El juez suspende el acto a favor del referéndum autorizado por Carmena

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La promoción desde locales públicos de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional es improcedente. Así lo dictaminó el juez que vio el recurso presentado por el PP contra la cesión de una sala del Ayuntamiento de Madrid a un colectivo que pretende apoyar la consulta separatista en Cataluña. La alcaldesa, Manuela Carmena, deberá aplicar la suspensión cautelar de la cesión de ese local, aunque la portavoz municipal, Rita Maestre, anunció que presentará alegaciones a la decisión del juez, adelantada por EL PAÍS. El PP comentó: "La justicia ha puesto en su sitio a Carmena".

En su auto, el juez señala algunos de los pilares de la Constitución: unidad de España, servicio al interés general y defensa de la soberanía del pueblo. El Juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo argumenta, además, que la ley que regula el referéndum ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y concluye que la cesión del local de titularidad municipal a un colectivo que apoya el referéndum separatista "implica favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida" y que se dirige "claramente contra lo dispuesto en la Constitución española", concretamente en los artículos 1 y 2.

El juez, José Yusty Bastarrache,destaca la titularidad pública del lugar donde se pretendía celebrar el acto a favor del referéndum: "Se trata de un referéndum ilegal y, en consecuencia, los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que este dispone". Y añade que esa cesión perjudica los intereses generales de la ciudadanía, "entre los cuales —sostiene— no puede incluirse, en modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal (...) que atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España, proclamada en la Constitución, así como contra la soberanía del pueblo".

El acto público de apoyo al referéndum iba a celebrarse el próximo domingo, bajo el título: En Madrid por el derecho a decidir. Pedro Casas, candidato no electo de la lista electoral de Ahora Madrid (iba en el número 41), con la que Carmena ganó a la alcaldía, fue el promotor de la iniciativa. Su petición, registrada como representante de la asociación La Comuna, obtuvo el visto bueno de Rommy Arce, concejal presidente de Aravaca y responsable del local en cuestión: la llamada Sala de Terneras de Matadero.

Arce autorizó el acto al considerar que la consulta independentista goza de "aceptación popular generalizada" y que la promoción de la causa separatista "contribuye al desarrollo social, sin que menoscabe el interés general".

El PP criticó de inmediato la decisión. Interpuso un recurso al considerar que esa cesión carecía de legitimidad política, jurídica y constitucional. El portavoz del grupo, José Luis Martínez-Almeida, reprochó a la alcaldesa que permitiera apoyar un acto a favor de violar la Constitución desde una sala municipal, y además de manera gratuita.

También la acusó de hacer oídos sordos a la presión que sufren los alcaldes catalanes que no ceden al independentismo. "Es ella quien tiene que parar ese acto; o que llame a los alcaldes de Cataluña y les pregunte sobre las presiones que están sufriendo por no ceder locales municipales para la consulta ilegal". Martínez-Almeida recordó, finalmente, que el gobierno de Ahora Madrid permitió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lanzar desde el propio auditorio municipal la convocatoria del referéndum ilegal.

Este martes, el gobierno municipal anunció que acata la decisión judicial, aunque lamentó "no haber tenido la oportunidad" de ser escuchado por el juez. La portavoz, Rita Maestre, agregó que el Consistorio presentará alegaciones —tiene tres días para hacerlo— y enmarcó su crítica en la libertad de expresión. Toda la cúpula de Podemos, partido que lidera la coalición Ahora Madrid, atacó el auto. El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato (IU), afirmó en las redes sociales que le "avergüenza vivir en un estado de excepción".

La alcaldesa, que reiteradamente ha manifestado su apuesta por el diálogo ante el órdago independentista, dijo por la mañana que su gobierno siempre se posiciona en contra "de cualquier tipo de ilegalidad". "La justicia ha puesto en su sitio a Carmena con un auto demoledor que la obliga a rectificar", le contestó, tras conocer la decisión del juez, Martínez-Almeida.