Hacienda reclama a la Generalitat los datos de los funcionarios para pagar las nóminas

Hacienda ha reclamado a la Generalitat de Cataluña información sobre sus 170.000 funcionarios para poder asumir el pago de las próximas nóminas, según el plan del Gobierno central para controlar las cuentas catalanas y evitar que el referendum ilegal del 1-0 se financie con dinero público. Si el Govern se niega a responder, los empleados públicos catalanes podrían sufrir retrasos en cobrar la nómina. La respuesta del Ejecutivo catalán debe ser rápida porque los funcionarios cobran el 27 o 28 de cada mes y solo quedan 10 días. Además, los bancos tienen que recibir las órdenes de transferencia con un par de días de antelación.

Fuentes del ministerio explican que no pueden abonar los salarios de los funcionarios si antes la Generalitat no aporta la información laboral de estos para lanzar las órdenes de pago con las que se autorizan las transferencias a los bancos. El ministerio podría ordenar a las entidades financieras que repitan las transferencias del mes anterior, pero existen cambios de un mes para otro: hay que tener en cuenta que las comunidades contratan a médicos, enfermeros, celadores y profesores por días o semanas. La sanidad y la educación pública son dos sectores con una alta temporalidad. Así que Hacienda necesita el reporte de la Generalitat para librar las transferencias.

Además, está previsto que el departamento que dirige Montoro ponga este martes en marcha el proceso para intervenir las finanzas de la Generalitat tras la negativa del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a rendir cuentas a Hacienda. La iniciativa permitirá al ministerio asumir directamente los pagos de los servicios básicos (sanidad, educación y prestaciones sociales) y los sueldos de los funcionarios catalanes. Los abonará a costa de las inyecciones mensuales del sistema de financiación autonómica. Cataluña recibe unos 1.400 millones al mes por la financiación autonómica.

Control de tarjetas de crédito

También ha decretado el cierre presupuestario de los gastos de la Generalitat para estrechar aún más el cerco financiero. De esta forma, la Generalitat no podrá gastar ni un solo euro sin el visto bueno de Hacienda. Ni siquiera de los recursos que obtenga con sus impuestos propios. El ministerio controlará incluso las tarjetas de crédito de los altos cargos catalanes. Todos los movimientos financieros de la Generalitat serán supervisados por Hacienda por una vía u otra. El Gobierno central quiere evitar que los responsables catalanes incurran en algún gasto relativo al 1-O aunque tenga el pago aplazado, como las tarjetas de crédito que se liquidan a un mes vista. El ministerio podrá controlar así que los altos cargos o miembros del Ejecutivo catalán no paguen con las tarjetas de crédito oficiales actos para la organización de la consulta ilegal.

No obstante, controlar todos los movimientos financieros es un desafío ímprobo. Para ello, Hacienda ha establecido un procedimiento de control para que la Generalitat pueda pagar a través de transferencias bancarias. Para ello, cada orden de pago debe ir acompañada con un certificado del interventor en el que garantice que no está vinculado con la consulta ilegal. "En el caso de que no se aplique este procedimiento de fiscalización, será preciso que se acompañe, junto a la orden de pago, una declaración responsable firmada por los titulares de las entidades y órganos competentes de la comunidad autónoma" en la que se garantice que el pago no financiará el procés, según figura en la orden de Hacienda publicada el pasado sábado en el BOE. La medida de Hacienda viene a convertir a los responsables de las oficinas bancarias en interventores del Estado.

Cumbre con la banca

Para aclarar este asunto, autoridades de Hacienda se reunieron ayer con representantes de los bancos para explicarles su papel en el proceso de intervención de Cataluña. El Gobierno prevé que sean los empleados de la banca los que garanticen que no se hagan transferencias de la Generalitat para sufragar la consulta. La reunión entre representantes de Hacienda, la Asociación Española de Banca (AEB) y de la CECA (que agrupa a los bancos de las antiguas cajas) fue de carácter técnico. En la cita han participado cargos técnicos y no ha contado con la presencia de los principales ejecutivos de las entidades. La banca respaldó sin fisuras el plan gubernamental, según las fuentes consultadas. Pero durante la cita se pusieron de manifiesto la dificultad para la banca de controlar todos y cada uno de los movimientos de la Generalitat. Y la complejidad de certificar que ninguno va a financiar el referendum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En la orden publicada en el BOE, se les advierte de las posibles responsabilidades penales. "En el caso en el que no se aplicara un procedimiento de fiscalización previa, será preciso que, junto con la orden de pago, se acompañe una declaración responsable firmada por los titulares de las entidades y órganos competentes de la comunidad autónoma".

Hacienda explica que tanto los cargos públicos como los responsables de las entidades de crédito que no impidan gastos relacionados con el 1-0 "dará lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal".