cuando en teoría se está perfilando la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, los primeros de este mandato.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había dicho esta misma mañana en una entrevista en Canal Sur que la Mesa del Congreso no podía tramitar la proposición no de ley que había propuesto Junts para que Pedro Sánchez se someta en la Cámara baja a una cuestión de confianza tal y como estaba. “Es bastante de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, la Mesa del Parlamento no puede tramitar esa proposición no de ley que, además, no tiene ningún otro tipo de efecto más allá de parecer”, ha añadido.

Montero ha recordado que el apoyo del partido de Carles Puigdemont nunca ha sido incondicional: “siempre que apoya una medida, hay que negociarla, hay que trabajarla, hay que ver cuáles son los elementos que ellos consideran que pueden ser positivos para ese apoyo y hay que trabajar mucho”. Asimismo, ha indicado que Junts debe “saber qué quiere hacer” en relación con su posición de apoyo a otros grupos.

Por su parte, el Partido Popular lo que ha querido es aprovechar esta situación para subrayar la dependencia del Gobierno de Sánchez del partido de Puigdemont, al tiempo que ha admitido sus dificultades de interlocución con el partido independentista para plantear una eventual moción de censura conjunta, que es el instrumento previsto en el Reglamento del Congreso para este tipo de cuestionamientos por parte de la oposición. La vicesecretaria popular Ester Muñoz ha descartado este jueves que el PP vaya a abrir contactos con el líder de Junts, porque tiene su residencia fuera de España tras huir de la justicia española en 2017. “Es complicado, el señor Puigdemont está en Waterloo y nosotros en España”, ha aseverado Muñoz preguntada sobre posibles contactos con ese partido. Informa Elsa García de Blas

El PP mantiene su disposición a presentar una moción de censura “si hay votos”, pero de momento no cree que estén a su alcance. “En estos momentos no contamos con los votos. Si alguien quiere, que lo diga”, ha manifestado la vicesecretaria. La dirigente del PP también ha rechazado que el PP esté en condiciones de garantizar a Puigdemont un salvoconducto para regresar a España a cambio de su apoyo en esa hipotética moción contra Pedro Sánchez, como ha publicado el digital Artículo14. “El señor Puigdemont se equivoca porque el PP no controla el Tribunal Supremo ni ningún otro órgano judicial. Si piensa eso, se equivoca”, ha zanjado Muñoz.

La Mesa del Congreso ha aprovechado su reunión de este jueves para incluir en el orden del día del pleno extraordinario de la semana que viene, el miércoles 22, la aprobación del dictamen adoptado por unanimidad por la comisión del Estatuto del Diputado sobre la concesión del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para retirar la inmunidad parlamentaria y poder investigar al diputado ahora del Grupo Mixto José Luis Ábalos, exministro y ex secretario de Organización del PSOE, por su implicación en el llamado caso Koldo.