Expertos juristas ven excesivo suspender el acto en Madrid a favor del referéndum

La decisión del juez de lo Contencioso Administrativo de Madrid José Yusti Bastarreche de impedir que una instalación municipal de la capital acoja el domingo un acto ciudadano en favor del referéndum de independencia de Cataluña, prohibido por el Tribunal Constitucional, ha generado una amplia polémica. Expertos juristas consultados por EL PAÍS consideran, tras leer la resolución del magistrado, que es excesiva y se encuentra insuficientemente justificada. La resolución del juez de Madrid, que da la razón a un recurso urgente presentado por el Partido Popular, es firme, pero el Ayuntamiento de la capital (en manos de Ahora Madrid) puede presentar alegaciones en el plazo de tres días.

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El auto en el que Yusti responda a dichas alegaciones sí podrá ser objeto de recurso ante la Audiencia Provincial, que previsiblemente tendrá la última palabra en este polémico asunto. Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, aprecia que el auto del magistrado —que rechaza el uso de una de las naves del Matadero, espacio de titularidad municipal para el acto de la plataforma “Madrid por el Derecho a Decidir”— puede colisionar con los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión.

“La resolución no resulta convincente, en apariencia no se trata de un acto propio de la campaña del referéndum [oficialmente suspendida por el Constitucional] sino de defensa de un hipotético derecho a decidir. Ahí debe operar el principio favor libertatis, ante la duda, tolera”, señala este jurista de la Universidad de Barcelona.

Otro catedrático de Constitucional, Eduardo Vírgala, de la Universidad del País Vasco, también considera, tras examinar el citado auto, que “no existe ningún motivo para prohibir” que se realice la convocatoria en el Matadero. Vírgala también distingue entre la finalidad de la reunión de “Madrid por el Derecho a Decidir” —defender la necesidad de una autodeterminación para resolver el encaje de Cataluña en España— y una desobediencia directa a las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el 1 de octubre. “Salvo que hubiera una incitación directa al delito, como llamar expresamente a los funcionarios a desobedecer, lo que no parece que sea este acto, no veo problema a que se desarrolle en dependencias municipales”, sostiene Vírgala.

El catedrático vasco discrepa del auto en que el Ayuntamiento no asume las tesis de la entidad organizadora al ceder el local municipal. “El Ayuntamiento debe adoptar una posición de neutralidad y poner sus instalaciones a disposición de cualquier grupo, y no impedir la reunión por el hecho de que se defiendan objetivos que en la actualidad no estén contemplados en la ley o sean ilegales”, como la independencia de una parte de España.

El jurista compara este encuentro, vetado por Yusti en un equipamiento de propiedad municipal, con una reunión a favor de legalizar las drogas o de ilegalizar todos los supuestos del aborto. El magistrado José Yusti, antiguo secretario judicial, ingresó en la carrera judicial en julio de 1992 a través del llamado cuarto turno, para juristas de reconocida competencia con al menos 10 años de ejercicio profesional. Durante seis años fue juez de menores en Pontevedra y luego ocupó su plaza en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid.

Pese a que se ha mantenido fuera del foco público, al que ha saltado a causa de su auto del martes, Yusti se ha posicionado públicamente contra las políticas nacionalistas en Cataluña. El magistrado aparece como uno de los 18.000 firmantes del manifiesto de la asociación antisecesionista Libres e Iguales, a cuya disposición se puso por si podía ser “útil”.

Además, en un correo interno de la carrera judicial de enero de 2016, publicado ayer por eldiario.es, cargaba contra la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, y su equipo: “¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España! Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable”, escribió. Fuentes jurídicas opinan que estas manifestaciones, en especial la segunda, podrían convertirse en una causa de recusación contra él en un futuro.