La presión económica desata los nervios en el bloque soberanista

Del tenim pressa (tenemos prisa) con el que los partidos independentistas habían jaleado su causa en los últimos años se pasó ayer a una apuesta clara por la desaceleración. No un frenazo en seco —todos insisten en que quieren aplicar los resultados del referéndum ilegal del pasado domingo—, sino una bajada de revoluciones para reorganizar filas y encajar situaciones como la huida de empresas. A los dos grandes bancos catalanes se sumó ayer, entre otras, Gas Natural. La Generalitat intenta ahora tranquilizar a los empresarios mientras crecen las voces que descartan declarar la independencia “en días”.

Desde el lunes, en el seno del Ejecutivo catalán y del PDeCAT se vive un debate intenso sobre cómo y cuándo declarar la independencia, apoyándose en la ley del referéndum aprobada por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament (y suspendida por el Tribunal Constitucional). El consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, decidió romper el silencio de los miembros del Govern y ayer pidió, en una entrevista en RAC-1, “reflexionar y tener bien claro si las prisas pueden estropear el sueño”. Hay un riesgo, señaló: “Estropear un proyecto que nunca habíamos tenido tan cerca”.

“Más allá de las inevitables y lamentables turbulencias que genera este conflicto político, no hay ningún indicador que nos diga que alteraremos la seguridad jurídica en un entorno de confianza para que se puedan llevar a cabo las actividades económicas con garantías y seguridad”, insistió Vila, referente de los antiguos sectores moderados del PDeCAT.

Pero el consejero no es el único que intenta calmar los ánimos sobre las implicaciones de una declaración de independencia inmediata. “No es cómo se proclama la independencia, sino cómo se hace efectiva. Al final la declaración de independencia es un acto político, formal y simbólico”, explicó ayer el expresident Artur Mas en una entrevista al Financial Times.

La creación de las llamadas estructuras de Estado por parte del Parlament, un elemento clave para ejercer la soberanía, está muy lejos de ser una realidad. La Agencia de Protección Social, por ejemplo, está viva solo en el papel y recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). La Hacienda catalana, por su parte, tiene un gran sistema informático, pero no el personal para atender la recaudación de todos los impuestos.

Desde el PDeCAT, un partido que siempre ha enarbolado la bandera del business friendly, ayer miraban con un ojo al Palau de la Generalitat y con otro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tras el cambio de sede del Banco Sabadell y de Caixabank, la lista creció ayer con Gas Natural. Cataluña se queda con cuatro empresas en el Ibex35: Abertis, Colonial Grifols y Cellnex.

La preocupación es tanta que la Generalitat puso en marcha una comisión de seguimiento para atender las dudas de empresarios sobre la situación política y los posibles boicoteos a productos catalanes. La industria del cava aún lo recuerda. En los últimos diez años, el consumo de cava en España ha caído casi un 12%

Las agencias de riesgo también han enviado mensajes negativos. Fitch abrió la puerta a revisar a la baja la solvencia crediticia de la Generalitat por las últimas tensiones políticas con el Gobierno. Moody's apuntó a la dificultad que tendría una hipotética república catalana para acceder a la financiación exterior.

Figuras tan influyentes sobre el soberanismo como el economista Xavier Sala-i-Martin, con un programa en TV-3, quitaron hierro a la decisión de varias empresas de irse de Cataluña, en la misma línea que ya lo había hecho el vicepresidnete Oriol Junqueras. “El cambio de sede social del Banco Sabadell o Caixabank casi no tiene efectos económicos. Los puestos de trabajo en Cataluña serán los mismos, el IVA y el IRPF también. Lo único que cambia es el impuesto de sociedades, que es una parte muy pequeña”, explicó.

La llamada a la desaceleración en los planes soberanistas, especialmente la de Vila, no ha sentado bien entre los defensores de acelerar la declaración de independencia. Hace casi tres meses se produjo la crisis dentro del Ejecutivo catalán en la que salieron los consejeros que mostraron sus dudas sobre la ruta a seguir.

Con todo, el Govern sigue firme en su idea de aplicar “los resultados del referéndum”, la nueva fórmula con la que evitan mencionar la expresión declaración unilateral de independencia. Para dejar su compromiso patente, el Ejecutivo catalán ha lanzado dos mensajes desde el jueves. El primero, la petición de comparecencia en el Parlament para explicar la situación política, en un intento de buscar una alternativa a la suspensión del Constitucional del pleno del lunes, a instancias del PSC. La Mesa de la Cámara fijó la sesión para el martes por la tarde.

Puigdemont gana más de tiempo y con un fin de semana de por medio. A eso suma la publicación, ayer, de los resultados finales del referéndum, seis días después de la realización de la votación y del operativo policial que terminó en varias cargas y alteró la votación en 400 colegios. La comunicación de los resultados al Parlament activa la cuenta atrás de 48 horas que fija la ley del reférendum para hacer el pleno de declaración de independencia. Una vez más los partidos independentistas incumplen su propia norma.

Según el escrutinio, participaron el 43% de los llamados a las urnas, es decir, se depositaron 2.286.217 papeletas. El sí obtuvo el 90,18% de apoyos. El 7,83% de los participantes rechazaron la secesión (111.547 votos), mientras que el 4% de votos fueron blancos y 2%, nulos. En Barcelona, la participación fue cuatro puntos más baja y también se impuso el sí con 389.777 votos (87%).