Los convocantes del acto anulado por el juez lo trasladan a un local privado
El grupo presenta un manifiesto titulado 'Por qué apoyar en Madrid un referéndum de autodeterminación'
Madrileños por el Derecho a Decidir, el colectivo que tenía previsto celebrar un acto a favor del referéndum separatista catalán en una sala municipal, mantendrá su convocatoria para el próximo domingo, pero lo hará en un lugar privado. Así lo afirmaron los portavoces de la plataforma, quienes criticaron el auto judicial en contra de la cesión del espacio municipal. La alcaldesa, Manuela Carmena, cuestionó también el auto y defendió que el grupo no quería promover la consulta catalana. Sin embargo, el colectivo presentó este miércoles un manifiesto titulado Por qué apoyar en Madrid un referéndum de autodeterminación.
Los portavoces de la plataforma calificaron este miércoles de "aberrante" la suspensión del evento programado en la Sala de Terneras de Matadero por el juez José Yusty. Elena Martínez, portavoz de Madrileños por el Derecho a Decidir, sostuvo que "el régimen del 78" vive una deriva autoritaria: "No le gusta que se pongan urnas. Esto no va de independencia o no, esto va de democracia o no", afirmó, y habló de "mafia monárquica y demofóbica" en relación a la decisión del Constitucional de prohibir la consulta catalana.
"El juez se excede en su prerrogativa", incidió Pedro Casas, otro portavoz de la plataforma, además de activista en el distrito de Carabanchel. Casas afirmó que el objetivo de la plataforma es "apoyar que se celebre un referéndum en Cataluña". "Tenemos el deber, en esta batalla entre neofranquismo y democracia, de hacer democracia. Vamos a hacer apología de la democracia (...), porque tenemos una democracia con mordaza, sin urnas, sin legitimidad", añadió Martínez, acompañada en la rueda de prensa por el politólogo Jaime Pastor y el catedrático emérito de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid Javier Sádaba.
Este miércoles, el colectivo difundió su manifiesto, titulado Por qué apoyar en Madrid un referéndum de autodeterminación. El documento ha logrado ya las firmas de más de 70 personas, entre ellas catedráticos, artistas, periodistas y políticos, como tres ediles del equipo de Carmena (el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán y Pablo Carmona) y dos diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid (Isabel Serra y Raúl Camargo).
El manifiesto hace hincapié en que "el Gobierno español tiene la obligación de respetar este legítimo derecho [de autodeterminación de Cataluña] y favorecer que la consulta se realice con plenas garantías democráticas, sin oponer obstáculos y respetando escrupulosamente la decisión que de ella se derive". También pide que se consulte a los ciudadanos sobre los "cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78 surgido de una transición tutelada".
La alcaldesa de Madrid también comentó en un acto público el auto del juez. En su dictamen, el juez obligó el Consistorio a suspender la cesión de la sala municipal al colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir al considerar que, tras la suspensión del Tribunal Constitucional de la ley del referéndum catalán, "los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que este dispone".
El equipo de gobierno, sin embargo, cree que el dictamen no respeta el derecho de libertad de expresión. "La gran equivocación es que no hay ningún acto declarado ilegal", dijo la regidora, quien repitió: "El referéndum no es ilegal. Lo único que se dice en la sentencia del Tribunal Constitucional es que se suspende la ley del referéndum en Cataluña".
Por otro lado, la alcaldesa sostuvo que el colectivo no pidió la sala para promover el referéndum, sino para debatir sobre el derecho a decidir. "Lo único que pedían [los promotores del evento] era hablar del derecho a decidir, de carácter general y en absoluto referido al referéndum", aseguró.
Libertad de expresión
El Consistorio, que presentará alegaciones al auto, lamentó no haber podido explicar al juez sus razones. El recurso presentado por PP por vía cautelarísima excluía ese procedimiento. La portavoz del gobierno local, Rita Maestre, afirmó este miércoles en una entrevista televisiva que "la tarea de una institución democrática es garantizar que todas las opiniones se puedan expresar". "Es evidente que en Cataluña existe un conflicto", mantuvo la edil, quien por otra parte volvió a dirigir una crítica a "las partes" involucradas. El pasado jueves, Maestre afirmó: "Ninguna de las dos partes más beligerantes, PP y nacionalistas, han buscado vías de encuentro".
El PP, por su parte, niega que el auto del juez afecte a la libertad de expresión. La prohibición a ceder la sala se ejecutó para evitar que el colectivo hiciese "apología de un acto ilegal" desde dependencias municipales. Así lo defendió el portavoz de los populares, José Luis Martínez-Almeida. En opinión del edil, el acto contribuía a la promoción del referéndum y, por tanto, "contradice el mandato del Tribunal Constitucional".
Este miércoles, la polémica alcanzó el pleno de Arganzuela. En la sesión se debatió la reprobación de Rommy Arce (Ahora Madrid), la concejal de distrito que dio la autorización para el uso de la sala de Matadero. La reprobación, propuesta por el PP, se referiría en concreto a que la edil ignora las decisiones del órgano representativo del distrito. Arce se defendió afirmando que el PP está en crisis y pretende llevar a cabo "una campaña de desprestigio". La edil sorteó la reprobación gracias a que el PSOE evitó sumarse a la petición de PP apoyada por Ciudadanos, informa Julio Núñez.
Carmena apela a los derechos fundamentales
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, expresó este miércoles su discrepancia con la decisión del juez José Yusty de suspender la cesión de una sala municipal al colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir. Aunque a firmó que "por supuesto acepta y acata" el dictamen, reivindicó "derechos fundamentales" como los de libertad de expresión y de reunión.
Carmena cree que la decisión del juez "no sería unánime entre los juristas". En su auto, José Yusty indica que la cesión del local implica "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (...) y se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española".
Según la alcaldesa, sin embargo, el evento que estaba previsto en la Sala de Terneras de Matadero no planteaba promover el referéndum catalán, sino debatir sobre el derecho a decidir. "Probablemente por el hecho de no haber oído al Ayuntamiento [el juez] no ha tenido conocimiento del contenido del acto y ha dictado una resolución que no contempla ese extremo tan importante".
El Consistorio alegará contra la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid. "Expondremos nuestras razones. Discrepamos del contenido de esa decisión y entendemos que no está apoyada en toda la doctrina del Tribunal Constitucional", afirmó la regidora y exjuez. La alcaldesa reivindicó la necesidad de "reforzar las libertades" en estos "momentos complejos" para la democracia. Y abogó por hacer "todo lo posible" para que los derechos se ejerzan, entre ellos los de la libertad de expresión y de reunión.
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