El juez de Púnica cita como imputado al alcalde de Brunete

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ha citado como investigado (antes imputado) dentro del caso Púnica al actual alcalde de Brunete, Borja Gutierrez, del Partido Popular, así como a la concejal del mismo grupo Cristina Gil Guerra y al padre de ésta, José Gil Granizo, que ocupa el cargo de secretario general del partido en este municipio.Gutierrez comparecerá el próximo lunes, mientras que los otros lo harán un día después. Según recoge una providencia del magistrado a la que ha tenido acceso EL PAÍS, todos ellos deben responder "por su participación en los procesos de preparación del contrato de eficiencia energética" del consistorio. Se trata de un concurso de 8,9 millones de euros que supuestamente estaba siendo amañado para que se hiciera con él la empresa Cofely, varios de cuyos directivos fueron detenidos por su implicación en la trama.

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La imputación de Borja Gutiérrez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) entregase a finales de 2016 un informe sobre dichas irregularidades en el que se acusaba al alcalde de Brunete de los delitos de fraude y cohecho. A cambio del amaño, la compañía de eficiencia energética presuntamente financió "espectáculos musicales" para las fiestas del pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según los autores del informe policial deberían haber sido sufragados por el consistorio y el PP local, respectivamente. En dichas irregularidades también participaron presuntamente los dos otros miembros del partido citados ahora también para declarar como imputados.

En aquel informe, la UCO recalcaba que había "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos de Cofely actuaron en connivencia con responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". El contrato de eficiencia energética finalmente no se adjudicó porque la Guardia Civil realizó las primeras detenciones el 27 de octubre de 2014, y entre los arrestados estaban los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta". Brunete tenía convocado para dos días después la comisión en la que se iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos que iban a regir el concurso, pero "una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día", destacaba la UCO en su informe.

El nombre Brunete ya había salido de de manera reiterada en el sumario antes de aquel informe tanto en declaraciones, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. El constructor David Marjaliza, en la confesión en la que desgranó decenas de sobornos, mordidas y comisión ilegales entregadas a alcaldes y concejales para conseguir contratos precisamente para Cofely, aseguró que al entonces equipo de gobierno de consistorio, encabezado ya por Borja Gutiérrez, se le iba a pagar una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio sobre eficiencia energética.

Una acusación que se vio supuestamente refrendada por varias conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente a varios de los implicados de la trama y por el contenido de diversas agendas y notas manuscritas intervenidas a éstos. Así, el 16 de octubre de 2014, sólo unos días antes de las primeras detenciones, la Guardia Civil interceptó una llamada de uno de los directivos de Cofely imputados en la causa, Pedro García, en el que éste aseguraba a un desconocido que ya tenía cerrado "el tema de Brunete" y que había estado reunido con "Borja", con el que había hablado de un supuesto "problema de tiempo" y que "van a ir avanzando". Los informes de la Guardia Civil destacan que este directivo de Cofely era "el principal articulador e interlocutor del pago de cohechos del que supuestamente se sirve la empresa para lograr contratos públicos millonarios de diversas administraciones".

En el sumario aparecen otros indicios en las misma dirección. Entre ellos, una agenda con anotaciones referidas al supuesto pago de 'mordidas' a cargos públicos y políticos que se intervino a Ana María Ramírez, la secretaria y persona de la máxima confianza del constructor. En la página 221 de la misma, junto a un tabla con media docena de iniciales que los investigadores han identificado con varios de los ayuntamientos ya investigados (Parla, Serranillos del Valle, Moraleja del Enmedio, Collado Villalba y Móstoles), aparecían otras anotaciones con nombres completos de localidades. Entre éstos se encuentra, precisamente, "Brunete", en su caso vinculado a la cifra de 12.000 euros.