Las acusaciones del ‘caso Emarsa’ reclaman 35 millones a los 24 procesados

Las acusaciones del caso Emarsa han pedido este lunes que los 24 procesados por el desvío de fondos públicos de la empresa Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo (València) hagan frente a un desembolso cercano a los 35 millones de euros.

Esta cantidad resulta de sumar los 23,5 millones que se piden en concepto de indemnizaciones para la empresa de la Generalitat Epsar y la empresa metropolitana de Valencia Emshi, los 8,2 millones por el coste (por ahora) de la liquidación de Emarsa y los 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.

En la primera de las vistas dedicadas a la presentación de conclusiones del caso Emarsa, sobre el desvío de más de 23,5 millones de euros de esta empresa pública, la fiscal Virginia Abad se ha limitado a exponer los cambios sobre su acusación inicial, dado que el texto completo supera los 700 folios, de modo que no se ha podido escuchar en la sala un relato detallado de los hechos.

El ministerio público ha pedido 24 años de prisión para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta (12 al inicio del juicio), 20 para el expresidente Enrique Crespo (14) y 10 (14) para el ex alto cargo de la Consejería de Obras Públicas Juan José Morenilla, en todos los casos por falsedad, prevaricación y malversación, además de cohecho en el caso de Cuesta

Además del caso de Morenilla, las fiscales han propuesto otra rebaja en la propuesta de condena para el otro ex alto cargo de la Generalitat procesado, Ignacio Bernácer, de 14 a 3,5 años, tras haber admitido los hechos ante el tribunal y haber detallado cómo operaba supuestamente la operativa de desvío de fondos.

A diferencia del inicio de la causa, la Fiscalía ha optado por atribuir dos delitos de malversación diferenciados (uno en el "negocio" de las obras y servicios en Emarsa y otro el del incremento injustificado del coste del tratamiento de los lodos) a Cuesta y Crespo, una tesis que sostuvo de inicio la Abogacía de la Generalitat.

La Fiscalía de Valencia considera que el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, evitaba "cualquier tipo de control" sobre la gestión de la empresa pública Emarsa. A él le solicita una pena de 20 años de prisión --seis más de los que le reclamaba inicialmente-- por prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales.

El ministerio público ha comenzado este lunes a exponer sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados.

Sobre Crespo, el ministerio público ha advertido de que "gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa". Así, como justificación de un desequilibrio patrimonial, el acusado "hacía creer a los funcionarios de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y miembros del consejo de administración de Emarsa que el problema traía causa de una financiación insuficiente por parte de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), explicación que no se ajustaba a los datos que reflejaban las cuentas de la empresa", ha dicho.

Así mismo, considera que el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y el ex director financiero Enrique Arnal, previo concierto con el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y el exjefe de del Departamento de Explotaciones de esta última entidad, Ignacio Bernácer, "valiéndose todos ellos de una posición de dominio y control", diseñaron un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Epsar financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación de Pinedo.

"El plan defraudatorio consistía en que la empresa o empresas intermediarias buscadas por los acusados se colocaría artificiosamente entre la facturación que Emarsa debía recibir del verdadero gestor de los lodos, emitiendo su propia facturación mendaz e incrementada injustificadamente, simulando la prestación del servicio gestión agrícola de los lodos al precio establecido desde la Entidad de Saneamiento, aproximadamente", ha expuesto.

Abonadas por los responsables de Emarsa las facturas que recibían de la intermediaria --ha proseguido--, "el responsable de esta mercantil pantalla procedería al cobro de las mismas, debiendo entregar la diferencia del precio cobrado y el coste real del servicio a los acusados, previo descuento de la oportuna comisión", ha aseverado.

Viajes y comidas

La fiscal también se ha referido a un desvío de fondos para viajes particulares y comidas, y ha narrado que Cuesta y Arnal, "haciendo un uso abusivo de los cargos que ocupaban en la empresa pública, en el periodo comprendido entre 2004 y 2010 contrataron con la mercantil Viajes Benimàmet SL múltiples viajes personales, que disfrutaban en unas ocasiones solos y, en otras ocasiones, acompañados de amigos y familiares".

"Dichos viajes fueron abonados con los fondos públicos que Epsar y Emshi ingresaban a la empresa pública Emarsa para hacer frente a los gastos de explotación y mantenimiento de la EDAR de Pinedo, hecho que era plenamente conocido por estos dos acusados". Cifra estos costes totales en 262.934,11 euros.