El Govern envía cartas a 55.000 ciudadanos para que formen las mesas electorales
Presidentes y vocales han sido elegidos por sorteo entre los menores de 70 años
La Generalitat estima que, para hacer posible el referéndum de independencia del 1 de octubre que ha suspendido el Tribunal Constitucional, se requieren cerca de 55.000 personas, entre titulares y suplentes, con el fin de configurar las 6.300 mesas electorales previstas. Esas personas son elegidas por sorteo tomando como base los menores de 70 años de cada sección censal, a partir del listado elaborado por la Administración catalana.
En paralelo al sorteo, iniciado el día 8 y que acabó ayer, los que han resultado elegidos han empezado a recibir ya la notificación del lugar donde deberán presentarse el día de la consulta. El plazo establecido para enviar las cartas acaba mañana viernes, aunque si se demora no será causa que invalide el nombramiento, aseguraba la web de la Generalitat clausurada ayer.
Cada mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales, como en unas elecciones ordinarias. Se trata de cargos obligatorios, según la normativa de la Generalitat que está suspendida, y pueden presentar alegaciones para excusarse hasta el día 18, que deberían resolverse antes del día 20 por las llamadas sindicaturas electorales de demarcación, lo que serían las juntas electorales provinciales. Además de eso, se designarán dos suplentes en cada una de las mesas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló ayer directamente a los ciudadanos para que no ayuden en la organización de la consulta formando parte de las mesas electorales. "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal. El referéndum es manifiestamente ilegal", recordó.
Mientras tanto, en paralelo a la notificación a esos ciudadanos elegidos, la sindicatura electoral de Cataluña, a la que el Tribunal Constitucional instó ayer a que cese su actividad, les está enviando un manual de instrucciones de 16 páginas en el que se les recuerda cómo deben actuar el día de la consulta. El manual explica que “ser miembro de una mesa electoral es un deber cívico ineludible” y que “sin la participación y el esfuerzo” de esas personas “no sería posible llevar a cabo el referéndum”.
Los ciudadanos que actúen como miembros de las mesas tienen derecho a un permiso retribuido durante el día del referéndum, si es laborable para ellos. En el caso de que se trate de autónomos o de funcionarios, se les reconoce una reducción de cinco horas en la jornada laboral del 2 de octubre.
La ley catalana suspendida también prevé la actuación de interventores y apoderados designados por los partidos políticos, como en unas elecciones ordinarias. La gran diferencia es que no habrá pluralidad ideológica y todos los designados serán favorables al sí a la independencia, pues al margen del PDeCAt, Esquerra Republicana y la CUP, ningún partido con representación parlamentaria reconoce este referéndum y ha llamado a votar el 1 de octubre.
La novedad de la legislación catalana con respecto a cualquier elección es la creación del “personal colaborador de la administración electoral”. Se trata de unos voluntarios que se pueden inscribir en una bolsa gestionada por la Generalitat y que tendrán la función de “colaborar en los trabajos relacionados con la ejecución del referéndum”. Hace cuatro días ya había más de 30.000 inscritos, según la Generalitat, que serán seleccionados por el Gobierno catalán teniendo en cuenta su “experiencia previa en trabajos similares en otros procesos electorales, así como su vinculación laboral o funcionarial con cualquier Administración pública”.
Esos colaboradores podrán realizar cuatro tipos de trabajos. Los representantes de la Administración serán el enlace entre las mesas electorales y la Generalitat. Los coordinadores electorales municipales y comarcales serán los coordinadores en esos ámbitos territoriales y los agentes electorales prestarán apoyo administrativo y logístico.
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