El Consistorio recurre ante el juez la limitación del gasto

El Ayuntamiento de la capital, dirigido por Manuela Carmena, recurrió este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el cómputo del techo de gasto de 2016 y 2017 con la esperanza de frenar la inmovilización de 238 millones de euros por incumplir la ley. El equipo de Carmena llevará al juez una documentación que propone un cálculo alternativo del límite al desembolso público establecido por el Ministerio de Hacienda. Este lo ha rechazado dos veces. Según el equipo de Ahora Madrid, el Consistorio está en una situación de "indefensión".

Todo está listo para que el Ayuntamiento de Madrid congele 238 millones de euros de las cuentas municipales. El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, tiene previsto llevar al pleno de esta semana el segundo y último bloque de retención de créditos impuesto por el Ministerio de Hacienda por los excesos de gasto de los últimos dos años (250 millones). Sin medidas correctivas, el Ayuntamiento podría tener que renunciar al 60% de las inversiones previstas.

Acatar esa retención de crédito no significa, sin embargo, aceptar la normativa. Según el equipo de Carmena, el cálculo del techo de gasto es cuestionable. A través del recurso contencioso-administrativo presentado este lunes, el Consistorio espera que un juez detecte "una incorrecta interpretación de la ley y una incongruencia jurídica" que coloca al Consistorio "en una situación de indefensión", según afirmó la portavoz Rita Maestre.

Este es el último capítulo de un pulso que el gobierno de Carmena ha mantenido con Hacienda en los últimos meses. Maestre critica que una ciudad como Madrid, con un superávit de 1.000 millones, y que reduce deuda por encima de lo esperado, tenga que recortar tanto dinero. El departamento que dirige Cristóbal Montoro subraya, en cambio, que el cálculo de la regla de gasto no es interpretable. Y recuerda que su función es vigilar el cumplimiento de la ley, de acuerdo con los pactos comunitarios.

Operación de "maquillaje"

Los partidos de la oposición (PSOE, PP y Ciudadanos) critican al equipo de Carmena. Sostienen que el gobierno local habría podido evitar las medidas coercitivas de Hacienda si no hubiese comprado el año pasado un edificio por 104 millones, además de parcelas de terrenos por 130. Estas operaciones, sostienen los grupos municipales, se llevaron a cabo para "maquillar" la escasa ejecución de inversiones en obras públicos y proyectos para la ciudad.

Sánchez Mato aseguró este lunes que la inmovilización de créditos no afectará a los servicios municipales. Recordó que parte de las actuaciones previstas (unos 100 millones) se recuperarán del remanente de tesorería, a través de las inversiones financieramente sostenibles. Una opción, ésta, que no será fácil de cumplir porque esas inversiones están sometidas a requisitos muy estrictos.

"Hay motivos legales más que suficientes para discutir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y las medidas adoptadas por el ministerio en perjuicio de la ciudad de Madrid", insistió el concejal de Economía. La Ley de Estabilidad Presupuestaria se integró en la legislación española en 2013, tras la firma del pacto fiscal europeo, que permitió a España obtener los fondos para evitar la quiebra del sistema financiero.