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El mercado sin papeles

El Colegio de Arquitectos firma un demoledor informe sobre la galería de la Elipa porque carece de licencias

Interior del mercado de La Elipa, con varios puestos cerrados. Ampliar foto
Interior del mercado de La Elipa, con varios puestos cerrados.

En 1964 abrió sus puertas la llamada Galería Comercial de la Elipa. Pero lo hizo sin licencia de construcción ni de funcionamiento. Cincuenta años después este espacio privado sigue en la misma situación administrativa. Una irregularidad que confirman por escrito el Archivo de la Villa y la Subdirección General de Actividades Económicas —ambas dependientes del Ayuntamiento de Madrid— y la Fiscalía Provincial de la Vivienda de la Comunidad. Ilegalidades que se unen a problemas de seguridad y de accesibilidad en el mercado y que han salido a relucir al hacerse cargo una nueva gerencia de la galería comercial. Además, el Colegio de Arquitectos ha firmado un informe donde se detallan todas las deficiencias del mercado.

“¿Por qué el Ayuntamiento hace la vista gorda?”, pregunta el PSOE

“No existen sistemas de accesibilidad, ni rampas ni plataformas elevables, no existe ascensor interior (…) Se ha detectado falta de barandillas y pasamanos en escaleras interiores y exteriores…”, señala el citado informe de los arquitectos madrileños. “Habría que hacer un estudio sobre si el suelo es resbaladizo y sobre el correcto grado de iluminación de las zonas comunes”, añade el estudio colegial.

“¿Y por qué el Ayuntamiento hace la vista gorda?”, se pregunta el concejal socialista Gabriel Calles. “Porque si cierra un mercado privado, tendría que dotar de ese servicio al barrio”, se responde él mismo.

El documento de los arquitectos incide también en las instalaciones contraincendios: los extintores no se ajustan a las características permitidas, no hay centralita de incendios, ni tampoco red de pulsadores ni de alarmas, barras antipánico, un aljibe que almacene el agua para un siniestro con llamas o un grifo para dar servicio a las mangueras.

En la actualidad, de los 113 puestos y almacenes posibles apenas una veintena siguen abiertos y a duras penas. La idea es vender el mercado —casi el único terreno urbanizable en las proximidades de la calle de O’Donnell— y no sería difícil, pues una docena de empresas del sector de la alimentación están interesadas.

1,2 millones en reformas

El Ayuntamiento de Madrid va a gastarse en dos años 2.265.000 euros en el Plan de Innovación y Transformación de los Mercados Municipales. De este total, unos 1,2 millones se van a destinar a reparar una docena de centros que no cumplen la normativa en varios apartados.

Cinco de ellos —los mercados de San Cristóbal, Villa de Vallecas, Orcasitas, Orcasur y La Cebada— concentran el 80,4% del gasto (1.014.000 euros). Ninguno ha pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE). El resto tiene problemas de accesibilidad, normativa de incendios o de cartelería exterior y de reformas pendientes.

Los datos no convencen al Partido Socialista, porque los mercados están en inmuebles del Consistorio, pero en manos privadas. “Todo lo que afecta a la gestión del mercado —su mantenimiento, reforma o mejora— está regulado en los pliegos de la concesión y en la ordenanza. ¿Por qué entonces las obras las pagan todos los madrileños y no los concesionarios de los mercados?”, se plantea Gabriel Calles, portavoz socialista de Economía. El edil recuerda que “no se trata de subvenciones sino de inversiones” y se pregunta desde cuándo se incumplen las ITE. Calles considera que la libertad de horarios está matando los mercados, que generan vida de barrio. Reclama dos nuevos para Carabanchel.

Y, además, podrían construirse arriba pisos, porque tiene también uso residencial. Pero antes de recibir ofertas en firme, la nueva directiva —cuyos componentes tienen el puesto cerrado— hurgó en los papeles para presentar las licencias y descubrió que no existían. Cuando en 1984 la empresa que fundó la galería la vendió a los propietarios de los locales, aseguró estar en trámites para lograr los permisos y nadie luego se preocupó de cerciorarse de que existían o prefirió no informar.

En 1994, el Ayuntamiento reclamó los papeles al mercado y en dos ocasiones más volvió a amonestarlos, pero ahí terminó todo. Frente a esta ilegalidad, los dueños sí que pidieron licencia para sus puestos y pagan anualmente el mantenimiento, el IBI y las tasas de basuras al Consistorio.

El estudio de los arquitectos no valora el estado de las máquinas de climatización o la ventilación natural existente. Sin embargo, en otro segundo informe sostiene que en la planta destinada a almacenes —la baja rasante se dedica a la venta al público y la superior, con los puestos vacíos sirve de oficina— se alcanzan los 45 grados de temperatura.

El pasado junio el grupo socialista preguntó en el pleno del distrito de Ciudad Lineal por la normativa vigente de accesibilidad y por la protección contra incendios. Pero no obtuvo una respuesta clara. “La única competencia del distrito es la relativa a cuestiones de sanidad, no existiendo a día de hoy ninguna denuncia pendiente”, dijo la presidenta del distrito, Elena Sánchez Gallar. Calles, que también portavoz adjunto de la Comisión de Economía, se indigna: “La presidenta no puede pedir que se llame a otra puerta. Tiene que mandar inspectores en 24 horas. Cualquier día va a haber un accidente, pero están en una guerra entre ellos y el último que salga que cierre la puerta”, afirma el edil del PSOE.

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