Objetivo: que el 1-O sea solo una sombra del 9-N

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La convocatoria oficial del referéndum del 1 de octubre ha acelerado la respuesta del Gobierno y de las instituciones del Estado —especialmente, de la fiscalía— para impedir que se haga realidad. El Gobierno quiere evitar a toda costa el escenario vivido en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, cuando 2,3 millones de ciudadanos votaron en una “jornada de participación” que fue tolerada y que permitió al expresidente de la Generalitat Artur Mas publicitar ante el mundo los resultados de la consulta, pese a que no tenía carácter vinculante.

La estrategia pasa, esta vez, por dificultar la ejecución material del referéndum antes de que se produzca. Y por hacerlo hasta el punto de que el Gobierno catalán no pueda exhibir, al final de la jornada, resultados mínimamente válidos y aceptables. Sin esas garantías, explican fuentes judiciales, la Generalitat no podrá dar un paso adelante para proclamar la independencia o reclamarla ante la comunidad internacional.

El Estado asume que habrá movilización, pero quiere evitar actuar en caliente

Que habrá movilización ciudadana el 1 de octubre está asumido. Cientos de miles saldrán a la calle para depositar su voto en las urnas que —se supone— la Generalitat guarda con celo y que, por ahora, no han podido ser localizadas. El Gobierno pretende “minimizar las actuaciones en caliente, que son más delicadas e implican riesgos de orden público”. Las fuentes consultadas ponen como ejemplo lo ocurrido el pasado jueves, cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, participó en un acto en el Tarraco Arena —la antigua plaza de toros de Tarragona— para dar comienzo a la “campaña electoral”. Pese a las instrucciones de la fiscalía, la policía no impidió el acto. Se actuó en frío, con una investigación posterior de la Fiscalía de Tarragona.

El escenario ideal para el Gobierno es que se aborte el referéndum antes del día de autos. Cuando llegue esa jornada, el trabajo policial y judicial ha de estar hecho. La Generalitat no debe disponer entonces de medios suficientes para organizar una consulta “con cara y ojos”, sintetiza un fiscal. El 1-O no será, según ese objetivo, más que una sombra de lo que supuso el 9-N. “Si resulta un desastre desde el punto de vista organizativo y logístico, el referéndum, por mucho que pongan urnas en la calle, queda desacreditado ante la opinión pública”.

El 9 de noviembre de 2014 el Gobierno de Mas dispuso de amplios medios para organizar una “jornada de participación” que nadie impidió. Costó, según estima el Tribunal de Cuentas, más de cinco millones. Hubo urnas, colegios electorales e incluso ordenadores con programas específicos para el tratamiento de datos. Con esos mimbres, la vicepresidenta Joana Ortega pudo anunciar públicamente, por la noche, los datos: 2.305.290 catalanes fueron a votar; más del 80% lo hicieron a favor del sí a la independencia.

La estrategia es que no se puedan ofrecer resultados al final de la jornada

El escenario es muy distinto porque, esta vez, el Gobierno catalán pretende que los resultados tengan consecuencias jurídicas (y no solo políticas). De ahí los esfuerzos del Gobierno y de la fiscalía por frenarlo. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado querellas contra Puigdemont y sus consejeros e investigaciones a los alcaldes que apoyan la consulta. Además, ordenó a todas las policías —Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y, más tarde, policías locales— que actuaran para impedir la votación. La instrucción subraya que los agentes deben requisar “urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos, propaganda o elementos informáticos”.

Hasta ahora, la Guardia Civil es la que ha actuado con mayor éxito en ese terreno. Se ha incautado de 1,5 millones de carteles, folletos y trípticos de propaganda electoral para fomentar la participación y el voto afirmativo. También la Guardia Urbana de Barcelona ha requisado material y ha identificado a ciudadanos que repartían propaganda en la calle.

A las actuaciones de la fiscalía se suma la investigación abierta, hace meses, por un juez de Barcelona que el 13 de septiembre ordenó el cierre de la web oficial del referéndum. La causa está bajo secreto. Aunque hay aspectos por resolver, el Gobierno cree que la consulta camina hacia el fracaso. “La gente no sabe dónde tendrá que ir a votar. Y si se publicara una lista, la policía podría acordonar el lugar”. Las urnas son un elemento clave, también, por su simbolismo. En una entrevista concedida a finales de agosto al Financial Times, Puigdemont afirmó que el Govern disponía ya de “más de 6.000 urnas”. En el marco del despliegue especial de efectivos en Cataluña, la policía ha enviado a 140 agentes a buscarlas.