Queda inaugurada la campaña de Madrid

Más información

El Gobierno madrileño rebaja medio punto el tramo autonómico del IRPF

Las obras para remodelar la Gran Vía comenzarán el 9 de marzo

Errejón vuelve a la primera línea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), hizo una gran presentación el pasado 7 de marzo del proyecto para rehacer de arriba abajo el emblemático hospital de La Paz con 359 millones de euros. A la semana siguiente, este martes, volvió a hacer otro gran anuncio: un paquete de medidas fiscales —entre otras, medio punto menos en el tramo autonómico del IRPF— que supondrán una rebaja de 125 millones de euros al año. Entonces ya no hubo duda para la oposición, que lo interpretó como el pistoletazo de salida de una campaña electoral para la que todavía falta más de un año; los comicios autonómicos y locales serán en torno a mayo de 2019.

El profesor de Comunicación de la Universidad de Alicante Emilio Feliu recuerda que los partidos en el poder viven en una especie de campaña permanente que se intensifica el último año de mandato. Esto vale para la Comunidad —su web ha publicado entre el 1 y el 16 de marzo 122 notas de prensa, récord absoluto si se compara el mismo periodo de todos los meses de la legislatura—, y para el Ayuntamiento de Madrid, que acaba de iniciar las obras de uno de sus proyectos estrella, la reforma de la Gran Vía, y también ha echado mano de las cada vez más cotidianas recreaciones con imágenes virtuales para anunciar que el estadio de Vallehermoso empezará a construirse en abril. El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III Pablo Simón, por su parte, coloca los esfuerzos del PP dentro de un contexto nacional, con un partido asediado por “la competencia de Ciudadanos” y las crecientes reivindicaciones sociales, que necesita sacudirse su imagen de parálisis.

Porque en juego está ni más ni menos que la Comunidad de Madrid, donde el PP gobierna desde 1995. Y la capital, que la izquierda recuperó en 2015 un cuarto de siglo después, es la otra gran pieza codiciada por todos. El simbolismo del principal Ayuntamiento del cambio (Ahora Madrid es la confluencia de fuerzas construida alrededor del proyecto de Podemos) y la repercusión que también tiene el dominio del Ejecutivo de la región, durante décadas laboratorio de las políticas que el PP exportaba al resto del país. La importancia de Madrid adquiere una proyección nacional no solo para el PP, sino también para PSOE, Ciudadanos y Podemos —su más que probable candidato Íñigo Errejón ha empezado a recorrer los pueblos de la región—, que aspiran a emplear como lanzadera en las generales de 2020.

La puesta en escena de Cifuentes, que en el debate del estado de la región de 2016 ya prometió “mantener los impuestos más bajos de España” –es la única comunidad autónoma que bonifica al 100% patrimonio, el impuesto que grava la riqueza, y al 99% sucesiones y donaciones- se produce antes de la comparecencia de la presidenta de la Comunidad este martes ante la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP. Allí se las verá con Errejón en lo que se interpreta como algo más que un careo.

La reducción de medio punto del tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF y la bonificación del 15% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos carnales es una estrategia tradicional del PP: Ignacio González aprobó dos bajadas de impuestos y Esperanza Aguirre una al principio de su segundo mandato (2007). González se adelantó en octubre de 2013 a Mariano Rajoy con el anuncio de la mayor bajada de impuestos autonómica –la del presidente del Gobierno llegó en julio de 2015, cinco meses antes de las elecciones generales-, incluidas reducciones en el IRPF (el tramo autonómico se redujo 0,4 puntos) y nuevas transacciones patrimoniales. En noviembre de 2014 González avanzó otra rebaja en 1,7 puntos del IRPF a partir del 1 de enero de 2015 para todos los madrileños con ingresos menores a 12.450 euros anuales. De poco le sirvió: las sospechas que le rodeaban como posteriormente se ha corroborado en el caso Lezo decidieron la candidatura regional de Cifuentes en las últimas elecciones autonómicas.

Dentro de la carrera electoral iniciada a más de un año para las elecciones autonómicas y municipales, también coincidieron esta semana Carmena y Cifuentes con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), en la presentación del proyecto de ampliación de la estación de Puerta de Atocha: 660 millones de euros. En la dirección del PP de Madrid no confían mucho en la repercusión electoral de ese plan que terminaría en 2023. “No se notaría esta legislatura, y devuelve a la actualidad viejos fantasmas”, descarta un referente del PP en alusión a las antiguas  promesas de conectar la red de alta velocidad española, separada por el nudo pendiente entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Como recordatorio, el túnel entre ambas destinado a la alta velocidad y del que también depende la conexión por AVE con Barajas se terminó de perforar en 2011. “Más prioritaria sería la inversión en un plan de choque en cercanías”, reconocen en la dirección del PP de Madrid, que aguardan la respuesta del Estado al malestar por los retrasos provocados por los recortes y falta de mantenimiento de la red ferroviaria de transporte público.

El efectismo de las rebajas fiscales contrasta con el de las infraestructuras. Entre las máximas que determinan las decisiones políticas, una muy extendida en el PP es que invertir en infraestructuras no genera un rédito electoral. Al menos en la Comunidad de Madrid. La ampliación de dos a tres carriles por sentido de la M-503 entre Majadahonda y Pozuelo, la más transitada de la región, cinco meses antes de las elecciones de 2015, no evitó que el partido al frente del Ejecutivo autonómico desde 1995 se desplomara de 72 a 48 escaños y perdiera la mayoría absoluta. “Puede que algo influyera, porque mantuvimos el Gobierno por un solo escaño [con el apoyo externo de Ciudadanos frente a la suma de PSOE y Podemos], pero por lo general ese tipo de obras no tiene un impacto electoral en Madrid”, creen en la dirección del PP.

Inversión del superávit

Por su parte, en el gobierno municipal de Manuela Carmena confían, efectivamente, en que los madrileños aprecien a la vuelta del verano los proyectos y obras en pleno desarrollo, que se verán facilitadas por el inminente permiso del Ministerio de Hacienda para que los Ayuntamiento puedan usar el superávit acumulado en 2017 y 2018. A la vuelta del verano, restarían apenas nueve meses para las elecciones, para las que “no hay un plan b” a una candidatura que no encabece la alcaldesa, coinciden responsables de la dirección estatal de Podemos y de otros partidos de Ahora Madrid.

“Si Carmena opta finalmente a la reelección, posibilidad que gana enteros cada día, muchos de los problemas internos que tenemos se acabarán en el momento que lo confirme”, da por seguro un miembro del Ejecutivo local. Entre las condiciones de Carmena para presentarse a un segundo mandato está el control de las listas. Así se ahorraría la inestabilidad que ha emborronado la gestión del Consistorio, donde Ahora Madrid gobierna en minoría y mantiene una compleja relación con los socialistas.

El compromiso a finales de febrero del Ministerio de Hacienda con los Ayuntamientos españoles para que puedan usar los 5.000 millones de superávit de 2017 durante este año y el próximo llega en el mejor momento para el equipo de gobierno de la capital, y más tras la crisis que terminó con la destitución en diciembre del edil de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por su pulso con el ministro Cristóbal Montoro por la regla de gasto. Madrid lidera la lista con 1.120 millones.

El objetivo es reinvertir contrarreloj los ahorros. Hacienda ha aceptado la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los Ayuntamientos con superávit puedan destinarlo a inversiones en infraestructuras educativas, culturales, sociales, deportivas, en gestión de residuos, seguridad y protección civil y en equipamiento de dependencias municipales. La vía para autorizar las nuevas inversiones será un decreto ley en marzo. “Desde abril de este año hasta abril del próximo será suficiente para decidir las inversiones, licitarlas y posiblemente, ejecutarlas”, ha celebrado el presidente de la FEMP, Abel Caballero.