El Govern desafía a Montoro por el control de las cuentas y da un aviso a los bancos
El Tribunal Supremo admite el recurso del Govern, que no solicitó como medida cautelarísima la suspensión del control financiero
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat por la financiación del referéndum se juega ahora en un tablero inédito. Ambas Administraciones tocan la puerta de la banca para que se decante por sus respectivas posiciones frente al dispositivo de intervención financiera diseñado por Hacienda para Cataluña. El Govern logró que el Supremo acepte su recurso, pero se olvidó de pedir como medida cautelarísima la suspensión de las medidas impuestas por el Gobierno, lo que hubiera obligado a los jueces a pronunciarse en 48 horas.
“No se puede exigir a un tercero que deje de cumplir con sus obligaciones para favorecer objetivos políticos”, criticó ayer el vicepresidente catalán Oriol Junqueras tras la reunión semanal del Govern. El ministerio de Hacienda se reunió el pasado lunes con representantes de los bancos para explicarles su rol dentro de los controles que tendrán que exigir a la Generalitat.
El vicepresidente explicó que contactará con los bancos “por vía administrativa y notarial” para recordarles las obligaciones que han contratado, buscando así mantener la normalidad en los pagos. BBVA y CaixaBank son las entidades que ganaron el concurso público para gestionar la tesorería catalana. Hacienda pretende asumir directamente los pagos de servicios esenciales como educación, sanidad, servicios sociales y las nóminas.
La banca ve un "limbo jurídico"
El sector financiero espera, con tensión e indisimulado malestar por la situación creada, el formulario del Ministerio de Hacienda que justifique legalmente el bloqueo de las cuentas de la Generalitat que destine al referéndum independentista. El escrito, que llegó ayer martes a última hora, será mirado con lupa por los servicios jurídicos. ”El texto es clave para reforzar legalmente nuestra actuación; sin este documento podríamos estar en un limbo jurídico”, explica un directivo que pide el anonimato. No obstante, los bancos no dudan es cumplir las normas del ministro Montoro, aunque eso les granjeará enemistades y quizá pérdida de negocio en el futuro.
Pero hay un problema mayor que este documento. El siguiente paso que piden los bancos es un listado completo de las empresas que el Gobierno considera sospechosas de colaborar con el referéndum. Sin esta base documental, las entidades creen que será más difícil y menos efectivo el control de la Generalitat.
“Se está trabajando contrareloj porque es un proceso muy complejo en el que puede tener que participar hasta la Intervención General del Estado”. Las entidades, según cuentan fuentes del sector, tendrán que poner alarmas en las empresas o instituciones bajo sospecha y cuando realicen pagos, controlar, “de forma manual, la naturaleza del movimiento. Este sistema exige recursos humanos, que serán más o menos dependiendo de los implantado que esté el banco en Cataluña y la imbricación que tenga con la Administración Local, regional o Generalitat”.
Las fuentes consultadas insisten en la gran dificultad que conlleva realizar un control exhaustivo de las Administraciones Públicas. “Pueden realizar pagos para el referéndum a través de una institución musical o del cuidado de la naturaleza. ¿Y eso cómo se vigila? Será necesario conocer el verdadero objeto social de la empresa que lo recibe, pero también pueden ser particulares que harán lo que quieran con el dinero. Será complicado”.
“El Gobierno no puede retener lo que no es suyo. Es dinero nuestro, en nuestras cuentas bancarias”, defendió Junqueras. La Generalitat cree que la orden de Hacienda supera el ámbito de lo ministerial y ve necesaria una orden judicial para intervenir las cuentas del Govern. Esta sería una de las cuestiones de fondo en la que tendrá que entrar el Tribunal Supremo después de que la Generalitat presentara un recurso para intentar frenar a Hacienda y que fue admitido a trámite. El despacho de Junqueras se negó a hacer público el texto del recurso pese al compromiso de hacerlo.
El alto tribunal da diez días para escuchar a la Abogacía del Estado y decidir la suspensión. La Generalitat insiste en que la medida no tiene ningún tipo de relación con la preservación del principio de estabilidad presupuestaria, como justifica Hacienda. Junqueras recordó que paga a sus proveedores a menos de 30 días y que el 85% de la reducción del déficit de España viene de Cataluña.
Fuentes de la banca expresaron a los representantes del ministerio su descontento por ser puestos en primera línea del conflicto. Además, se quejaron de la avalancha burocrática que implicará hacer todas las certificaciones que solicita Hacienda para demostrar que no se usan los recursos para financiar el referéndum que ha suspendido el Tribunal Constitucional. A pesar de ello, dijeron las mismas fuentes, se cerraron filas y acataron la decisión del Ejecutivo central.
Junqueras no aclaró si el presiente Carles Puigdemont presentará el acuerdo de no disponibilidad, con el que congela la ejecución de todo el gasto que no sea prioritario en lo que queda del ejercicio o las otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. El vicepresidente incluso llegó a alegar que la admisión a trámite por parte del Supremo implicaba la suspensión de la medida, escudándose en que había “jurisprudencia del propio Supremo” que lo respaldaba. El alto tribunal no le dio la razón.
Tampoco está claro si el Departamento de Economía enviará a Hacienda la lista de los funcionarios antes del día 26 para que se paguen sus nóminas. Junqueras insistió en que los trabajadores públicos cobrarán “seguro y con total normalidad”. Incluso, ante la pregunta del hipotético caso del choque de tesorerías y que se hicieran dos pagos, Junqueras ironizó: “Pues qué suerte tendrán. Supongo que el Ministerio de Hacienda querrá recuperar” su pago.
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