La batalla ideológica del agua

“El suministro del agua vive una tormenta perfecta en Barcelona”, dice Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua. La tormenta perfecta la originan dos causas judiciales: por un lado, la anulación de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y por otro, la esperada sentencia este año del Tribunal Supremo sobre la concesión sin concurso de la gestión del agua a Aguas de Barcelona. Los Comunes han aprovechado la incertidumbre legal para ponerse al frente de un movimiento que quiere expandir la gestión pública del suministro en Cataluña. Expertos y representantes de administraciones subrayan que la batalla se sustenta más en modelos ideológicos que en la posibilidad de mejorar eficiencia y costes.

Poco más de 500 de los 950 municipios de Cataluña tienen una gestión pública del agua, aunque por población, la concesión privada y mixta abastece a más del 80% de los catalanes. Los Comunes han tejido complicidades a partir de colectivos como Aigua és Vida, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) o la Asociación de Municipios para la Gestión Pública del Agua (AMAP). La AMAP fue presentada en marzo de 2017 con la participación de siete municipios, todos gobernados por partidos de la izquierda: Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Terrassa, El Prat de Llobregat, Badalona, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet. Eloi Badia, concejal del ramo en el equipo de Ada Colau y antiguo miembro de Aigua és Vida, aseguró en julio de 2017 en una entrevista en TV3 que “decenas de municipios se sumarán una vez consolidemos la asociación”. La AMAP fue constituida formalmente el pasado enero, diez meses después de ser presentada, por los mismos siete municipios.

Tarifas al alza para todos

Badia expuso en aquella entrevista algunas cifras que los remunicipalizadores repiten como un mantra. Badia explicó que la factura del agua podría reducirse un 10% si se restan los 40 millones de euros de beneficios que obtiene la operadora privada, más 10 millones que Agbar se reserva para innovación a partir de la empresa mixta que forman con el Ayuntamiento. El gobierno municipal asegura que esta partida es un ejemplo de opacidad de Agbar: “Encontramos resistencia en todas las solicitudes de información que hacemos a la empresa para justificar los costes del servicio”. Badia también citó un informe del Tribunal de Cuentas de 2011 según el cual la gestión pública “permite reducir el gasto un 22%”. La tarifa del agua y de alcantarillado se ha encarecido de media en Cataluña un 46% entre 2010 y 2017, según datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Desde 2010 han remunicipalizado el servicio doce ayuntamientos, según Aigua és Vida; los doce municipios también han subido la tarifa desde 2010, y en el mismo promedio, un 46%.

Badia escribió en un artículo de 2016 en EL PAÍS que París es el referente de remunicipalización para Barcelona. Badia destacaba que en 2010, gracias a asumir la administración del servicio y a ahorrarse los beneficios de la gestora privada, París pudo reducir los precios un 8%. Según los datos de la empresa pública Eau de Paris, la tarifa ha aumentado cada año entre 2010 y 2017, sumando un incremento del 19%. Según estadísticas del Gobierno francés –solo actualizadas hasta 2013–, el encarecimiento del agua en París es ligeramente inferior al de la media nacional.

Materia poco estudiada

Delacámara asegura que el informe de 2011 del Tribunal de Cuentas, un referente entre los partidarios de la gestión pública, “es una tomadura de pelo porque cargaba al gestor privado todos los gastos y al público, no”. Delacámara, que ha coordinado el Libro Blanco de la economía del agua, confirma que no han detectado que la gestión pública del agua presente costes y tarifas más bajas: “En el mundo hay experiencias pésimas y de éxito tanto en gestión privada como en pública”, dice Delacámara, y añade que “lo que queda demostrado es que lo más solvente es la cooperación entre público y privado”. En el Libro Blanco, el profesor de Economía Aplicada de la UAB Francesc Trillas y la Catedrática Emérita de Ética Victoria Camps advierten que el debate puede moverse por prejuicios y que “no está suficientemente estudiado” la conveniencia de uno y otro modelo según las particularidades de cada municipio.

Desde el lado de los defensores de la concesión privada han aparecido trabajos como el libro Remunicipalización. ¿Ciudades sin futuro?,en el que destaca el economista Ramón Tamames. Este estudio carga contra otro referente de los Comunes, la remunicipalización del agua en Berlín a través de un referéndum en 2011. Revertir la gestión privada le ha costado a la capital alemana más de 1.300 millones de euros. La consecuencia, según el libro, es que dos años más tarde los berlineses votaron en contra de remunicipalizar el suministro eléctrico.

La remunicipalización del servicio del agua será una de las cuestiones en la multiconsulta que el Ayuntamiento de Barcelona quiere convocar en primavera. La plataforma Remunipalitzem Barcelona ha recogido 26.400 firmas para someter la cuestión a plebiscito. Miriam Planas, miembro de la plataforma, explicó el jueves en Betevé que retirar la gestión del servicio al grupo Agbar es necesario para corregir la falta de transparencia y las irregularidades que presuntamente habría cometido la empresa. Planas mencionó la reciente auditoría del Área Metropolitana de Barcelona que establece que Agbar valoró casi cuatro veces por encima de su valor real las infraestructuras que gestiona en Barcelona. Agbar ha interpuesto un recurso contra la consulta alegando que la pregunta no es clara y que el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia, según informó el digital Crític. La FAVB defiende la remunicipalización porque evitaría los 75.000 cortes de suministro que, según la FAVB, se produjeron entre 2008 y 2016. Agbar niega que haya dejado nunca sin agua a personas “que no lo puedan pagar”. La compañía recuerda que en Barcelona, solo un 35% de la factura doméstica son ingresos por el servicio; el resto son tasas, algunas sin vínculo con el agua. Agbar lamenta que el precio del agua suministrada en alta –la provisión de origen del agua al municipio– por ATLL se ha más que duplicado desde 2010.

Economía de escala

Arenys de Munt remunicipalizó el abastecimiento de agua en 2011. Desde entonces ha subido la tarifa un 35%. GUSAM, la empresa municipal de Arenys de Munt de servicios públicos, explicó en 2017 que el incremento es debido al encarecimiento del suministro en alta, gestionado en esa zona del Maresme por Sorea, filial de Agbar. GUSAM admitía que “el modelo de gestión no es el factor determinante de los costes”: “Las cifras demuestran que más allá del modelo de gestión pública o privada, en términos económicos los factores determinantes en el coste real del agua son la dimensión y la fisonomía del municipio, sus recursos hídricos y la capacidad de aprovechar economías de escala”. GUSAM destacaba que “la gestión pública facilita la implementación de políticas que velen por el interés general, aplicando el concepto de ahorro y transparencia”.

Albert Testart es gerente del Consorcio para la Gestión Integral del Agua en Cataluña (CONGIAC), entidad pública que administra el suministro del agua de los 19 ayuntamientos que la componen. Los seis mayores municipios de CONGIAC –El Prat de Llobregat, Mataró, Reus, Vilanova, Vilafranca y Manresa– aportan recursos técnicos y humanos para la administración del servicio en los pequeños. Testart cree que una ventaja de la gestión pública es la transparencia: “Si paso el gasto de un café, me pueden pedir explicaciones. Los representantes del pueblo tienen el control de arriba a abajo. Es más un modelo de gobierno que de empresa. Estamos en un momento de marco economicista y este es un debate social, político, no de modelo económico”.

Negociar inversiones

Más de veinte ayuntamientos han creado grupos de trabajo para evaluar la conveniencia de sustituir la concesión privada por una gestión pública o mixta. La concesión a empresas privadas de una veintena municipios finaliza antes de 2022. Los más destacados son La Bisbal de l'Empordà y Sant Cugat, que tienen previsto decidir este año si convocan un concurso o remunicipalizan el servicio. El pleno del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita aprobó por unanimidad en 2017 renovar por diez años el contrato con Aigües de Catalunya –propiedad de Comsa y Aguas de Valencia– a cambio de una inversión en infraestructuras de 667.000 euros. El alcalde, Josep Caparrós, se comprometió a “estudiar la remunicipalización, quizá no al 100%, sí a través de una empresa mixta que permita aprovechar la experiencia de una empresa externa”. A menor escala, en Sant Llorenç d'Hortons (2.155 habitantes) finaliza este año la concesión a Sorea y su alcalde, Jordi Ferrer, explica que la decisión de remunicipalizar o plantear una nueva concesión depende de las inversiones que puedan negociarse con la compañía.

Igualada tiene que legalizar la titularidad del servicio del agua, que está cedido sin contrato desde hace 80 años a la empresa Aigües de Rigat. El Ayuntamiento –del PDeCAT– es accionista desde los setenta, “porque se consideró que era bueno para el control”, explica el concejal Jordi Pont. “Estamos en pleno debate ideológico por el control de un bien público. Es un debate que está en la calle, por eso lo pusimos sobre la mesa, aunque el servicio de esta empresa es muy bueno en todos los sentidos”. Pont destaca que las empresas privadas tienen unos recursos tecnológicos difíciles de sustituir. Pont considera que una decisión de este calibre debe estudiarse con calma porque no pueden ponerse en riesgo ni la calidad del servicio, ni las finanzas ni la situación legal del ayuntamiento, y pone a Terrassa como ejemplo de lo que no quiere que suceda en Igualada. La ciudad vallesana aprobó municipalizar el servicio el pasado septiembre tras un largo conflicto legal con la empresa concesionaria.