La Guardia Civil se incauta de notificaciones para las mesas y tarjetas censales para el 1-O

La Guardia Civil está registrando este martes las sedes que la empresa de mensajería Unipost tiene en L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa (Barcelona), donde está buscando las notificaciones enviadas por la Generalitat a los ciudadanos para formar parte de las mesas del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre, según han confirmado fuentes del instituto armado. Esta empresa es la misma que envió las notificaciones y se encargó del buzoneo de propaganda para la consulta anulada del 9-N de 2014. La Guardia Civil se ha incautado de tarjetas censales y de citaciones en un número que no ha sido precisado, según fuentes de la investigación.

Los guardias han llegado a la sede de la empresa en L'Hospitalet sobre las cinco de la mañana para inspeccionar inicialmente las furgonetas de reparto de Unipost en busca de documentación relacionada con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. En Terrassa se ha incautado de centenares de sobres embalados y almacenados en cajas. Frente a la sede de la empresa en esta ciudad se han concentrado decenas de independentistas con banderas esteladas. 

En la concentración, que ha transcurrido sin incidentes, se han sumado regidores del PDeCAT y de ERC. El teniente de alcalde de promoción económica de Terrassa, Miquel Sàmper (PDeCAT), que es abogado de profesión, ha denunciado que el cacheo se está haciendo "sin los dos requisitos básicos en este tipo de actuaciones: la orden judicial y la presencia del secretario judicial que certifique que la acción se hace con todas las garantías y se respeta la ley". Entre los concentrados también había una decena de abogados que se han acercado a Unipost para ofrecerles asesoramiento. Jaume Sales, vicedecano del Colegio de Abogados de Terrassa ha explicado que ha entrado a la empresa y ha hablado con su responsable, que le ha asegurado que los agentes no llevaban la orden. "Le han puesto la placa a la cara y han accedido", ha asegurado Sales. La empresa ha declinado la ayuda porque ya disponen de servicios jurídicos propios, informa Ivanna Vallespín.

La Generalitat ha vuelto a contar con Unipost para el reparto de convocatorias a las mesas y el resto del material necesario para el referéndum. Por ello, los agentes han ido a la central catalana de la firma de mensajería para interceptar dichos impresos. Fuentes del instituto armado han confirmado que se han incautado de tarjetas de comunicación de inscripción en el censo y de las notificaciones para presidentes o vocales de las mesas electorales.

Las mismas fuentes han explicado que el Govern se ha amparado en un contrato genérico de envíos previamente firmado en el que se ha introducido el remite masivo de las tarjetas censales, las notificaciones y otro material referido al 1-O. Es decir, no se ha suscrito uno específico para este cometido. El plazo para comunicar estas circunstancias concluyó el viernes pasado, según los planes de la Generalitat.

La Guardia Civil se ha incautado en los últimos días de cerca de millón y medio de carteles, dípticos y folletos de propaganda relacionados con el 1 de octubre en varios registros, el último de ellos ayer mismo en una nave de un polígono industrial de Sabadell (Barcelona).

La búsqueda de la empresa encargada del reparto de la publicidad y las comunicaciones institucionales del 1-O se produce después de que la dirección de Correos emitiese la semana pasada una circular dirigida a los directores de sus oficinas en Cataluña en la que recuerda que el referéndum del 1 de octubre está suspendido por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, pide a sus empleados “abstenerse de realizar la admisión de envíos, o llevar a cabo cualquier acto, que pudiera estar relacionado con dicha consulta”. Prestar cualquier servicio postal, advierte el texto de la empresa pública, implica “colaborar administrativamente” con el referéndum y piden que se notifique a todos los empleados ese escrito.

Esta iniciativa de Correos puso en un compromiso  la constitución de las mesas electorales. El Govern ya ha realizado el sorteo para elegir a los 55.000 ciudadanos que se requieren, entre titulares y suplentes, para configurar los 6.300 puntos de votación que prevé instalar el día de la consulta que ha convocado Carles Puigdemont y que sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El plazo para que las personas designadas, escogidas del censo electoral confeccionado por la Generalitat, reciban en su domicilio la comunicación de que habían sido elegidas para ejercer de presidente de mesa, vocal o suplente, finalizó el viernes pasado.