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El temor a la justicia parte el separatismo

La negociación de la investidura corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años

Barcelona / Ginebra

Los partidos independentistas trabajan contra el reloj para cerrar un acuerdo que permita investir un Gobierno en Cataluña y se han conjurado para lograrlo antes de diez días. Sin embargo, la negociación corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años. La acción de la justicia ha hecho dar varios pasos atrás a los protagonistas del procés. La última en hacerlo fue la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que este martes anunció que se quedará en Suiza para evitar tener que declarar este miércoles ante el juez del Supremo Pablo Llarena como estaba previsto. También echó el freno el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que aseguró ante el juez que la declaración de independencia de octubre solo fue “simbólica”.

Pancarta de apoyo a Anna Gabriel en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). En vídeo, declaraciones de Artur Mas, expresidente de la Generalitat. VÍDEO: ATLAS

Las críticas a la acción de la justicia se suceden en las filas independentistas, cuyos protagonistas no cesan en su empeño de señalar a jueces y fiscales como meros brazos ejecutores del Gobierno del PP. Sin embargo, la presión judicial está coincidiendo con un cambio radical en el fondo y las formas de buena parte de los dirigentes secesionistas. Los que no se han fugado reniegan ahora, al menos en público, de cualquier mecanismo que busque la independencia unilateral.

Si las semanas anteriores ya hubo casos de supuesto arrepentimiento con las declaraciones ante el juez de dirigentes del proceso independentista —como el exconsejero Joaquim Forn o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell—, ahora estos gestos se multiplican. Artur Mas no solo dijo ayer que la declaración independentista del 27 de octubre fue “simbólica”, sino que además aseguró ante Llarena que había advertido a Carles Puigdemont sobre las consecuencias penales de dicho gesto. La declaración de Mas contribuyó a presentar a Puigdemont como el único responsable de la declaración de independencia y sus consecuencias. El lunes ya utilizaron una estrategia similar ante el juez la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira.

Gabriel, fugada

La marcha atrás del expresidente de la Generalitat coincidió ayer con el nuevo frenazo del presidente del Parlament, Roger Torrent, que volvió a posponer la tramitación de la reforma de la ley de la presidencia que impulsa Junts per Catalunya y que pretende investir telemáticamente a Carles Puigdemont. El argumento de Torrent fue que es necesario un nuevo informe de los letrados, una decisión que no hizo más que confirmar las crecientes diferencias que existen en la estrategia de los distintos partidos independentistas. Torrent sigue anclado en la táctica de ERC de evitar nuevas imputaciones judiciales. Sin embargo, el temor en las filas republicanas sigue siendo importante, como reseñó ayer la senadora Mirella Cortés en su cara a cara con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Cámara alta. “Están investigando indiscriminadamente al independentismo catalán, incluidas a las senadoras y senadores de este grupo”, se quejó.

Pero, sin duda, el gesto más sonado de la jornada, y que también refleja el temor de los independentistas a la acción de la justicia, fue el protagonizado por Anna Gabriel. La exdiputada de la CUP y principal cara visible del independentismo radical confirmó desde Suiza que no piensa volver a España para declarar hoy ante el juez Llarena como estaba previsto.

La decisión de no acudir a declarar estaba tomada desde hace tiempo, pero faltaba la confirmación. Esta llegó a través de la misma Gabriel en una entrevista publicada por el periódico suizo Le Temps, en la que la dirigente de la CUP aseguraba que su intención es quedarse en Suiza. La exdiputada comunicó también mediante un escrito presentado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo que no comparecerá ante el juez Pablo Llarena para declarar como imputada en la causa contra los dirigentes del procés. “Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos”, explica al diario la exdiputada. “Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del Gobierno ya me ha condenado”, añadió desde Suiza. Si España solicita su extradición pedirá asilo político, aseguró Gabriel.

La estancia de la dirigente de la CUP en Suiza se conoció el sábado. Ese día, la formación informó de que su dirigente se había desplazado a Ginebra “para preparar su estrategia de defensa”. La formación justificaba la decisión en la necesidad de dar una “dimensión internacional” a la situación judicial y señalaba que había en el país helvético “entidades, instituciones internacionales y abogados” vinculados a la “defensa de los derechos civiles y políticos”. La intención de fondo de Gabriel, más allá de intentar evitar un eventual encarcelamiento preventivo, es abrir otro frente legal, político y diplomático en este caso en Ginebra, principal sede europea de la Organización de Naciones Unidas.

Tanto Gabriel como la CUP y buena parte del independentismo buscan construir un relato según el cual Gabriel no ha “huido” sino que “busca refugio”. La dirigente de la CUP se marcha a Suiza porque allí será “más útil” para su movimiento “que detrás de las rejas”, según contó ella misma en las entrevistas concedidas ayer a medios suizos. “Cuando he visto el destino de algunos de mis colegas, que se encuentran en prisión desde diciembre pasado, me he dado cuenta de que debía irme”, añadió.

Todo ello no impide que el independentismo siga buscando la fórmula para cerrar un gobierno. Con la figura de Puigdemont cada vez más desdibujada en Bruselas, sectores de su partido y de Esquerra Republicana esperan que los próximos días surja la alternativa definitiva al que fue presidente de la Generalitat hasta que el Gobierno central intervino el autogobierno. Puigdemont parece dispuesto a ceder el puesto pero no sin antes sembrar más inestabilidad, ya que baraja proponer como presidente a algún otro dirigente encausado, comenzando por Jordi Sànchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana encarcelado en Soto del Real. Esta opción se encuentra encima de la mesa pero choca con la voluntad de ERC de que la presidencia sea asumida por alguien libre de imputaciones judiciales, lo que volvería a señalar a otros diputados como Elsa Artadi o algún alcalde del PDeCAT.

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