Montoro retiene 238 millones a Madrid por incumplir la regla de gasto

El Ayuntamiento tiene 15 días para reducir sus previsiones de gasto y cumplir con la Ley de Estabilidad

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.Kike Parra

El Ministerio de Hacienda envió este miércoles una carta al Ayuntamiento de Madrid exigiéndole que congele 238 millones de euros por incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según ha sabido EL PAÍS. En concreto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro pretende que el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) disponga un "acuerdo de no disponibilidad de crédito" por un importe equivalente al que el año pasado sobrepasó el techo de gasto. De no cumplir con esta obligación, el Ayuntamiento podría enfrentarse a penalizaciones y hasta al envío de "expertos" al Consistorio.

El año pasado, el Ayuntamiento de Madrid superó en 233 millones la regla de gasto (tope legal de desembolso de las entidades públicas). A partir de ese incumplimiento, que se sumó al del año anterior —por un importe de 17 millones—, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha los primeros mecanismos coercitivos para obligar al Consistorio a cumplir con la norma nacional.

En la mañana de este miércoles, Hacienda envió una carta al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, instándole a que proceda, en un plazo de 15 días, a "remitir el acuerdo plenario de adopción de la no disponibilidad de crédito". Esto significa que el Consistorio debe bloquear de sus previsiones de gasto para este año 238 millones (cifra que incluye los intereses de variación) para cumplir con la Ley de Estabilidad. Dicha normativa se introdujo en España tras la firma del Pacto Fiscal Europeo de 2012 que permitió obtener el dinero necesario para abonar el rescate bancario.

Medidas de cumplimiento forzoso

Depósito de 131 millones. La ley establece que si una corporación local, tras incumplir la regla de gasto, no adopta el acuerdo de no disponibilidad de crédito, tendrá que abrir un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal. En el caso de Madrid, de unos 130 millones.

Comisión de expertos. De mantenerse la negativa por parte de la corporación local, la ley contempla el envío de una "comisión de expertos" que tome el control de la entidad.

Disolución. Si el Ayuntamiento sigue en su posición de rechazo, Hacienda puede aplicar la última medida coercitiva prevista: "La disolución de los órganos de la Corporación local incumplidora".

Interés general. Esta última medida se enmarca en la consideración de que el incumplimiento de los principios de estabilidad financiera es "gravemente dañoso para los intereses generales".

El Ayuntamiento de la capital gestiona cada año un presupuesto de más de 4.000 millones. El grueso de esta cifra se refiere al pago de sueldos de funcionarios y gastos financieros y de servicios imprescindibles. Por esta razón, la retención de gasto que pide Hacienda recaerá, con toda probabilidad, en partidas de inversiones (unos 300 millones), o de actuaciones como subvenciones, elaboración de estudios y propaganda, que podría alcanzar este año los 30 millones.

El Ayuntamiento tiene 15 días naturales para presentar alegaciones. Este miércoles aseguró no haber recibido la carta —se entrega de forma telemática—, pero si decide enfrentarse a Hacienda, la ley prevé mecanismos coercitivos que Montoro podría aplicar. Estos son obligar el Ayuntamiento a depositar en el Banco de España 130 millones (además de congelar los 238 millones) o enviar un grupo de "expertos" al Consistorio para que sustituyan a la alcaldesa y a su equipo en la gestión de la ciudad.

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El gobierno de Carmena, y sobre todo su responsable de Economía, Carlos Sánchez Mato, denuncian que la Ley de Estabilidad encorseta el Ayuntamiento de forma "injusta". Se apoyan en la crítica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el cálculo de la regla de gasto. Y ven ilógico renunciar a políticas expansivas cuando las arcas municipales gozan de un superávit de 1.000 millones de euros.

La oposición, sin embargo, achaca las desavenencias con Montoro a decisiones equivocadas del gobierno local. El año pasado, el ejecutivo de Carmena compró un edificio en la calle de Alcalá por 104 millones y adquirió suelo por más de 130. La oposición sostiene que estas operaciones sirvieron para "maquillar" la baja ejecución de las inversiones locales y que, sin estas actuaciones de última hora, no se habría sobrepasado el gasto máximo.

Íñigo Henríquez de Luna, número dos del PP en el Ayuntamiento, afirma que "las cuentas municipales están fuera de la ley". Denuncia que para este año el Consistorio tiene previsto volver incumplir la regla presupuestaria en otros 387 millones y que el edil de Economía se ha convertido en otro caso Celia Mayer para Carmena. Mayer fue la exconcejal de Cultura destituida por su gestión en marzo. "Mato es un problema para el Ayuntamiento, porque sus mentiras y falta de rigor dificultan las relaciones con Hacienda", considera el edil del grupo de Esperanza Aguirre.

Pulso con Hacienda

El pulso con el departamento de Montoro empezó a emerger en verano de 2016, cuando el Ayuntamiento elaboró un documento —el Plan Económico y Financiero (PEF)— donde tenía que detallar cómo reconducir la senda de gasto excedida. Tras varias misivas entre Montoro y Sánchez Mato, Carmena intervino personalmente para apaciguar la situación.

La alcaldesa quería crear una empresa municipal para la limpieza y habló con Montoro para buscar una solución. Sin embargo, el ministro le explicó que, debido al incumplimiento del techo de gasto, ese proyecto no podía llevarse a cabo. Y advirtió sobre la posible suspensión de Sánchez Mato.

La Ley de Estabilidad cifra el gasto permitido de las entidades locales a través de un cálculo ponderado sobre el PIB nacional a medio plazo. Para 2015, el límite marcado fue del 1,3% y ese techo fue superado por el Ayuntamiento en 17 millones. El año pasado, con una tasa de referencia al 1,8%, el incumplimiento del Consistorio fue de 233 millones.

Un plan económico que "interpreta" la normativa

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 29 de marzo, con los votos de Ahora Madrid y del PSOE, un Plan Económico y Financiero (PEF) que recoge una "interpretación" alternativa de la regla de gasto. El año pasado, el gobierno de Manuela Carmena sobrepasó la cota de desembolso permitido en 233 millones de euros, además del incumplimiento de 17 millones del año anterior.

El PEF que el Ayuntamiento entregó a Hacienda propone un método de cálculo alternativo para concluir que ese incumplimiento en realidad no se había producido. En lugar de calcular el margen del gasto permitido en función del PIB nacional del año pasado, tal y como ordena Hacienda, el Consistorio propone un cálculo moldeado sobre el PIB del año 2013.

El PP y Ciudadanos calificaron ese planteamiento de "desafío" a Hacienda. "Usted ha incumplido la regla de gasto solo para mejorar la ejecución presupuestaria", afirmó Henríquez de Luna, del PP, quien agregó que "por las buenas o por las malas" el Consistorio deberá "cumplir la ley". El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, contestó que el Ayuntamiento, que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros, y está amortizando deuda a ritmo récord, no puede asegurar servicios a la ciudad debido a una "interpretación de la ley injusta".

El nuevo PEF está siendo analizado por Hacienda. El anterior —relativo al incumplimiento de 17 millones en 2015— fue sin embargo ya rechazado. Por esta razón el Ayuntamiento se ve expuesto a las medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

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