Carmena responde al Tribunal Superior para evitar la anulación de créditos por 270 millones

El gobierno local ha anunciado que ha presentado un escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde rechaza las medidas cautelares solicitadas por la delegación del Gobierno para paralizar gastos por 272 millones de euros. Hacienda, a través de la delegación de Gobierno, instó al equipo de Manuela Carmena a corregir unos suplementos de créditos que, en su opinión, violaban la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El TSJM recibió un recurso por parte de la delegación del Gobierno en el que el que se solicitaba como medida cautelar la suspensión de los acuerdos de gasto.

La tesis del gobierno local es que los fondos que sirven para financiar proyectos de inversiones se recuperan del remanente de tesorería, es decir, el saldo que determina la solvencia de la administración. Según el Ayuntamiento, "ninguno de los argumentos expuesto por la abogacía del Estado en nombre de la delegación goza de virtualidad jurídica", puesto que los 272 millones de euros proceden del remanente de tesorería.

El gobierno de Ahora Madrid defiende la legalidad de su actuación y recuerda que la capital goza de un superávit de 1.000 millones de euros. "Como el Ayuntamiento contaba con un superávit superior a los 1.000 millones de euros en 2016, se ha hecho uso de una parte de ese remanente para aprobar actuaciones por la vía de las Inversiones Financieramente Sostenibles", reza la nota municipal.

Sin embargo, Hacienda cree que el Consistorio recuperó dinero de partidas que habían sido bloqueadas para cumplir con la Ley de Estabilidad. En concreto, varias retenciones de créditos por 238 millones, aprobadas en la primera parte del año. Algo que infringiría la Ley. 

El Ejecutivo local de Manuela Carmena expone en su escrito que dichas medidas cautelares perjudicarían a los "intereses generales, a los intereses públicos del Ayuntamiento de Madrid y también, directamente, a los intereses particulares de los beneficiarios de esos importes". A juicio del Gobierno local "carece de base jurídica" decir que no se puede incrementar el gasto en los capítulos del presupuesto a los que hacen referencia dichos acuerdos de no disponibilidad.