El Gobierno considera ilegales las maniobras financieras de Carmena

La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Concepción Dancausa (PP), ha denunciado que las maniobras del Ayuntamiento de la capital para encontrar 302 millones de euros con los que financiar varios programas de inversiones son irregulares. El Ministerio de Hacienda había obligado al gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) a congelar 238 millones de las cuentas de este año, por haberlos gastado de más en 2016. Sin embargo, el Consistorio logró sacar adelante en el pleno varios acuerdos para habilitar 302 millones y evitar la aplicación de recortes. Ahora afirma que seguirá con su plan.

En dos cartas enviadas en julio y agosto de 2017, el organismo dirigido por Dancausa insta al gobierno de Carmena a anular 12 “suplementos” de “créditos extraordinarios” aprobados para sortear la paralización de 238 millones en cumplimiento de la Ley de Estabilidad. Estos acuerdos permiten al Ayuntamiento recuperar 302 millones, que el gobierno local quiere destinar a inversiones, pero que según el organismo que representa al Gobierno incumplen la ley.

En concreto, la delegación sostiene que el Ayuntamiento utiliza fondos de partidas que se había comprometido a congelar. Una maniobra financiera que no solo infringiría la ley, sino que rompería de facto los acuerdos establecidos entre la propia alcaldesa y Montoro, tal y como se desprende de las misivas a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

El equipo de Manuela Carmena cree, en cambio, que el requerimiento de la delegación “no tiene sentido”. Por ello, asegura que “no va a proceder” a la anulación de los acuerdos plenarios, porque, en su opinión, “no se ajustan a derecho”.

Desde el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, dirigida por Carlos Sánchez Mato, sostienen que esos 302 millones se recuperan “legalmente” del remanente de tesorería del Ayuntamiento (el saldo que determina la solvencia de la administración), que ascendió a 463 millones. El gobierno de Ahora Madrid añade que anular esos suplementos de créditos paralizaría 577 actuaciones municipales (de las que un 40% ya estaría en marcha). Se trata, según detalla el Consistorio, de compras de autobuses, mejoras y construcción de edificios públicos y “obras prioritarias” exigidas en los plenos de los distritos.

Fuentes de Hacienda señalan que las corporaciones locales deben remitirse a la ley y son ellas las que deben fijar las partidas de las que recaudar el dinero para cumplir con la normativa. En este sentido, remarcan que la decisión de Madrid de sacar esos fondos de las inversiones fue del gobierno que lidera Carmena. Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno inciden que el organismo ha enviado sendos “requerimientos de anulación” a varios Ayuntamientos “de todos los colores políticos”.

Intentan así quitar hierro a una cuestión que tiene una vertiente política. En el pasado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, criticó la gestión del equipo de Carmena. Tras detectar un incumplimiento del techo de gasto reiterado, obligó a retener 238 millones de las cuentas municipales en cumplimiento de una normativa que permitió obtener los fondos europeos para el rescate bancario español.

El pulso entre Ayuntamiento y Hacienda se prolongó durante todo el segundo semestre del año pasado. La propia alcaldesa tuvo que intervenir asegurando que el Ayuntamiento cumplirá la ley, aunque recurrió a los tribunales para lograr una interpretación diferente de la misma. Decidió participar en las reuniones con Montoro, corrigiendo a veces las posturas más radicales de su delegado.

La oposición criticó que el gobierno de Ahora Madrid sobrepasó el techo de gasto en 2016 por la compra a última hora de un edificio (104 millones) y suelo (130 millones) para “maquillar” la “decepcionante” ejecución de inversiones públicas. Por su parte, el gobierno local se quejó de que en una situación de solvencia económica (con un superávit de 1.000 millones) el Ayuntamiento no pueda aplicar políticas expansivas de gasto.

La oposición se divide

El PSOE, socio de investidura de Carmena, a menudo crítico con la política económica de Ahora Madrid, apoya esta vez la decisión de Sánchez Mato. Considera que el requerimiento de la Delegación de Gobierno “no persigue la estabilidad presupuestaria, sino provocar recortes sociales” y que “el Ayuntamiento ha demostrado un mejor comportamiento en materia de estabilidad presupuestaria que el propio Gobierno central o la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP”.

El PP, por su parte, exige a Carmena que “cumpla la ley” y pide el cese del delegado de Economía ante “la nueva advertencia de Hacienda”. Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos, se suma a la petición de destitución del concejal de Ahora Madrid. Ciudadanos acusa a Mato de utilizar a los madrileños como “rehenes” en sus “disputas” con Hacienda y que esa actuación supone una “gran irresponsabilidad”.