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Un mercado en las últimas y dividido

Una sentencia confirma el cierre de la galería de La Elipa, sin licencia desde 1964, en la que subsisten seis puestos

Carmen Pérez-Lanzac
La galería comercial de La Elipa, la semana pasada.
La galería comercial de La Elipa, la semana pasada.ÁLVARO GARCÍA

Los seis locales que todavía sobreviven en la galería comercial de La Elipa pueden tener sus días contados. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 ha confirmado una sentencia anterior —que fue recurrida— ordenando el cierre total del mercado, que tendrá que llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid por su falta de licencia.

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La historia de esta galería se remonta a 1964, año en que abrió las puertas la galería comercial de La Elipa, con 113 puestos de venta. Pero abrieron sin licencia de construcción ni de mantenimiento, sumado a otros problemas de seguridad y accesibilidad, como descubrió años más tarde una junta alternativa a la que llevaba 25 años gestionando el mercado. La justicia ha vuelto a darles la razón.

Margarita Maestro, dueña de un local que compró en 1996 para abrir una peluquería que tuvo que cerrar en 2002, es la secretaria de esa junta alternativa, que llegó a dirgir el mercado, pero solo durante nueve meses, entre abril y diciembre de 2014. El 28 de diciembre, una asamblea de una parte de los dueños de los puestos del mercado se autonombró responsable del mercado. Meses más tarde una sentencia firme reconoció que la asamblea que se constituyó fue nula, así como todo lo decidido por ellos desde entonces, pero estos siguieron respondiendo a las solicitudes que llegaban al mercado en nombre de todos los socios. Ambas partes mantienen un litigio desde entonces. Vidal Parray, del bando enfrentado con Maestro, afirma que el motivo de su destitución es que esta se puso un sueldo y que ha sometido al mercado a inspecciones constantes. Niega ninguna validez a la junta que lideró Maestro y afirma que la válida es la que ganó el 28 de diciembre.

Maestro ha recibido denuncias penales que han sido sobreseídas y está cansada del caso: “¿Cómo se entiende que paguemos todos gastos de comunidad de entre 100 y 1.100 euros y no se hayan subsanado las deficiencias estructurales de las distintas ITES?”. El Acta Desfavorable de Inspección Técnica de Edificios recoge una sucesión de desperfectos (por humedades, oxidación, suciedad acumulada…) y otros por falta de mantenimiento del edificio.

Uno de los objetivos de los propietarios de este mercado es que se venda el terreno que ocupa, de 5.000 metros cuadrados, en la calle de María Teresa Saenz de Heredia, en zona de la capital en la que no hay suelo disponible de esa superficie. En concreto el mercado ocupa 5.100 metros: 1.700 por cada una de sus tres plantas.

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Uno de los puntos de fricción entre ambas partes es el coeficiente de participación del reparto de los ingresos en caso de venta. Así, sostiene Maestro, el objetivo de la otra parte es que los dueños de las tiendas actualmente abiertas en el mercado, que son seis, tengan una mayor participación en los ingresos. “En un acta se informaba a los dueños de los puestos que tenían valorar que los puestos cerrados tuvieran un menor reparto de las ganancias respecto a los otros por estar abiertos”, dice Maestro. “Diferenciamos los locales abiertos de los cerrados ya que su valor real debe ser otro mayor”, decía textualmente el acta. Parray, por su parte, sostiene que es lógico que quienes tienen un local abierto y funcionando aspiren a una mayor participación de los ingresos. Y subraya que redujeron los gastos de comunidad a los propietarios con locales cerrados.

Maestro también se indigna porque las sentencias que están saliendo a su favor, y que están condenando a costas a la otra parte, estos las están pagando con los gastos de comunidad que ella también abona. “La situación es insostenible”, termina Maestro.

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Sobre la firma

Carmen Pérez-Lanzac
Redactora. Coordina las entrevistas y las prepublicaciones del suplemento 'Ideas', EL PAÍS. Antes ha cubierto temas sociales y entrevistado a personalidades de la cultura. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo de El País. German Marshall Fellow.

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