El Gobierno pide al juez que paralice los gastos municipales no autorizados

La Delegación del Gobierno en Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra varios acuerdos de créditos, por un total de 275 millones de euros, aprobados antes del verano por el ejecutivo de Manuela Carmena. La delegación, que da trámite así a una denuncia previa del Ministerio de Hacienda, considera que el Consistorio financia parte de sus inversiones con fondos bloqueados por el incumplimiento de la Ley de Estabilidad. De admitirse a trámite el recurso y fallar los jueces a favor de la delegación, el Ayuntamiento deberá anular esos acuerdos de créditos y paralizar sus operaciones.

Este recurso de la Delegación del Gobierno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es el último y definitivo paso para aclarar la legitimidad de nueve acuerdos de créditos aprobados el 28 de junio y el 20 de julio de 2017. El Consistorio sobrepasó el techo de gasto en 2015 y 2016 en más de 250 millones, y este año se vio obligado a congelar otros 238 para cumplir con la Ley de Estabilidad. Sin embargo, según el análisis de Hacienda, el equipo de Carmena acabó cogiendo el dinero para sus planes de gasto de este año de esas partidas que se había comprometido a congelar, en lugar que buscarlo en otras partidas. Algo que Hacienda considera ilegal.

Por ello, el ministerio instó a la delegación a presentar un recurso. Si el tribunal decide la suspensión de los acuerdos, eso supondrá la paralización de facto de expedientes de gasto por 275 millones de euros. Es decir, que al considerarse improcedentes, los mismos servicios de Intervención del Ayuntamiento no aprobarán los expedientes que dependen de dichas suspensiones.

La cantidad de medidas que podrían verse afectadas por este recurso es ingente. El año pasado, el Ayuntamiento ejecutó 379 millones en inversiones. Este año, el gobierno de Carmena decidió desembolsar más de 500 millones en ese capítulo, por lo que la suspensión podría afectar al 50% de estas operaciones, a menos de dos años del cierre del mandato.

Este viernes, una portavoz del área de Economía afirmó que el gobierno trabaja para "dar respuesta al recurso en tiempo y forma y en el marco de la legalidad". Según el Consistorio, la financiación cuestionada proviene del remanente de tesorería y no de los fondos bloqueados, que siguen "plenamente vigentes". El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato (IU), afirmó el pasado 19 de septiembre que buena parte del gasto que el Gobierno denuncia en los tribunales ya se está realizando.

El ejecutivo local critica el cálculo del techo de gasto de la Ley de Estabilidad. Esta norma se introdujo después del pacto fiscal europeo para garantizar el equilibrio financiero de las corporaciones locales, pero tanto Ahora Madrid, coalición liderada por Podemos, como el PSOE -según afirmó en comisiones y pleno la edil Erika Rodríguez- abogan por modificar los parámetros que fijan el techo de gasto.

PP y Ciudadanos asocian, en cambio, los posibles problemas de financiación del Ayuntamiento a la política del gobierno de Carmena. Subrayan que sin la compra a última hora el año pasado de un edificio en la calle de Alcalá (104 millones) y de terrenos (130 millones) no se habría incumplido la Ley de Estabilidad. Y este año no se habrían tenido que congelar así 238 millones. Según estos partidos, el año pasado el Ayuntamiento quiso "maquillar" su ejecución presupuestaria para evitar que la prensa recogiera los niveles de ejecución de inversiones más bajos de los últimos años, pero el precio de esas operaciones es que ahora se reduzcan los márgenes del gasto público.

Pero hay más. Según sus propias estimaciones, el Consistorio prevé romper el techo de gasto por tercera vez consecutiva. En esta ocasión, por más de 440 millones. Una política que no solo Hacienda contesta, sino que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef) -aún crítica con la regla de gasto- considera equivocada. En un informe publicado en julio, la Airef colocó a la capital entre las ciudades "en riesgo muy alto de incumplimiento de alguna regla fiscal" y advirtió de que este año el superávit municipal se puede reducir un 40%.

En los últimos meses, debido al reiterado incumplimiento de la Ley de Estabilidad, el Ayuntamiento redactó un plan de reajuste, llamado Plan Económico y Financiero (PEF), que nunca obtuvo el visto bueno de Hacienda (en cada plan se recogían incumplimientos del techo de gasto para los años venideros). La negativa del ministerio derivó en un pulso entre el concejal de Economía y el ministro Cristóbal Montoro, que obligó a la propia Carmena a tomar cartas en el asunto, asegurando al ministro que el Consistorio cumplirá la ley.

El 16 de octubre, el gobierno local convocará un pleno extraordinario para aprobar otro plan de reajuste. En ese documento, deberá corregir su rumbo para este año y el próximo.