Carmena prevé duplicar el exceso de gasto hasta los 440 millones

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, prevé duplicar el incumplimiento del techo de gasto con respeto al año pasado hasta los 440 millones de euros. El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef) revela que el superávit municipal caerá un 40% y sugiere a Hacienda adoptar medidas coercitivas para frenar la política de gasto del Consistorio. El año pasado, el gobierno de Carmena gastó 234 millones más de lo permitido. A raíz de esa infracción, tiene que congelar una cifra correspondiente de los presupuestos. El Ayuntamiento asegura que no se recortará del capítulo de inversiones.

Las cuentas municipales de Madrid han alertado al organismo independiente que vigila el cumplimiento de las normativas fiscales por parte de las corporaciones locales. En su Informe sobre el cumplimiento esperado del objetivo de 2017, la autoridad fiscal coloca a Madrid entre las ciudades “en riesgo muy alto de incumplimiento de alguna regla fiscal”. Solo Palma de Mallorca está en una situación semejante.

El incumplimiento del techo de gasto alcanzará, según las previsiones municipales, los 440 millones en 2017. Casi el doble de 2016, cuando fue de 234. Nada más llegar a la alcaldía, en 2015, Ahora Madrid, coalición que orbita en torno a Podemos, gastó 17 millones más de lo consentido. Por el reiterado incumplimiento de la Ley de Estabilidad, el Ayuntamiento redactó un plan de reajuste, llamado Plan Económico y Financiero (PEF), que nunca fue aprobado por el ministerio de Hacienda (en cada plan se recogían incumplimientos del techo de gasto para los años venideros).

“Ante una previsión de incumplimiento de la regla de gasto de 2017 por 440 millones, sin contar con la cobertura de un PEF pendiente de aprobación desde 2016, se recomienda la aplicación del citado artículo para evitar el incumplimiento”, reza el informe. La Airef recomienda en concreto adoptar las medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad (artículo 25). Se trata de mecanismos progresivos que obligan a la entidad a cumplir con la ley y van desde la congelación de una suma de dinero correspondiente al incumplimiento hasta el envío de hombre de negro.

El Ayuntamiento de Madrid explicó este domingo que respetará el marco legal vigente, aunque critica que la Ley de Estabilidad obligue a frenar los planes de gasto pese a que las arcas municipales están perfectamente saneadas con más de 1.000 millones de superávit. Señala que insistirá en “la necesidad de una nueva interpretación de la regla de gasto ajustada a la realidad de los ayuntamientos y sus necesidades”.

Desde el Área de Economía y Hacienda, dirigida por el concejal Carlos Sánchez Mato, señalan que “el Ayuntamiento sigue comprometido en realizar todas las inversiones necesarias para la ciudad y sus habitantes”. Está previsto que el gobierno local “proporcione a mediados de agosto datos de ejecución en el primer semestre”, agregó. A partir de ese momento, se comprobará si el incumplimiento previsto sigue por los 440 millones.

El año pasado, el Ayuntamiento ejecutó un total de 379 millones de inversiones. Pero centenares de proyectos no se llevaron a cabo. La mayoría de ese dinero (el 62%) se destinó a comprar un edificio por 104 millones y adquirir terrenos, por otros 130. A raíz del exceso de gasto registrado, el gobierno de Ahora Madrid debe retener 238 millones de los presupuestos para la ciudad. Si de aquí a diciembre el Ayuntamiento no corrige su política económica, podría tener que bloquear hasta 400 millones: es decir, más de todo lo invertido en 2016.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera se incluyó en la legislación española en 2012 tras el pacto fiscal europeo y la modificación del artículo 135 de la Constitución. Su objetivo es garantizar la estabilidad financiera a través del control del desembolso público. Carmena se sumó al grupo de alcaldes que piden correcciones a los criterios de cálculo del techo de gasto para las entidades locales. El gobierno de Ahora Madrid cree que esta norma es “atrasada” y acaba siendo “un obstáculo para que los ayuntamientos presten servicios de calidad y eficiencia”.