La Generalitat paraliza la subida de la tarifa del agua de ATLL

El consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha dado este martes luz verde a la suspensión cautelar del aumento del 11,8% de la tarifa que la misma institución aprobó en diciembre pasado. El incremento correspondía al precio del agua en alta que suministra la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que abastece a más de 120 municipios. En diciembre, la ACA argumentó que la subida del precio —un euro más en el recibo— era inevitable por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este martes, sin embargo, el consejo ha acordado la suspensión cautelar de este incremento, a la espera de que sea ratificada por el Consejo de Ministros.

La decisión del consejo de administración de la ACA llega después de la sentencia del Tribunal Supremo que anula la adjudicación de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat a un consorcio liderado por Acciona. Por un valor de 1.000 millones de euros, esta concesión a 50 años fue la mayor privatización de la historia en Cataluña, y estuvo en los tribunales desde que el expresidentArtur Mas la adjudicó en 2012.

La propuesta que hizo la ACA en diciembre para la subida de un 11,8% de la tarifa del agua de ATLL en 2018 se hizo semanas antes de que se conociera la sentencia. La Agencia justificó entonces el aumento con el argumento de que estaba obligada por contrato a una actualización quinquenal del precio.

Entidades y Ayuntamientos protestaron contra la medida, y tras hacerse pública la sentencia, muchos pusieron en duda que se pudiese incrementar el precio del agua después de esta resolución judicial. El Área Metropolitana de Barcelona decidió dejar sin efecto la subida del precio, escudándose precisamente en la sentencia, y este martes la Generalitat, mediante la ACA, ha acordado suspender cautelarmente este incremento a pesar de que fue precisamente esta entidad la que lo impulsó en primer lugar.

El aumento de un 11,8% de la tarifa del agua potable en alta, según las estimaciones de la ACA, repercutiría en un euro en el recibo del agua. Además, la empresa distribuidora Aigües de Barcelona anunció a principios de marzo que, debido a la subida del precio en alta, se veía obligada a incrementar su tarifa, un 3,74% en este caso.

Según informaron fuentes de la ACA, la decisión de suspender cautelarmente el incremento de la tarifa de ATLL se tomó a instancias del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y del Consejo de Red de Aigües Ter-Llobregat. Esta decisión tiene efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2018, cuando empezó a aplicarse la medida, y queda supeditada a la aplicación del artículo 155, que implica que debe ser aprobada por parte del Consejo de Ministros.

La Generalitat ha recordado en un comunicado que el consejo de administración de la ACA ya apoyó el pasado mes de diciembre, durante el último Consejo de la Red de ATLL, incoar un expediente de revisión de la retribución financiera del contrato con el objetivo de evitar el impacto de la subida.

Comisión de seguimiento

Esa reunión se celebró antes de que el Tribunal Supremo sentenciara desestimar los recursos presentados por la Generalitat de Cataluña y Acciona sobre la sentencia emitida por el TSJC el 22 de junio de 2015, que confirmaba la anulación de la adjudicación del contrato de los servicios de abastecimiento de agua en alta a Ter-Llobregat.

Según la ACA, esta sentencia no tiene efecto sobre el abastecimiento de agua: la prestación del servicio en alta por parte de ATLL queda garantizada porque se trata de un contrato de servicios públicos, y no se puede interrumpir en ningún momento, ya que el operador actual tiene la obligación de continuar la prestación con los mismos estándares de calidad y eficiencia, a pesar de la sentencia.

En este sentido, la ley establece que las condiciones de prolongación del contrato son exactamente las mismas que las establecidas en el pliego de contratación hasta que se produzca la ejecución definitiva de la sentencia.

El análisis de la situación generada por la sentencia corresponde a una comisión de seguimiento creada para valorar los escenarios derivados de la sentencia, y está formada por los Departamentos de Presidencia, Territorio y Sostenibilidad, Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y la Agencia Catalana de el Agua.

La comisión tendrá también en cuenta la disposición adicional sexta de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017, que prevé que el Gobierno presentará al Parlamento la voluntad de recuperar la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua en alta así como el calendario de actuaciones y medidas para hacerlo posible.