Puigdemont y cuatro exconsejeros confirman que no acudirán a declarar a la Audiencia

Carles Puigdemont ha emitido esta tarde un comunicado en el que se sigue atribuyendo la presidencia de la Generalitat y en el que arremete contra la justicia española. "El Gobierno legítimo de la Generalitat de Cataluña", empieza diciendo el comunicado, en el que expresa su posición ante las citaciones judiciales cursadas para este jueves y viernes en la Audiencia Nacional contra él y sus consejeros destituidos.

En opinión del expresidente el proceso judicial carece de "fundamento jurídico", solo "pretende castigar ideas" y es “un juicio político”. Puigdemont asegura también que los delitos de los que se les acusa a él y al que fue su Gobierno comportan penas "desproporcionadas" equiparables equivalentes a las del asesinato o el terrorismo.

En otro apartado se indica que "el presidente de la Generalitat"  ya explicó este martes desde Bruselas la fórmula con la que los exconsejeros afrontarían las citaciones y que vuelve a repetir: unos comparecerían en la Audiencia Nacional para "denunciar la falta de garantías del sistema judicial español", al tiempo que otro grupo se quedaría con él en Bruselas para "denunciar ante la comunidad internacional este juicio político" y emplazar a Europa a Buscar una solución.

El comunicado explica que “en ningún momento” ni Puigdemont ni los consejeros que se quedan en Bruselas pretenden eludir la acción de la justicia, sino que responderán a las citaciones “de acuerdo con los mecanismos que ya están previstos en la Unión Europea en estas circunstancias”.

Puigdemont quiere forzar así que la justicia española dicte una orden europea de detención que tardaría unos dos meses en resolverse por la justicia belga y que se resolvería después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre convocadas por Mariano Rajoy.

El texto concluye expresando "el compromiso de este Gobierno en la defensa de los derechos y libertades del pueblo catalán" y anuncia que Puigdemont y los que fueron sus consejeros afrontan "las penas de prisión" que les esperan como "una denuncia de la situación que vive la democracia" en España y como "un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo".