La falsa radiografía de Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dibujó ayer desde Bruselas la imagen de una España sin garantías democráticas ni legales que le impide regresar para afrontar un juicio “justo” por los delitos de sedición, rebelión y malversación a raíz del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.

Ignorando u olvidando la separación de poderes que existe en este país, el destituido mandatario catalán brindó —eso sí, en tres idiomas— un discurso, en la tónica habitual, plagado de argumentos contradictorios y medias verdades con las que buscó amparo internacional para su proyecto. Estos son los principales ejemplos.

"Desde el 1 de octubre nuestra mano ha sido extendida al diálogo hasta el infinito, llegando al límite de proponer la suspensión de la declaración de independencia”.

No es tender la mano suspender algo que es ilegal pues, de entrada, no puede ni debe ofrecerse. Y las ofertas de diálogo de Puigdemont fueron siempre en negativo: no acudió a la Conferencia de presidentes autonómicos, ni al Senado ni al Congreso cuando fue reiteradamente invitado a ello. Y solo se mostró dispuesto a dialogar con condiciones: siempre y cuando el diálogo versase sobre el formato y calendario del referéndum independentista.

“La agresividad del Estado de la que tenemos tantos ejemplos: 700 alcaldes querellados, las palizas a miles de personas que iban a ejercer su derecho al voto, la impunidad de la extrema derecha, las multas millonarias contra los organizadores de la consulta del 9 de noviembre, las querellas del fiscal Maza…”.

Las 700 querellas mencionadas están en estos momentos paralizadas, aunque no definitivamente archivadas: son una iniciativa de los fiscales, no de los jueces.

Y el alcance, modo y espectacularidad de la actuación policial del Estado el 1 de octubre, por discutible, ha sido muy discutido. Hubo muchos contusionados, dos heridos leves y dos graves, todos ellos recuperados. Pero si hay alguien que no está legitimado para ponerla en entredicho son los gobernantes catalanes que enviaron a los Mossos a reprimir a los indignados del 15-M y que vaciaron un ojo a una mujer, Esther Quintana.

No ha habido “multas millonarias” por organizar el 9-N de 2014, sino requerimiento del Tribunal de Cuentas a devolver el dinero público usado indebidamente por Artur Mas (5,2 millones de euros) para financiarlo.

“Es desde esta perspectiva que las medidas que ha adoptado el Govern desde el viernes siguen esta línea y son coherentes con los valores de la paz, el respeto a la pluralidad y a la neutralidad de las Administraciones que siempre hemos perseguido desde el Govern de la Generalitat”.

La Generalitat de Artur Mas y de Carles Puigdemont jamás ha mantenido “la neutralidad” de la que este se ufana. Y menos aún en los dos intentos de referéndums que emprendió, haciendo campaña militante, manipulando los medios públicos y despoderando a los diputados de la oposición. Los observadores internacionales que vigilaron el desarrollo de la última consulta concluyeron que no se cubrieron los estándares mínimos internacionalmente requeridos.

“Este gobierno podría haber optado por forzar a los funcionarios fieles al gobierno a iniciar una disputa por la hegemonía, pero ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos que no habrá violencia. No se puede edificar la república de todos desde la violencia. Si el Estado español quiere edificar su proyecto desde la violencia esta es su decisión, pero no nos puede arrastrar a un escenario que el movimiento soberanista ha rechazado de manera consistente, como debería hacer todo demócrata”.

Si Puigdemont considera que habría sido legítimo forzar a los funcionarios a emprender actividades ilegales, parece todo dicho de sus conceptos sobre la democracia y sobre la “neutralidad” de la Administración. Así que sobra su coletilla sobre que “no se puede construir la República de todos sobre la violencia”. Seguro que todos los catalanes quedarán sumamente agradecidos por esta graciosa concesión. La renuncia a la violencia desregulada no es algo graciable en democracia, sino una precondición de la misma.

También resulta curiosa la siguiente demostración de generosidad: que este respeto a los funcionarios se pague “al precio de ralentizar el despliegue de la República”.

“Una parte del Gobierno nos hemos ido a Bruselas… para denunciar la politización de la justicia española”.

Aunque la Justicia española es homologable a las de las demás democracias avanzadas, tiene defectos y su funcionamiento es mejorable. Pero ningún defecto de fábrica tan grave como el incluido en el diseño de la Justicia de la república catalana incluido en la ilegal (y suspendida) “ley de transitoriedad y fundacional” aprobada por el Parlament en los primeros minutos de la madrugada del 8 de septiembre: ese texto consagra(ría) un tribunal supremo cuyo presidente sería designado a dedo por el presidente de la república (y jefe del Ejecutivo o primer ministro: infrecuente acumulación de cargos en un país europeo).

Y además, todos los cargos judiciales serían nombrados por una comisión mixta en la que el Govern ostentaría mayoría de miembros. Ese sería el ejemplo perfecto de “politización de la justicia” y de la esclavitud del tercer poder ante el gubernativo: el fin del Estado de derecho.

La comparecencia completa de Puigdemont en Bruselas

“No abandonaremos en ningún caso el gobierno catalán, continuaremos trabajando pese a las limitaciones que impone la estrategia de no confrontación y asumiremos la defensa de la querella del Estado. Es una querella política y, por tanto, nos enfrentaremos desde una posición política, no jurídica”.

Pero ¿es que acaso Puigdemont había renunciado al cargo del que fue descabalgado? Es cierto que su viaje a Bruselas, el secretismo empleado, la ausencia de confirmaciones y las manifestaciones de un peculiar abogado belga connotaron su viaje con los tintes de una escapada o fuga en busca de protección individual, en forma de asilo.

El propio viceprimer ministro y titular de Economía belga, el flamenco Kris Peeters, subrayó públicamente esa extraña conducta al aseverar que cuando un líder llama a la independencia “más vale quedarse cerca de su pueblo”.

Por lo demás, la querella del fiscal será acertada, muy mejorable o pluscuamperfecta, pero solo sería “política” si denunciase hechos políticos, y lo que hace es calificar conductas (aunque de origen político) presuntamente aquejadas de ilegalidad y susceptibles de incurrir en tipos delictivos del Código Penal. Considerar que los comportamientos de un dirigente político, por ser él quien es, quedan automáticamente excluidos de la aplicación de las leyes, es otorgarle un privilegio de inmunidad y una patente de impunidad que no vienen recogidas ni en la Constitución ni en el Estatut.

La frase del exmandatario asegurando que volvería a Cataluña “si se le garantizase un juicio justo” es del mismo tenor. ¿De qué garantías se trata? ¿Garantías procesales, que son por definición universales para todos los ciudadanos españoles? ¿O de privilegios personalizados por razón del rango perdido?

Además, la atribución de que las acciones judiciales suponen una “grave injusticia que plantea el Gobierno español” ignora la separación de poderes y la independencia judicial. Otra cosa es la actuación del ministerio fiscal, que aunque formalmente independiente, puede serlo de facto, en mayor o menor medida, según las características de quien lo encarne.

Pero incluso así, la judicatura ejerce su independencia respecto del ministerio público. En un mismo procedimiento puede imponer cautelares muy fuertes a unos (los dos Jordis, en prisión provisional decidida por la Audiencia Nacional) y más suaves a otros (el exjefe y la intendente de los Mossos, que deben presentarse periódicamente al juzgado y no pueden viajar al extranjero), pese a que el fiscal haya pedido la misma medida cautelar para todos ellos.

“Daremos apoyo a las diferentes iniciativas que se están poniendo y se pondrán en marcha para evitar que el 155 se lleve a la práctica y acabe desmontando el sistema institucional catalán (...) Asumimos las elecciones que ha planteado el Estado español como un reto democrático”.

Es contradictorio asumir que las elecciones del 21-D son “un reto democrático” y manifestar apoyo a las “iniciativas” dedicadas a “evitar” la aplicación del 155. Porque estas elecciones las ha convocado Mariano Rajoy (podría haberlo hecho perfectamente Puigdemont) basándose justamente en el 155. ¿Son un reto o un mal a evitar?

“La gente que salvó las escuelas el 1 de octubre salvará, estoy seguro, nuestras instituciones”.

La tendencia del político gerundense a deslocalizar, centrifugar y trasladar sus responsabilidades a los demás continúa muy viva. El problema de esta autoexoneración de responsabilidades es que acaba convirtiendo a los ciudadanos en escudos humanos de cualquier desacierto o dislate.

“Nosotros respetaremos el resultado de las elecciones, como hemos hecho siempre”.

Falso. El bloque secesionista obtuvo menos del 50% del voto popular en las últimas elecciones autonómicas, y consideró que con ello obtenía un presunto “mandato democrático” para emprender el camino a la independencia unilateral. No respetó sino que manipuló políticamente el resultado, erigiéndose así en el gobierno de una fracción, amplia pero minoritaria, de la ciudadanía catalana.

“La causa de los catalanes es la causa de los valores en que se fundamenta Europa”.

Las instituciones y los Gobiernos de la Unión Europea (UE) ya han dictaminado en múltiples ocasiones que la causa del separatismo catalán atenta contra los principios europeos en cuanto que ha optado por vulnerar el ordenamiento constitucional español, protegido en el artículo 4 del Tratado de Lisboa.

La apelación etérea a los valores democráticos, especialmente si se han conculcado, tiene escasa relevancia en términos europeos. Al menos si no va acompañada de otros valores fundacionales, como la oposición a los egoísmos nacionalistas.

Adicionalmente, la UE, ejemplo mundial en la destrucción de fronteras interiores, no debe arriesgarse a crear otras nuevas, so pena de reinstaurar los riesgos para la estabilidad continental que desembocaron en las dos guerras mundiales.

“Trabajamos para que sea imposible que el PP, el PSOE y Ciudadanos desmonten las instituciones catalanas”.

Fue el bloque secesionista el que desmontó y desarticuló las instituciones autonómicas catalanas al abrogar el Estatut mediante las leyes de ruptura aprobadas el 6 y 8 de septiembre pasados. De lo que se trata ahora es justamente de hacer lo con